(Editorial) ¿Quién acredita al acreditador?

Preocupada porque solo una universidad peruana figura dentro de las cincuenta mejores de América Latina en el ránking elaborado por la empresa británica QS, la bancada de Gana Perú ha presentado un proyecto de ley buscando mejorar la calidad de la educación superior en el país.

Esta propuesta establece la obligación de que todas las universidades (privadas o públicas) acrediten que la educación que ofrecen es de “calidad”. ¿Cómo? Cumpliendo con los 97 estándares de calidad impuestos por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación (Sineace), un ente adscrito al Ministerio de Educación. Su incumplimiento, según la propuesta, sería sancionado con el cierre de la universidad.

Esta medida, por supuesto, despierta varias dudas. Para empezar, ¿quién se encargará de acreditar al acreditador? El Estado, como todos sabemos, no es precisamente conocido por brindar una educación de alta calidad a través de sus centros educativos: ni en educación inicial, ni secundaria, ni superior (salvo algunas notables excepciones). ¿Con qué criterio, entonces, hará las veces de juez que determine cuál educación es de calidad y cuál no? De hecho, ¿cómo podría establecer qué deben hacer las universidades privadas para brindar satisfactoriamente sus servicios si no hay prueba de que sepa qué hacer con las propias? Si el Estado ya cuenta con la fórmula para asegurar una educación de calidad, ¿entonces por qué no ha empezado por casa? Lo que la bancada de Gana Perú pretende es similar a pedirle a un alumno que ocupa uno de los últimos puestos del salón que evalúe al resto de la clase.

Por otro lado, es preciso entender que la educación no es una ciencia exacta. Las universidades innovan sus paradigmas de enseñanza –como cualquier disciplina– mediante la experimentación de nuevos enfoques y metodologías.

Por eso, si se petrifica y homogeneiza su modelo educativo mediante detallados estándares legales, se estaría restringiendo la posibilidad de que las instituciones evolucionen en el tiempo y compitan desarrollando nuevos modelos de transmisión y desarrollo de conocimiento. ¿O acaso alguien estaría de acuerdo con que en las universidades peruanas se siguiera enseñando como hace unas décadas, donde los alumnos se sentaban a simplemente escuchar un largo monólogo del profesor sin la posibilidad de cuestionar nada?

Adicionalmente, si el Gobierno contase con el enorme poder de decidir qué universidades cerrar (bajo el pretexto de defender la “calidad”) se podría poner en riesgo la libertad de opinión y de participación política. Y es que las universidades son focos de vida política y de desarrollo de ideologías, y la autonomía universitaria es una forma de impedir que el Estado censure las corrientes de pensamiento que le son incómodas.

Finalmente, no podemos pasar por alto que muchos peruanos no podrían pagar una universidad que tiene que asumir los costos necesarios para cumplir con los estándares del ministerio. En consecuencia, la propuesta de los nacionalistas los dejaría en una situación peor que la que hoy enfrentan. En vez de obtener una educación regular se quedarían sin educación, a secas.

Por supuesto, esto no significa que no se pueda hacer mucho por mejorar el sistema universitario. Se podría diseñar un sistema que permita a las universidades acreditarse ante entidades expertas e independientes (como existen en el ámbito internacional), pero sin darle al Estado el poder de cerrarlas. Así, los postulantes sabrían con mayor precisión qué tipo de educación brinda cada institución. De esta forma, nos aseguraríamos de que los potenciales alumnos cuenten con más información sobre las instituciones acreditadas, que no se les pueda engañar y que puedan tomar una decisión responsable.

Incluso, hay iniciativas privadas en este sentido. En la CADE por la Educación 2013, por ejemplo, se propuso desarrollar un observatorio que ofrezca información sobre los requerimientos del mercado laboral y la oferta educativa.

Una persona que decide estudiar una carrera y educarse está construyendo su propio futuro. La labor del Estado es alumbrar lo mejor posible los caminos que ella puede tomar, mas no decidir cuál es la ruta que debe seguir la vida de cada ciudadano.