Para las elecciones del 2021, mediante disposiciones transitorias, se establece una distinción insostenible entre organizaciones antiguas y nuevas. (Ilustración Giovanni Tazza/El Comercio)
Para las elecciones del 2021, mediante disposiciones transitorias, se establece una distinción insostenible entre organizaciones antiguas y nuevas. (Ilustración Giovanni Tazza/El Comercio)
Martín  Tanaka

Algo que no podemos permitirnos es que dentro de un año y cinco meses sentenciemos que el próximo a instalarse terminó siendo “peor que el anterior”, lo que parecería una meta muy difícil de superar. Las fuerzas políticas del Parlamento que viene pueden no ser capaces de ponerse de acuerdo para aprobar grandes cosas, con lo que diríamos que se trató de un Congreso mediocre, pero no deberían echar para atrás los avances que se produjeron en el Congreso disuelto.

El Congreso anterior avanzó en establecer la paridad y la alternancia, y en elevar la cuota de género a un 40% para el 2021; también estableció elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir las candidaturas a elección popular, lo que permitió eliminar el voto preferencial. Ya hemos señalado que para las , mediante disposiciones transitorias, se establece una distinción insostenible entre organizaciones antiguas y nuevas, que exime a las primeras de implementar mecanismos democráticos abiertos de selección de candidaturas, limita la aplicación de la paridad y la alternancia, y además mantiene el voto preferencial. Mejorar lo hecho por el Congreso anterior implicaría derogar esas disposiciones transitorias y tener las nuevas reglas de juego desde ya.

Pero se escuchan voces con posiciones que implicarían retrocesos: por ejemplo, eliminar las elecciones internas abiertas y cerrar el proceso de selección de candidaturas a solo los militantes. En ese caso, si mantenemos el voto preferencial, poco habremos avanzado; y si eliminamos el último, le habremos quitado la oportunidad que ya tiene el ciudadano de expresar sus preferencias para definir los candidatos que ingresan al Parlamento. Un retroceso que afectaría aún más la escasa legitimidad que tienen los partidos. Tiene sentido que, para definir sus cuadros directivos o reglamentación interna, decidan exclusivamente los afiliados, pero cuando hablamos de candidaturas resulta imprescindible que estas tengan sintonía con las preferencias de los ciudadanos en general. Cerrar la definición de candidaturas a solo militantes haría que los cuadros con capacidad de movilización interna, los apparátchik, sean los que definan las candidaturas; y existe evidencia de que cuando priman los criterios internos de los aparatos partidarios, estos se suelen alejar de las preferencias de los ciudadanos comunes. Y buscar equilibrar esto con mantener el voto preferencial equivale a cambiar muy poco respecto al sistema muy malo que tenemos actualmente.

Abrir el proceso de selección de candidaturas de los partidos a los ciudadanos tiene la ventaja de que establece un mecanismo claro de resolución de las disputas intrapartidarias, e involucra a los ciudadanos en general, aprovechando nuestra tradición de voto preferencial. Luego, eliminar este para las elecciones generales permite en un segundo momento fortalecer la identidad partidaria de las listas y favorecer la cohesión de los futuros grupos parlamentarios.

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