(Ilustración: El Comercio)
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Gino Alva Olivera

La última encuesta de El Comercio-Ipsos revela que la mayoría de peruanos está a favor de la : el 66% la respalda y el 30% rechaza su aplicación. Y la brecha crece ante una pregunta más específica. “¿Estaría de acuerdo con que se aplique a violadores de menores que, además, causen la muerte de su víctima?”. El 81% –ocho de cada diez personas consultadas– respondió que sí y el 16% que no.

La paradoja está en que, a pesar del apoyo mayoritario a la práctica, el 80% cree que el sistema de justicia podría cometer errores y condenar a muerte a personas inocentes. El 17% no considera que eso pueda ocurrir.

(Gráfico: El Comercio)
(Gráfico: El Comercio)

—Voto de conciencia—
A inicios de este mes, la congresista Karla Schaefer, legisladora de Fuerza Popular, presentó un proyecto que plantea aplicar la pena de muerte a las personas que violen a niños menores de 7 años y les ocasionen la muerte.

La propuesta fue suscrita por treinta de sus colegas de bancada, entre ellos Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, primera instancia donde se debe debatir y votar la iniciativa. Pero en el fujimorismo no existe la unanimidad que se ha visto en ocasiones anteriores.

Fuerza Popular ya anunció que en este caso se apelará al voto de conciencia; es decir, sus representantes tendrán libertad para decidir tanto en el grupo de trabajo –donde tienen 10 de los 18 integrantes– como en una eventual votación en el pleno.

Por ejemplo, el congresista Juan Carlos Gonzales, pastor de la iglesia evangélica Agua Viva, contó a este Diario que por sus principios cristianos debería oponerse per se a la pena capital, pero añadió: “En este caso, y solo para este caso, todavía no he tomado una decisión. No soy una persona indolente. Y en mi iglesia me han dejado en libertad para decidir”.

Quien sí ha tomado una decisión respecto a este tema es su colega de bancada Miguel Torres. “No creo que quitarle la vida a una persona corrija el daño realizado”, expresó en octubre pasado.

—Otras posiciones—
“En el interior de la bancada las posiciones están divididas. Pero personalmente yo estoy en contra de la pena de muerte en cualquiera que sea la circunstancia”, expresó a El Comercio el vocero oficialista Vicente Zeballos, miembro de la Comisión de Constitución.

Marisol Espinoza, parlamentaria de Alianza para el Progreso, adelantó que se opondrá al proyecto cuando sea debatido en la comisión. “El Estado no puede aplicar la justicia bajo una óptica o sentimiento de venganza. Eso sería una negación máxima de los derechos humanos”, indicó.

Una posición similar es la de Alberto Quintanilla, representante de Nuevo Perú en la comisión. “Estamos en contra de la pena de muerte, acá priorizamos la vida sobre la muerte”, aseveró.

“Yo estoy en contra de ese proyecto, lo que he sugerido como alternativa es la castración química a los violadores”, comentó Yonhy Lescano, de Acción Popular (AP).

—El camino—
Para aplicar la pena de muerte se requiere que el Perú denuncie el Pacto de San José. El trámite tardaría un año.

Y en caso de que el proyecto pase al pleno se requieren los votos de dos tercios del total de congresistas (87) en dos legislaturas consecutivas. Este proceso tardaría un año más.

Víctor García Toma, ex ministro de Justicia y ex miembro del Tribunal Constitucional (TC), aporta un detalle interesante: “En este caso, al haber una modificación constitucional, el Ejecutivo no tiene la facultad de observar la ley”.

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