Ya todos sabíamos que el oficialismo no tenía intenciones serias de aclarar el escándalo López Meneses. La primera seña fue que el señor Humala, sin mayor investigación de por medio y dejando muchos cabos sueltos, anunció que este no era más que un simple caso de corrupción policial. Luego, la verdadera disposición del nacionalismo para encontrar la verdad quedó expuesta cuando su bancada hizo todo lo que pudo para impedir que se formara una comisión investigadora independiente. Recordemos que primero intentó que fuese la Comisión de Defensa y Orden Interno o la Comisión de Inteligencia del Congreso (ambas presididas por Gana Perú) la que conduzca la investigación. Un absurdo, partiendo de la premisa de que lo que se tiene que resolver es el nivel de involucramiento del gobierno con una eventual mafia. Luego, impidió que se debatiera en el pleno la formación de una comisión multipartidaria. Y después el oficialismo trató de lograr que la tarea de la comisión comprenda determinar cuáles fueron los nexos del montesinismo con el Estado desde la década de 1990 (como para que nunca termine la investigación o como para que el asunto López Meneses se diluya entre tantos otros temas).

Una vez formada la comisión, no obstante, las cosas no mejoraron. El nacionalismo no cambió su actitud y la oposición reveló una gran incapacidad para encaminar el asunto. Esto quedó claro desde la primera citación, la de la periodista Cecilia Valenzuela, que se decidió se mantenga en reserva. Atendiendo al hecho de que todo el Perú está pidiendo transparencia en este caso, lo correcto era que los congresistas que forman la comisión convirtiesen en públicas sus sesiones. Para colmo, luego de participar en la sesión, la periodista denunció que algunos de los auspiciadores de su canal habrían recibido presiones para que dejen de anunciar en el mismo.

Luego de ello, otro evento evidenció la falta de compromiso de los miembros de la comisión con su trabajo. El día en que se iba a definir el cronograma de citaciones para las investigaciones la sesión tuvo que ser suspendida por falta de quórum, debido a que tres de sus integrantes no asistieron. Dos prefirieron ir a entrevistas en medios de comunicación y otro programó una cita médica.

A esto, además, se suma el sospechoso descubrimiento de que se habrían perdido los libros de visita en el que se registraron quiénes visitaron a Óscar López Meneses mientras este se encontraba en prisión.

Ahora, si el oficialismo quería elevar aún más las suspicacias sobre su voluntad de descubrir quién estuvo realmente detrás de la irregular protección al ex operador montesinista, sin duda lo logró con la reunión secreta entre el presidente, el ministro de Justicia y el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Una reunión que no solo fue poco transparente por no ser pública (y ni siquiera informada al resto de la comisión investigadora), sino porque los mismos involucrados se contradicen respecto a quién la convocó: según el señor Humala, a él lo convocó el señor García Belaunde, mientras que este último señala que a él lo llamaron de Palacio. Y la mejor confirmación del bochorno de toda esta situación es la renuncia anunciada del presidente de la comisión.

Quien no la debe no la teme. Por eso llama tanto la atención que el gobierno ponga tantas trabas a una investigación célere y transparente, especialmente cuando, de ser cierta su versión, el principal beneficiado de que se esclarezca el caso sería él mismo. Y sorprende también el triste rol que viene desempeñando la oposición para llevar este asunto a buen puerto.

Lo cierto es que, hasta el momento, solo se han sumado más dudas a las ya existentes. Y los únicos que han salido ganando con todo lo sucedido son quienes ordenaron la protección a López Meneses y quienes hayan recibido algo a cambio de la misma. Por eso, para tratar de encarrilar la investigación de una buena vez sería positivo que el PPC asuma el liderazgo de la comisión, pues la reunión de García Belaunde con el señor Humala ha generado muchos cuestionamientos sobre la voluntad de Acción Popular de conducir este proceso con transparencia. Algo que la ciudadanía reclama desesperadamente.