La última víctima de los medios, por Cecilia Valenzuela

Los últimos dos días la campaña se ha tornado incandescente. El fujimorismo ha pasado a la defensiva a causa del reportaje periodístico que involucra al secretario general de su partido con una investigación indagatoria iniciada por la DEA.

El impacto ha sido fuerte, y para librar a Keiko Fujimori de las sospechas que le salpican su lealtad con el investigado y cuestionado congresista Joaquín Ramírez, los asesores de su campaña le han aconsejado aplicar la vieja estrategia de llevar las cosas al extremo para recuperarse en el rebote.

“El objetivo era yo”, repite Keiko en sus mítines, mientras los dirigentes y los activistas de su partido se mueven intensamente en medios y redes. Apuestan a controlar los daños a costa del prestigio de los periodistas a cargo de la investigación.

El lunes consiguieron que la DEA, que por política no afirma ni niega nada –recordemos el Caso Zevallos-Aerocontinente– emita un comunicado aclarando que Keiko no es ni ha sido investigada por ese organismo. Como se sabe, la embajada norteamericana en Lima no puede permitir que se le acuse de interferir en asuntos internos.

Sin embargo, y a pesar de lo que quisieran leer entrelíneas los más entusiastas fujimoristas, la DEA no ha sido enfática respecto de Joaquín Ramírez. “Nosotros no hemos dado ningún nombre”, se ha limitado a decir su representante.

De aquí al 5 de junio la estrategia puede funcionar, pero el problema lo están pateando para adelante: Fuerza Popular está obligando a Keiko Fujimori a poner las manos al fuego por Joaquín Ramírez, un controvertido político que junto a su familia es investigado por las autoridades peruanas especializadas en delitos de lavado de activos, hace más de tres años.

El reportaje de Univisión y “Cuarto poder” ha puesto la cereza en un pastel que se empezó a hornear cuando el congresista y secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra; su hermano Osías Ramírez, recién electo congresista por Cajamarca; y su afortunado tío Fidel Ramírez Prado, propietario de la Universidad Alas Peruanas, fueron denunciados por la fiscalía especializada.

¿La candidata de Fuerza Popular no confía en las autoridades peruanas? ¿No le preocupa que hayan solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de la que hoy goza Joaquín Ramírez? ¿A todos sus congresistas los investigan preliminarmente en la Fiscalía de Lavado de Activos? ¿Es un asunto de rutina?

En boca de los dirigentes de Fuerza Popular, Ramírez es una víctima reciente de los medios. Eso es inaceptable.

El día en que Ramírez decidió comprar propiedades millonarias en los Estados Unidos, firmó una licencia para que lo investiguen a nivel internacional. Departamentos por dos millones de dólares ponen en alerta a cualquiera que pesquise dineros sospechosos; la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría de Lavado de Activos y la fiscalía especializada en el Perú consideran que el dinero de la familia Ramírez es sospechoso, y han convertido sus sospechas en denuncias fiscales.

MÁS EN POLÍTICA...