"El problema es que, por un asunto procedimental, se terminaría derogando una ley que es acogida por la mayoría de organizaciones impactadas". 
 (Foto: El Comercio)
"El problema es que, por un asunto procedimental, se terminaría derogando una ley que es acogida por la mayoría de organizaciones impactadas". (Foto: El Comercio)
José Carlos Requena

Analista político y socio de la consultora Público

jcrequena@yahoo.com

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En el 2012, después de un largo proceso de consulta, se aprobó la Ley General de la , Ley 29973, resultado de una prolongada sensibilización, que data del primer lustro de este milenio. Hoy esa norma podría ser derogada si se logra poner en agenda y votar el tema en el pleno una nueva.

Como se recuerda, la Ley 29973 fue aprobada en el que acompañó la gestión del presidente , quien no se manifestó sobre ella. En consecuencia, la ley nació promulgada por el Parlamento, lo que hizo difícil su reglamentación. De hecho, esto pasó recién 14 meses después, en el 2014.

Estando por cumplir una década de vigencia, la ley ha sido un instrumento positivo para la inclusión de las personas con discapacidad. Es cierto que diversos ajustes pueden ser necesarios, sobre todo en lo referido a cumplimiento. Por ejemplo, muchas veces el Estado –que supervisa– exige al sector privado cosas que sus propios organismos no cumplen. Pero, en balance, la situación de las personas con discapacidad es que enfrentan mejor sus retos con la Ley 29973 que sin ella.

No es lo que creen los integrantes de la Comisión de Inclusión Social del Congreso de la República. En la sesión del 8 de febrero pasado, se aprobó el proyecto que busca una nueva Ley General de la Persona con Discapacidad.

El texto sustitutorio acoge las propuestas de 25 proyectos de ley, presentados desde el 2016, por lo que –según se detalla en la exposición de motivos– se hace necesario seguir el manual de técnica legislativa, que recomienda la elaboración de una nueva ley “cuando las modificaciones planteadas a una determinada ley cubren una amplia gama de sus artículos”.

El problema es que, por un asunto procedimental, se terminaría derogando una ley que es acogida por la mayoría de organizaciones impactadas. Si se logra aprobar la nueva ley (y, en consecuencia, derogar la Ley 29973), las personas con discapacidad que hoy cuentan con el amparo de un instrumento legal que se ha ido actualizando (y que aún no termina de implementarse plenamente), podrían quedar privadas, de facto, de algunos programas o presupuestos especiales en medio de la pandemia. Ello a pesar de la disposición transitoria que busca evitar tal eventualidad, debido a que se crea un dañino período de incertidumbre.

Si algo ha caracterizado a este Congreso, es el aparente aislamiento con el que toma decisiones. Amparado en recoger supuestas demandas ciudadanas, se ha avanzado en temas sensibles sin la aparente consulta. Milagros Campos anotaba hace unos días que más de un tercio de las leyes (37%) había sido aprobado sin consenso entre Ejecutivo-Legislativo, mientras casi un quinto (18%) había sido aprobado por insistencia (“Perú.21”, 22/2/2021).

La ley que reemplazaría a la 29973 tampoco parece haber sido consultada de cerca con los supuestos beneficiarios. Hace algunos días, Sociedad y Discapacidad (Sodis) reportaba que 130 organizaciones rechazaban la nueva norma. ¿Tiene sentido una ley que surge con tal resistencia?



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