Ninguna de las causales levantadas por los defensores de Fuerza Popular amerita, según nuestro ordenamiento legal, la anulación de un acta electoral. Mucho menos anulación de una elección. (Jorge Cerdán/ GEC)
Ninguna de las causales levantadas por los defensores de Fuerza Popular amerita, según nuestro ordenamiento legal, la anulación de un acta electoral. Mucho menos anulación de una elección. (Jorge Cerdán/ GEC)
Fernando Tuesta Soldevilla

Profesor de Ciencia Política de la PUCP

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Más allá de que guste o no la candidatura de , todo parece indicar que ha ganado las elecciones y ha perdido por tercera vez consecutiva. Pero, parte de los votantes de esta última, han pasado de la frustración, a la conspiración y al abierto golpismo. No se busca la “verdad electoral”, sino evitar, a toda costa, que el candidato de Perú Libre asuma la presidencia o llegar a deslegitimarlo para que quede a merced del .

Empezaron con la denuncia de “los miles de actas impugnadas” por parte de Perú Libre, cuando se trataba de votos e impugnaciones y no solo por parte de este partido. Se pasó luego a la composición de los miembros de mesa integrada por familiares. Cuando no todo el que tiene el mismo apellido es pariente, el sorteo fue público, con notario, y era posible interponer una tacha, de un evento realizado, además, en enero, cuando Perú Libre casi no existía en las encuestas. Se pasó entonces a cuestionar las actas en donde Keiko Fujimori tenía cero votos, pero no mostraron otras donde ocurría lo mismo con Pedro Castillo. Aparecieron entonces supuestas firmas falsas, lo que llevó a exigir la lista de electores, donde uno firma al momento de votar, para contrastarlo con el padrón electoral. Pero no parecerse la firma en ambos documentos –la mía no es igual, por ejemplo– no lleva a afirmar que, por eso, los votos de los electores en esas mesas, fueron adulterados a favor de Perú Libre.

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En pocas palabras, Fuerza Popular tiene que probar que cada una de sus afirmaciones resultan lo suficientemente contundentes para que se acepte que se cambió la orientación del voto para favorecer a Castillo y, en consecuencia, el acta debe ser anulada.

En toda elección, como ocurre con eventos de millones de personas, tipo censo de población, vacunación masiva o elecciones, hay errores e irregularidades, aquí y en todas partes. Pero una cosa es eso, y otra, un fraude. Este ni siquiera está definido en nuestra legislación, pero en la literatura especializada se señala como un operativo planificado y operado a gran escala para modificar la voluntad popular y, de esta manera, gane otro candidato. Generalmente se cuenta con el concurso del gobierno, organismos electorales y/o los poderes fácticos (militares, medios de comunicación, empresarios). ¿Perú Libre, el partido vientre de alquiler de Pedro Castillo –el ‘outsider’ de esta elección–, calificado con certeza de ser altamente improvisado, informal y poco estructurado, que hasta para convocar una conferencia de prensa no dejan de pelearse, sería capaz de desarrollar un operativo de esa envergadura? Difícil, no. Imposible.

Ninguna de las causales levantadas por los defensores de Fuerza Popular amerita, según nuestro ordenamiento legal, la anulación de un acta electoral. Mucho menos anulación de una elección. Por eso han perdido en todas las instancias. Pero siempre habrá espacio para la pérfida práctica antidemocrática, a la que se suma la ridiculez internacional.

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Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, rechazó que se hable de fraude en las decisiones del ente electoral. (Fuente: JNE)
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