La ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, y el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos. (Foto: PCM)
La ministra de Justicia, Ana Teresa Revilla, y el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos. (Foto: PCM)
María Alejandra Campos

Fuera de las cortes de justicia, igual se las arregla para generar zozobra en la política nacional. Esta semana vinculaciones con la empresa han terminado con la gestión de un ministro y un procurador. Y, más grave aún, han dejado desaparecidos al primer ministro y a la ministra de Justicia.

La historia es enrevesada, pero voy a tratar de simplificarla. Todo empezó el miércoles de la semana pasada con la demanda por US$1.200 millones por parte de Odebrecht al Estado Peruano ante el . En resumen, la constructora brasileña quiere que el Perú le devuelva lo que ya invirtió en la obra del gasoducto. Muchos pusieron el grito en el cielo por la frescura de la empresa para reclamarnos dinero después de haber causado todos los destrozos políticos, institucionales, éticos y económicos que ahora conocemos. Y si bien la indignación está más que justificada, lo cierto es que no hay que tomar la demanda de manera personal. Como bien explica Paolo Benza en una nota publicada en la web de este Diario (“El ajedrez de Odebrecht”), la empresa está al borde de la quiebra, debe muchísimo más de lo que tiene y el gasoducto es su única fuente potencial de un ingreso lo suficientemente significativo como para saldar sus deudas.

En este contexto, en el que Odebrecht estaba nuevamente acaparando titulares en la prensa, nos enteramos de que Jorge Ramírez, el –hasta anteayer– procurador ad hoc del Caso Lava Jato, había coordinado una cita con la constructora y el entonces ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yonsen. El propio Liu habló sobre la cita en sucesivas entrevistas con TV Perú y “Correo”.

El huaico de Odebrecht siguió su curso y, luego de un reportaje en “Panorama”, dejó fuera de juego al mencionado titular del Minem. Resulta que Liu Yonsen había brindado asesorías a la empresa brasileña y –oh, casualidad– se había olvidado de mencionarle el tema al presidente. Y así, 130 días después de haber sido nombrado, cayó un ministro más de la era Vizcarra.

Pero Liu no se fue callado. En entrevistas con “Gestión” y Canal N siguió hablando de la cita que tuvo con Odebrecht, coordinada por Jorge Ramírez. Esta vez nos enteramos de que no solo Liu había informado en su momento al primer ministro,, de la reunión, sino que esta había sido solicitada por, la ministra de Justicia.

Ayer nos despertamos con la noticia de que Ramírez había sido separado del cargo de procurador ad hoc del Caso Lava Jato. Los motivos fueron explicados por el recientemente nombrado procurador general, David Soria, quien deslizó que el despido fue consecuencia de la reunión organizada por Ramírez entre Liu Yonsen y Odebrecht.

Esto, que parece ser una acción consecuente del Gobierno en la lucha frontal contra la corrupción, resulta tener más de fachada que de real estructura. La sucesión de eventos lo demuestra: Ramírez pide la reunión a través de la ministra de Justicia, el ministro de Energía y Minas acepta y le avisa a su jefe, Vicente Zeballos. Pasa un mes sin que el Gobierno haga nada al respecto y ni bien el tema revienta en los medios, ¡zas!, chau, Ramírez.

¿Dónde están Ana Teresa Revilla y Vicente Zeballos para dar la cara y explicarnos cómo así esto no les pareció grave hasta que se volvió un riesgo para la popularidad del gobierno?

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