Uber, Pokémon Go y PPK, la columna de Enrique Pasquel

El viernes, la Municipalidad de La Punta publicó una ordenanza que restringe la libertad de jugar el popular Pokémon Go en lugares públicos, que regula las zonas y horarios en los que se puede realizar esta actividad y que sanciona con una multa y la retención del celular a quien incumpla estas normas. Uno se imaginaría que a la burocracia de este distrito chalaco le sobran bastante tiempo libre y recursos como para dedicar esfuerzos a regular un juego de celular. ¿Será que en La Punta ya no existen crimen, desorden vehicular u otros problemas igual de complejos como para ahora preocuparse por los inconvenientes que pueden generar los fanáticos de Pikachu?

Por supuesto, aquel municipio no es el único que prefiere usar los tributos de los contribuyentes en regulaciones y fiscalizaciones menudas y absurdas. Hace un tiempo, el paseador de mis perros me contó que iba a tener que dejar ese trabajo porque la Municipalidad de San Isidro prohíbe pasear más de tres perros simultáneamente (y para el señor que me brindaba este servicio solo le era rentable pasear grupos grandes de canes). Luego, descubrí que la preocupación edilicia sanisidrina por el mejor amigo del hombre iba incluso más lejos: existe una norma que obliga a los habitantes del distrito a tramitar un DNI a cada uno de sus perros. ¿Cuántos vecinos estarán de acuerdo en que se utilicen sus tributos en fiscalizar a los perros indocumentados en vez de en poner más seguridad para evitar robos?

Investigue un poco en su municipio, estimado lector, y le apuesto que lo más probable es que encuentre algún ejemplo de regulación disparatada o fiscalización absurda en la actividad que usted escoja. Si jugar Pokémon Go o pasear perros está sobrerregulado, ni qué decir de la colocación de antenas de telecomunicaciones, de la construcción de inmuebles o del expendio de alimentos. No es casual que, según el Reporte Global de Competitividad, el factor que más dificulta los negocios en nuestro país sea la burocracia ineficiente ni que el Perú se ubique en el puesto 133 de 140 países en la categoría “costo de la regulación”.

El problema es aun mayor cuando tenemos en cuenta que detrás de la regulación a menudo se encuentran grupos que la incentivan como un mecanismo para sacar del mercado a sus competidores. Es el caso, por ejemplo, de los taxistas que la semana pasada realizaron una manifestación para que se prohíba el uso de Uber, la exitosa aplicación que permite tomar un servicio de taxi de manera más rápida y segura que si uno toma un taxi de la calle. Hoy, ya hay algunas ciudades en las que grupos de taxistas han logrado que el Estado restrinja su uso, al mejor estilo del ejemplo de Bastiat, sobre los fabricantes de velas que le piden al gobierno que los proteja de la competencia desleal del sol.

En el Perú, hay más de un millar y medio de gobiernos distritales que, según la Constitución, son autónomos para regular la mayor parte de actividades humanas. Y, por lo mismo, cada uno de ellos tiene el poder de lanzar pesadas capas burocráticas sobre las personas que intentan hacer negocios, casi sin control. Este es uno de los grandes retos que enfrenta el gobierno de PPK, especialmente si busca lograr sus ambiciosos objetivos de formalización de la economía. ¿Cómo liderar una política nacional de impulso a los mercados y a la formalización con todas estas entidades independientes sobrerregulando sin control hasta la forma en la que juegan los jóvenes con sus celulares?

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