Gobierno y Congreso: Cuando familiares y allegados se benefician del poder | INFORME

Los más recientes casos implican a altos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo –incluso al mismo mandatario a través de sus sobrinos– y del oficialismo en el Parlamento, contradiciendo un discurso político de lucha contra la corrupción o de hacer las cosas distintas a anteriores gestiones.

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Los sobrinos de Pedro Castillo

En cuanto al Ejecutivo, son familiares del propio presidente Pedro Castillo quienes –según la fiscalía– están implicados en una presunta organización criminal que lideraría el mandatario en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y que tendría como fin beneficiar ilegalmente a empresas allegadas con obras. Se trata de sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Es más, contra estos dos, el Poder Judicial ordenó el pasado 12 de abril 36 meses de prisión preventiva, como parte de la investigación por las presuntas irregularidades en el proceso de licitación de un puente sobre el río Huallaga (región San Martín) a favor del Consorcio Puente Tarata III. Provías Descentralizado, unidad ejecutora del MTC, adjudicó la obra a dicha compañía el 22 de octubre del 2021 por S/232,5 millones.

A Vásquez y Castillo Gómez, así como a otros implicados entre los que se encuentra el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco, se les imputa el delito de colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado. Al acoger el requerimiento de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, el juez Manuel Chuyo consideró que sí existe peligro de fuga en dichos investigados, pues no tienen arraigo e incluso se encuentran prófugos. “[Todo ello] denota un acuerdo y actuación común de beneficiar al Consorcio Puente Tarata III, lo que permite inferir razonablemente que los investigados son fundadamente sospechosos y que existe alta probabilidad que vayan a ser condenados”, también dijo el magistrado, quien tomó en cuenta el testimonio de la también investigada Karelim López, revelado por El Comercio a fines de febrero.

Durante la audiencia judicial, Fray Vásquez reapareció de forma virtual desde la clandestinidad. Negó que haya recibido beneficios, aseguró que si visitó Palacio de Gobierno fue por asuntos familiares y refirió que el hecho de conocer al empresario Zamir Villaverde –también con prisión preventiva– no lo involucra en los ilícitos citados. Asimismo, siguió un discurso ya usado por el oficialismo para marcar distancia de cuestionamientos: “Se está dejando llevar por dichos corroborados supuestamente por los medios de comunicación. Señor magistrado, los medios de comunicación desde que el presidente Pedro Castillo asumió la presidencia no se han encargado más que de decir mentiras”.

Cabe recordar que Rudbel Oblitas Paredes, sobrino político de Castillo Terrones, también ha sido señalado por Karelim López como parte de la presunta red criminal en el MTC. En tanto, “Panorama” reveló a fines de marzo que la hermana de aquel, Fany Oblitas Paredes, obtuvo contratos con el MTC y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) por S/ 18.000 en febrero.

El presunto ahijado político de Bellido

El dominical “Panorama” dio cuenta del caso de Daniel Abarca Soto, un exguía de turismo que habría llegado a ser asesor del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, por intermedio del congresista de Perú Libre y ex primer ministro Guido Bellido. El cargo fue ocupado entre el 5 de agosto del 2021 y el 18 de marzo pasado.

Abarca Soto, licenciado en Turismo y Negocios, fue denunciado a mediados de marzo ante el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Surquillo por su expareja, quien le atribuyó hechos de violencia psicológica y sexual. El 22 de ese mes, el Poder Judicial ordenó medidas de protección para la víctima y le prohibió al sindicado agresor acercarse a esta última.

“Él prácticamente vendría a ser la cuota de Perú Libre por Guido Bellido”, declaró la victima a “Panorama” hace dos semanas. Acotó que Abarca, natural de Cusco como el legislador, apoyó la campaña electoral de este y que incluso fue propuesto por Bellido como titular del Mincetur.

Luego, el último domingo, el referido programa difundió presuntos chats de WhatsApp que atribuyó a Bellido y Abarca. Se trata de supuestos diálogos en donde se habla del nombramiento de este último como asesor en el Mincetur y de reuniones con empresarios de turismo en un departamento de San Miguel.

Además, el exjefe del Gabinete le solicita a su ‘ahijado político’ un pasaje aéreo de Huancayo a Lima para Arturo ‘Pinturita’ Cárdenas, actualmente detenido por el Caso Los Dinámicos del Centro.

En Twitter, Bellido aseguró el último lunes que Abarca no es su amigo y descartó haber promovido su nombramiento en el Mincetur. Luego, en declaraciones a “Control Ciudadano Cusco”, insistió en que no hubo algún intercambio de favores, pero reconoció que sí solicitó pasajes aéreos para ‘Pinturita’.

El sobrino de Elías Varas con suerte

En el Congreso, otro miembro de Perú Libre también está involucrado en un caso de presunto beneficio a favor de un allegado, según reveló “Cuarto Poder”. En este caso, Jefferson Varas Seguín, sobrino del legislador oficialista Elías Varas, ha participado en actividades oficiales del Congreso y el Ejecutivo junto a su tío, a pesar de que no trabaja formalmente para el Parlamento.

Asimismo, el abogado Jefferson Varas ha participado de reuniones con ministros del actual gobierno siendo consignado en los registros oficiales como si cumpliera alguna función en el Congreso de la República, cuando no es así.

A ello se suma que un extrabajador del despacho del congresista aseveró que Varas Seguín participó en reuniones oficiales e incluso daba órdenes.

El parlamentario sostuvo que su sobrino participaba de los encuentros al ser su asistente ad honoren y contar con su anuencia, pues “es mi familiar, es como mi hijo”. “El no porta ningún fotocheck y cada vez que él acude conmigo, hago saber que es mi sobrino y va a entrar en compañía mía”, acotó el legislador.

El alfo funcionario, el yerno y el sobrino

El Ministerio de la Producción (Produce) acaba de despedir a Óscar Díaz Mendoza del cargo de director general de Pesca Artesanal de dicha cartera. Esto luego de que el dominical “Punto Final” revelara que el ingeniero pesquero –quien figura en Infogob como militante de Acción Popular– impulsó la contratación de su yerno Damián Llanos Vergara y de su sobrino político Jesús Herrera Gonzales.

En el caso de Llanos Vergara, quien tiene dos órdenes de servicio para el Produce, Díaz sostuvo que lo quiso ayudar para que “pueda salir adelante”. No obstante, dijo desconocer que el primero estuviera casado con su hija pese a que dicha información figura en el Reniec y que el propio Díaz aparece en una foto del matrimonio civil.

Respecto de Herrera, contratado para labores de prensa en el Produce, Díaz explicó que fue “un tema de emergencia para dos meses”.

El lunes, el Produce dio cuenta de la recisión de los servicios de Llanos y Herrera, así como del fin del vínculo laboral con Díaz Mendoza.

Los familiares de Torres y Francke

Ministros del gobierno de Pedro Castillo tampoco escaparon a cuestionamientos. En esos casos en torno a sus familiares y contratos con el Estado, pese a impedimentos.

Por ejemplo, en noviembre pasado se conoció que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), organismo adscrito al Ministerio de Salud, había contratado por S/14′630.230 servicios de Aldem S.A.C., empresa de familiares del hoy primer ministro y entonces titular de Justicia, Aníbal Torres, pese a existir un impedimento.

Asimismo, una empresa que tiene como directora a Lucy López Reyes —cuñada de Aníbal Torres— contrató con el Estado por S/85.000 en octubre pasado, a través del Gobierno Regional de Cusco, pese al impedimento establecido por la ley de contrataciones.

En tanto, el exministro de Economía, Pedro Francke, también tuvo a familiares que contrataron con el Estado cuando él ejercía el cargo. Por ejemplo, su hijastro Alejandro Mirones Mendoza tuvo órdenes de servicio con el Ministerio de Educación en agosto y septiembre del 2021. Asimismo, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (Emilima), adscrita a la Municipalidad de Lima, contrató en agosto del año pasado servicios de una compañía que tiene entre sus socios a la hija del economista, Teresa Francke Rojo.

Perspectivas penales y políticas

Para el abogado penalista Andy Carrión, los elementos mencionados en los casos que implican a Bellido, Varas y Díaz Mendoza denotan suficientes indicios para que el Ministerio Público inicie una investigación preliminar respecto de cada caso.

En el caso que implica a Bellido y Abarca, Carrión indicó que inicialmente hay sospecha del delito de tráfico de influencias porque es el legislador el que presuntamente intercede para la contratación de su allegado.

“En el caso del Produce, cuando no es el mismo funcionario el que lo contrata, ya no se da el delito de colusión. Si uno influencia para que otro organismo o estamento lo pueda contratar, se configura el delito de tráfico de influencias para favorecer al familiar. Pero cuando es el propio funcionario que tiene la competencia o posibilidad de contratarlo, también podría configurarse el delito de colusión”, acotó Carrión en diálogo con El Comercio.

Respecto de otro reciente caso, el del sobrino del congresista Elías Varas, Carrión indicó que configuraría el presunto delito de usurpación de funciones. “Entraría el delito de usurpación de funciones respecto del sobrino y respecto del propio congresista, tráfico de influencias. Pero habría que ver el caso concreto […] Aquí incluso hay un agravante, el mismo funcionario ha reconocido que [el familiar] está colaborando con la administración pública sin que tenga un puesto formal dentro de ella”, añadió.

Para la politóloga Katherine Zegarra, los casos citados evidencian “una repartija de cargos sin tener en cuenta lo más importante, que es el servir a la ciudadanía. Se da cuenta de que en general, este gobierno, así como otros, está viendo al Estado como un botín y no como parte de un aparato en el cual se puede mejorar la vida de los peruanos”.

Según añadió, ello está relacionado con la corrupción y afecta a la legitimidad no necesariamente del gobierno, sino del Estado, lo que es dañino para la construcción de la ciudadanía.

“Hay una contradicción entre el discurso del Gobierno y los hechos. El hecho de que el presidente diga siempre que es un gobierno del pueblo no se condice con la realidad, parece que fuera un gobierno de los suyos, de su propia élite. Hay acaparamiento de intereses particulares en lugar de la búsqueda del bien común”, sentenció la analista.