El nuevo Parlamento tendrá en realidad –suponiendo que se instale en la quincena de marzo– alrededor de ocho meses de funcionamiento normal. Un mini-Congreso (Foto: GEC)
El nuevo Parlamento tendrá en realidad –suponiendo que se instale en la quincena de marzo– alrededor de ocho meses de funcionamiento normal. Un mini-Congreso (Foto: GEC)
Maria Alejandra Campos

El único punto sobre el que los nuevos congresistas parecen haberse puesto de acuerdo es ampliar el plazo para modificar la ley electoral. Como se sabe, la actual legislación estipula que cualquier cambio que afecte las reglas electorales debe hacerse al menos un año antes de los comicios. Por lo tanto, para que una modificación aplique a las , debe hacerse hasta el 11 de abril de este año.

Es posible, sin embargo, poner una disposición transitoria en la ley electoral que permita, por esta única vez, ampliar el plazo para incluir modificaciones. Y lo más probable es que este efectivamente opte por ese camino. El problema es qué viene después.

La es un tema de debate sumamente aburrido. Es técnico, lejano a la vida diaria de los ciudadanos y no tiene un efecto inmediato. Y si una palabra va a definir al nuevo Parlamente es esa: ‘inmediatez’.

Todos sabemos que este va a ser un Congreso breve. Sin embargo, es mucho más corto que el año y medio que supuestamente tiene de trabajo. La razón es sencilla: empieza la campaña electoral. En noviembre de este año serán las elecciones primarias para definir a los candidatos de los partidos políticos. Una vez que sepamos quiénes competirán, la energía de las organizaciones políticas estará orientada a lograr un lugar expectante en la intención de voto. Con ello, la concentración del Congreso también virará hacia la campaña.

Así, este Parlamento tendrá en realidad –suponiendo que se instale en la quincena de marzo– alrededor de ocho meses de funcionamiento normal. Un mini-Congreso.

Según la encuesta de El Comercio-Ipsos de este mes, apenas el 18% de ciudadanos considera que “culminar la reforma del sistema político” debería ser una de las prioridades del nuevo Congreso. Lo que es peor, esta pregunta era de respuesta múltiple. Es decir, al encuestado se le enseña una lista de opciones y este puede elegir todas las que quiera. Aun teniendo la posibilidad de elegir la reforma política como complemento de otros temas más populares, solo el 18% la tomó en cuenta. En cambio, más de la mitad consideraron que lo que se debía priorizar es el debate de “leyes para luchar contra la delincuencia”.

Con tan poco tiempo para impulsar proyectos de ley, ¿qué temas creen que los congresistas van a priorizar? ¿Reforma política o inseguridad ciudadana? ¿Reforma política o salud? ¿Reforma política o temas vinculados a la defensa del consumidor? Lo más probable es que la reforma, si bien fundamental para el mejoramiento de la calidad de nuestra democracia, quede reducida a su mínima expresión. El único tema con potencial para generar atención en la ciudadanía es el de modificar o eliminar la inmunidad parlamentaria. Por ello, es posible que este sea uno de los pocos avances que se logren en este nuevo Parlamento.

Por otro lado, el Ejecutivo cuenta con muy pocas herramientas para presionar la aprobación de las normas de la reforma política. En primer lugar, porque no tiene bancada. Y en segundo, porque sus prerrogativas constitucionales, como la cuestión de confianza, han quedado muy desgastadas luego de la disolución del Congreso anterior.