La propuesta había sido firmada por los congresistas apristas Del Castillo, Velásquez, Mulder y Rodríguez. A ellos se sumó el legislador de Fuerza Popular Mario Mantilla. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
La propuesta había sido firmada por los congresistas apristas Del Castillo, Velásquez, Mulder y Rodríguez. A ellos se sumó el legislador de Fuerza Popular Mario Mantilla. (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
Rocío La Rosa Vásquez

La bancada del retiró hoy el proyecto de ley 3544, que había presentado solo un día antes y que planteaba que las preguntas sobre la bicameralidad y la no reelección de congresistas quedaran fuera del convocado por el presidente Martín Vizcarra para el domingo 9 de diciembre.

En un tuit lanzado a las 5 p.m., Jorge del Castillo anunció que esta iniciativa había sido presentada “por error” y que su bloque parlamentario reafirmaba su voluntad de “apoyar el referéndum y la no reelección”.

El proyecto en cuestión tenía dos artículos. En el primero, se planteaba revocar el acuerdo sobre la autógrafa que convoca a la consulta popular para la reforma sobre la doble cámara y la prohibición de reelección inmediata.

En el segundo, se proponía derogar dos incisos del Decreto Supremo 101-2018, mediante el cual el mandatario había convocado a referéndum. El documento llevaba la firma de cuatro miembros de la Célula Parlamentaria Aprista (Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén, Elías Rodríguez y Del Castillo) y de Mario Mantilla, de Fuerza Popular.

Según la propuesta, el jefe del Estado había cambiado de postura sobre la bicameralidad en menos de cuatro días, pues en un primer momento había saludado al Congreso por aprobar los proyectos de reforma, pero luego se quejó de que la iniciativa de la bicameralidad había sido “desnaturalizado” por el Parlamento.

Javier Velásquez Quesquén, vocero de la bancada aprista, tuiteó ayer que actuaban en coherencia con su posición de apoyo al referéndum y a la no reelección.

Según explicó Del Castillo a El Comercio, la idea era solo enmendar el concepto de bicameralidad, pero “se equivocaron al incluir” el de no reelección de parlamentarios, algo con lo que su bancada está de acuerdo.

“Como esto generaba una gran confusión, mejor retiramos todo y damos por superado el incidente”, puntualizó.

—“El referéndum va”—
Horas antes, por la mañana, consultado sobre esta iniciativa del Apra y Fuerza Popular, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, había señalado que el referéndum ya estaba convocado y se iba a realizar de todas maneras en la fecha prevista.

“Llueva o truene, va el referéndum. Y si ellos van a buscar otras fórmulas rebuscadas y escondidas, que lo hagan”, aseveró el jefe del Gabinete en declaraciones a ATV. Incluso consideró que los firmantes de la iniciativa “tienen miedo a que la población vote directamente”.

Además, recordó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE ya están trabajando desde el momento en que el presidente convocó la consulta oficialmente mediante un decreto supremo.

Antes de que se conociera el retiro del proyecto, fuentes del Ejecutivo comentaron a este Diario que el jefe del Estado venía revisándolo.

En breve comunicación con este Diario, la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, comentó que no había leído la iniciativa en cuestión y que su bancada no se había reunido. Por lo tanto –agregó– no hay una postura partidaria al respecto.

Fuentes de este Diario contaron que los suscriptores del proyecto habían iniciado un sondeo en el Parlamento en busca de adhesiones, pero no hubo la acogida esperada, ni siquiera de representantes del fujimorismo.

—Ley era inaplicable—
Por otro lado, tres ex presidentes del Tribunal Constitucional –Óscar Urviola, Víctor García Toma y César Landa– coincidieron en que si se hubiera aprobado el mencionado proyecto de ley, el JNE no lo podía aplicar.

Urviola mencionó que hay jurisprudencia en el TC y recordó el caso de Pedro Lizana, quien presentó un recurso de agravio constitucional presentado en el 2005. En este caso, se estableció que en materia electoral funcional existe la preclusión; es decir, que “iniciado un proceso no se pueden alterar los plazos del calendario electoral”.

Y en el supuesto de que una ley trate de alterar un proceso que está en manos del JNE, “se podría configurar una violación constitucional”.

En esa misma línea, García Toma señaló que, en vista de que el proceso electoral ya se inició, no se pueden alterar las reglas. En consecuencia, toda iniciativa que esté orientada en ese sentido “no tendría asidero legal”.

“En este caso, el JNE ‘inaplica’ la norma y continúa con lo planteado en el decreto de convocatoria a referéndum”, indicó. Consideró que la jurisprudencia del TC es un argumento sólido.

Landa enfatizó que teniendo en cuenta que el JNE es un órgano de justicia electoral, de acuerdo con la Constitución, puede no aplicar una ley que sea contraria a esta, basándose en el fallo del Caso Lizana.