Pedro Castillo: los anuncios improvisados y efectistas del presidente | LÍNEA DE TIEMPO

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El jefe de Estado hizo al menos 13 anuncios de este tipo en lo que va de su gestión, que ha sumado 157 días de gobierno. Entre ellos, la propuesta de convertir Palacio de Gobierno en un museo, el servicio militar obligatorio para jóvenes que no trabajan ni estudian, el reforzamiento de la seguridad ciudadana con rondas campesinas, una planta productora en Perú de la vacuna contra el COVID-19, aeropuertos en su zona de origen y el VRAEM, la venta del avión asignado al presidente, entre otras que con el paso de los días se fueron diluyendo.

De acuerdo con analistas consultados por El Comercio, se trata de iniciativas de improvisación irresponsable, efectistas y que no tienen capacidad de ejecución.

Mira aquí la línea de tiempo:

Anuncios emblemáticos que fueron corregidos

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Apenas inició el nuevo gobierno, el presidente Castillo presentó propuestas emblemáticas que arrastraba de la campaña electoral. La principal: la implementación de una Asamblea Constituyente que se encargue de elaborar una nueva Constitución política. La alternativa sería una reforma constitucional que permita contemplar este nuevo mecanismo.

Sin embargo, desde el Consejo de Ministros el titular de Justicia, Aníbal Torres, comentó en setiembre que el presidente Castillo “no promueve la Constituyente. Antes de ser presidente tenía el proyecto de ley para presentarlo ante el Congreso para que se modifique la Constitución. No lo hizo y no lo hace porque genera incertidumbre”, de acuerdo con declaraciones brindadas a Correo.

En tanto, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, señaló en octubre que la Asamblea Constituyente no es, por el momento, una prioridad del gobierno.

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En octubre, una encuesta de El Comercio-Ipsos reveló que el cambio de la Constitución ocupó el último lugar en la medición de opinión pública. Se preguntó cuáles eran las prioridades que debía tener el Ejecutivo y solo el 10% se mostró a favor de esta iniciativa.

Mientras, congresistas de Perú Libre promueven desde su propio bando la recolección de firmas para convocar a un referéndum con la finalidad de que la población decida la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Constitucionalistas señalaron que esta propuesta podría ser inviable.

Otro de los aclamados anuncios del 28 de julio fue el fortalecimiento de las rondas campesinas para reforzar la seguridad ciudadana. “Estamos seguros de que con la Policía Nacional podremos acceder a una más eficiente seguridad pública”, manifestó Pedro Castillo, generando reacciones negativas en la Municipalidad de Lima. El alcalde Jorge Muñoz dijo que esta sería una intromisión e irrespeto a las normas.

El ministro Juan Carrasco, entonces titular del Interior, aseguró luego que las rondas campesinas recibirían capacitación para apoyar en la seguridad ciudadana en zonas rurales. En agosto, indicó que no existe ninguna disposición para implementar las rondas en Lima y quedaba descartado la sustitución por la Policía Nacional, como dejó entrever el mandatario.

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En materia económica, uno de los anuncios que levantó preocupación fue la posibilidad de “nacionalizar o estatizar” el gas de Camisea. En setiembre, Castillo reiteró su propuesta de “recuperar el gas de Camisea” y en una visita a Chota (Cajamarca) anunció que se iban a “comprar el pleito para recuperar” el recurso. Semanas después, tras la amenaza del exprimer ministro Guido Bellido de nacionalizar la operación de Camisea, Castillo afirmó que la renegociación se haría respetando el Estado de derecho.

Pero nuevamente, esta vez desde otro escenario, instó al Congreso a trabajar una ley “sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea”. Lo dijo en octubre, durante una actividad en Amazonas.

Luego, Pedro Francke, ministro de Economía, tuvo que corregir lo dicho por el jefe de Estado, pues “la palabra estatizar es una que tiene ese sentido que nos parece que no es el mejor”. En Twitter aclaró que esto no significaba estatizar la actividad privada, sino poner el gas al servicio de los peruanos.

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Retrocedieron

La posibilidad de que un jefe de Estado deje Palacio de Gobierno para despachar desde otro recinto fue puesta sobre la mesa por Pedro Castillo durante el mensaje de 28 de julio. Aquel día dijo que para “romper con los símbolos coloniales” cederían Palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para convertirlo en un museo.

Este anuncio dio espacio a que el jefe de Estado, durante los primeros cinco días de su gobierno, se movilice bajo el secretismo. Un domicilio ubicado en el pasaje Sarratea (Breña), que fue cedido a sus actividades de campaña electoral, se convirtió en el nuevo centro de poder, de donde entraban y salían ministros y otras visitantes.

En octubre el ministro Aníbal Torres informó que se había descartado la propuesta de convertir el Palacio en un museo. “Ahora es el Palacio de Gobierno y lo será por los próximos cinco años”, dijo a RPP.

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En el tintero

En el repaso de aquellos anuncios que luego el gobierno no retomó o ahondó se reúne ocho, algunos de ellos anunciados apenas Castillo asumió la Presidencia hasta la promesa de construir un aeropuerto en la provincia de Chota (Cajamarca), lugar de origen del mandatario y su familia.

Uno de los polémicos anuncios de Pedro Castillo durante 28 de julio apuntó a que los jóvenes que no trabajan ni estudian sean incorporados al servicio militar. Días después, el exministro de Defensa Walter Ayala dijo que aquello que se iba a proponer era incentivar el servicio militar voluntario, con beneficios.

Pero, si alguien no asistía a este servicio y tampoco realizaba alguna actividad como estudiar o trabajar, entonces se procedería con el servicio militar obligatorio.

Una semana después, Ayala informó que la propuesta de incorporar el servicio militar para los jóvenes que no estudian ni trabajan estaba en evaluación en una mesa de trabajo coordinada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ojo Público consultó con expertas, quienes alertaron que la situación de este grupo poblacional se debía a problemas de precariedad, desigualdad y pobreza, una situación que va más allá de estigmatización.

Luego, Castillo generó respuestas negativas del contralor general de la República, Nelson Shack, al anunciar la creación de un organismo para supervisar la ejecución presupuestal en los ministerios, municipalidades y gobiernos regionales. Es decir, un ente paralelo a las funciones de la Contraloría. Este anuncio fue hecho en setiembre, en Lima, durante una reunión con alcaldesas.

Shack consideró como un “despropósito” la propuesta. Detalló que el anuncio del mandatario se debe a que desconoce las facultades que tiene la Contraloría.

“Sobre la declaración del presidente, efectivamente, a nosotros también nos ha generado preocupación. Hay un problema de desinformación, de desconocimiento sobre lo que hace la Contraloría y cuál es el mandato constitucional. El Ejecutivo tiene que gastar mejor pero no puede ser juez y parte”, dijo el contralor en setiembre, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En cuanto al sector Salud, en los pocos mensajes dirigidos a la población, el presidente dijo que el gobierno peruano había coordinado con su par ruso “la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik en el país”, pero sin dar mayores detalles. Horas después el ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que esto recién podría ocurrir el 2023.

El tema fue abordado durante el Consejo de Ministros del 1 de setiembre. En esta reunión, de acuerdo con el acta, Cevallos dijo que se trataba de una “buena noticia”, pero era necesario aterrizar “un poco más” la propuesta y determinar dónde se instalaría el laboratorio. El tema no ha vuelto a ser abordado por el gobierno.

Expertos han señalado que es poco probable que la instalación de este laboratorio pueda ocurrir en corto plazo. Se tendría que empezar un proyecto desde cero, pues nuestro país no tiene un laboratorio de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), necesario para la producción de vacunas.

Hasta la fecha, el presidente anunció la construcción de dos aeropuertos más: en Pichari (Vraem) y Chota. Sobre el primero señaló que se priorizará su ampliación; el segundo informó que “inmediatamente” instalarían una comisión técnica para ver lo necesario en su habilitación.

Expertos cuestionaron al jefe de Estado por ofrecer mensajes sin mayor sustento técnico, como la demanda, oferta, conectividad, potencialidad comercial, entre otros aspectos.

En Ayacucho, durante la rendición de cuentas de sus primeros 100 días de gobierno, Castillo anunció que el avión asignado al presidente de la República sería vendido como parte de una serie de medidas de austeridad.

No es la primera vez que se intenta ofrecer la aeronave para su venta. Durante el segundo gobierno de Alan García también se intentó vender este medio de transporte, adquirido en el gobierno de Alberto Fujimori.

La exministra de Defensa Nuria Esparch comentó que el avión fue comprado por US$4 millones y se intentó venderlo, en el 2007, por US$18,5 millones. Sin embargo, no se presentó ningún postor. El exministro de Defensa Walter Martos también consideró que sería “muy difícil” que el gobierno pueda vender la aeronave.

Este mes, Castillo dijo que se instalaría una oficina de ronderos al lado del Despacho Presidencial, en Palacio de Gobierno, a fin de ser fiscalizado por ellos durante su gestión.

Expertos alertaron que esta es una propuesta inviable porque no existe un marco normativo para implementar una oficina con estas funciones. Además, porque las rondas campesinas no tienen un marco legal para la función que plantea el presidente.

Asimismo, en una visita a la región La Libertad, anunció que se publicaría una norma para que “el pueblo” tenga presupuestos transparentes y sean “vigilantes del último centavo” que se usa.

“A nosotros no nos van a dar muestras de transparencia, de honestidad y honradez. Lo hemos hecho desde la cuna y por eso estamos acá”, agregó, pero no ahondó en qué consistiría esta normativa.

Lo que salió mal

Durante su primer mensaje a la Nación, Pedro Castillo dio un plazo de 72 horas a los delincuentes extranjeros para que se retiren del país. La propuesta del presidente no contaba con mayor sustento. En agosto, el ministro Juan Carrasco, entonces titular del Interior, aseguró que estaban trabajando en un proyecto para la expulsión de extranjeros que cometen delitos en Perú.

Sin embargo, este mes el Ministerio del Interior anunció la supervisión de la expulsión del país de 41 ciudadanos extranjeros. El evento fue suspendido porque Venezuela no había otorgado la autorización para que el avión de la FAP, encargado del traslado, aterrice en este país. Ninguno de los ciudadanos había cometido delitos en el país y la expulsión fue cancelada.

El politólogo Paolo Sosa calificó esta como una medida efectista y tratada como tal: un espectáculo. “Se sabe que hay una mayoría en el país que ha comprado el discurso xenófobo de que los migrantes deben irse. Pero en el fondo, cuando se ve la política del gobierno sobre el tema, uno se da cuenta de que no hay, cómo se va a manejar la migración, seguridad. Es una forma de contentar a la gente con algo que suena bien, pero puede tener consecuencias negativas”, dijo a El Comercio.

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Improvisación y medidas efectistas

Sosa consideró que esta reunión de anuncios del presidente Castillo traslucen que no existe una plataforma o plan concreto para gobernar.

“Simplemente hay ciertas propuestas que van saliendo conforme se demandan ciertos temas. Carece de un correlato concreto, que es claramente distinto a gobiernos anteriores, especialmente la odiosa comparación para este gobierno con el de Ollanta Humala”, comentó.

El analista político Enrique Castillo apuntó que el presidente “no tiene una idea de lo que es establecer con responsabilidad acciones de parte del gobierno”, y cuestionó que “para él, todo encuentro con sectores significa un mitin más”. Esto conlleva a que “de manera irresponsable trata de contentar a sectores con promesas que no tienen ninguna capacidad de ejecución”.

Sosa agregó que la ausencia de un plan concreto genera que el jefe de Estado apunte a “distintos lados lo que se le ocurre en ese momento y entra en contradicción con lo poco que van avanzando sus ministros”. Cuestionó también que los ministros están fallando en no sentarse con el presidente Castillo y negociar una agenda mínima que pueda implementarse. “Eso va generando también insatisfacción en la gente”, indicó Sosa.

Precisamente, sobre la generación de expectativas, Enrique Castillo advirtió dos riesgos: la protesta y pérdida de credibilidad.

“Expectativa que a la larga no se cumple, lo que genera una demanda, luego un reclamo que se convierte en protesta. Pero el más grave de los riesgos es que ya nadie lo toma en serio. El presidente pierde tal credibilidad que lo escuchan y no le hacen caso”, comentó.

Sosa precisó también que “cuantas más expectativas va acumulando el gobierno y no puede cumplirlas, más insatisfacción va a encontrar”. El gobierno, que ingresó con altas expectativas y cuyo principal capital político era el simbolismo del candidato, está siendo explotado “sin ofrecer nada concreto”, dijo el politólogo.

Enrique Castillo precisó que el presidente está haciendo promesas irresponsables. “Es una improvisación irresponsable porque el presidente no solo genera una falsa expectativa, sino decadencia en su credibilidad. Quien pierde credibilidad, pierde autoridad”, precisó.

Sosa dijo que el término que emplearía para calificar estas promesas es “efectista”. “El término sería efectista. Es decir, medidas que buscan el aplauso rápido, que no tienen ningún tipo de sustancia, pero que suenan bien”, dijo.

Finalmente, Enrique Castillo dijo que si bien es un rasgo común de las presidencias con baja popularidad anunciar promesas que podrían no cumplirse, “en este caso el presidente ni siquiera se toma en serio las promesas porque no busca implementarlas”.

Sosa indicó que el problema con este gobierno es que “solo tiene eso, apela a lo simbólico y no tiene nada concreto. No es un rasgo particular de Castillo o la izquierda, el problema de Castillo no es que sea efectista, sino que es un mal presidente en el sentido de que no es capaz de articular una plataforma, una agenda nacional para su gobierno que pueda tener un efecto concreto en la vida de los ciudadanos”.

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