Pedro Castillo: sus primeros seis meses de gobierno marcados por investigaciones y denuncias

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Una reciente encuesta elaborada por Ipsos por encargo del portal Lampadia revela que el 55% de personas señala que algunos de los funcionarios nombrados por Castillo son corruptos y el 29%, que la mayoría lo son.

A continuación, los principales hechos que generaron el inicio de investigaciones fiscales, denuncias de parte y pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre la falta de transparencia o cumplimiento de normas del actual gobierno.

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Sarratea y la falta de transparencia

Desde el inicio de su gobierno, Pedro Castillo mostró poca transparencia en su agenda. Por ejemplo, decidió despachar desde una vivienda en el pasaje Sarratea, de Breña, y no en Palacio de Gobierno. Hasta ahora no hay un registro claro de las personas que recibió ahí.

Durante los cuatro primeros días tras asumir el cargo recibió a todo tipo de personas sin que se registrase quiénes eran o qué intereses tenían. Ello, hasta que los cuestionamientos por sus reuniones sin registro y la falta de información en su agenda, lo hicieron recular e instalarse en la Casa de Pizarro.

Tras una acción de control, a través del informe 008-2021-OCI-DP del 2 de agosto del 2021, la Contraloría General advirtió que el marco normativo vigente obliga a transparentar el detalle de las reuniones de los funcionarios públicos.

Sin embargo, las acciones de Castillo y del secretario general de Palacio, al haber ejercido sus funciones fuera del domicilio legal establecido para el Despacho Presidencial, no permitían que se consigne toda la información en los registros de visitas y la agenda oficial.

En ese momento, la Contraloría concluyó que dicha situación “podría afectar la transparencia del ejercicio de la función pública” por lo que recomendó que se tomen las medidas correctivas. No obstante, jamás se conoció quiénes visitaron al mandatario durante esos cuatro días, no existen registros como lo dio a conocer El Comercio.

La recomendación de la Contraloría de la República solo quedó en el papel. Poco tiempo después, el presidente de la República fue captado ingresando en diversas oportunidades y a horas de la noche a la casa de Breña hasta donde también llegaron empresarios y funcionarios.

Designación conflictiva

La designación como ministro del Interior del exfiscal contra el crimen organizado Juan Carrasco Millones trajo consigo diversos cuestionamientos por una presunta incompatibilidad en el ejercicio del cargo y el inicio de una investigación en su contra ante la Oficina de Control Interno del Ministerio Público.

Carrasco había pedido licencia sin goce de haber el 26 de julio y juró como ministro el 29 de ese mismo mes. Sin embargo, enterado de su designación el Ministerio Público dispuso iniciar un procedimiento “por presunta inconducta funcional en cuanto a su actuación, en lo concerniente a la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado”. Unas semanas después el caso fue archivado.

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Investigación por presunto terrorismo

El congresista Guido Bellido designado por Castillo Terrones para encabezar su primer Gabinete Ministerial también trajo consigo otro escándalo.

Y es que, durante una entrevista con “Willax” el investigado Eddy Bobby Villarroel Medina, alias “Sacha” afirmó que tenía conocimiento de presuntas vinculaciones de Guido Bellido, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y el congresista Guillermo Bermejo con la organización terrorista Sendero Luminoso del Vraem.

Ante ello, el 3 de agosto del 2021, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco abrió una investigación preliminar por presunto terrorismo contra Guido Bellido, quien dimitió al cargo de primer ministro en octubre del año pasado. También se incluyó a Cerrón y Bermejo por el mismo delito.

El resguardo policial a Cerrón

En agosto del 2021, el programa Punto Final reveló que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, era resguardado por policías en actividad durante las actividades a las que acudía.

El ejemplo más claro se registró 22 y el 26 de junio de este año cuando Cerrón fue registrado en imágenes siendo custodiado por el suboficial PNP Carlos Wilfredo Zárate Villalobos, cuando participaba en las reuniones de transferencia del Gobierno. El efectivo, en registros de la Policía, se encontraba asignado a la seguridad del actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela.

Ante ello, el 2 de agosto del 2021, el fiscal Rodrigo Mera Palomino de la Fiscalía Anticorrupción de Junín abrió investigación contra Zárate Villalobos por presunto cobro indebido y contra su madre Aidé Villalobos, por presunta colusión. Un día después, Vladimir Cerrón fue incluido en las investigaciones por su irregular resguardo policial.

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Intervención en ascensos de la FF.AA.

El 11 de noviembre del 2021, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar contra el exministro de Defensa, Walter Ayala, a Bruno Pacheco y a los que resulten responsables por las presuntas presiones ejercidas desde el Ejecutivo en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas.

Días antes, el ex comandante general del Ejército, general de división (r) José Vizcarra Álvarez; y el ex comandante general de la Fuerza Aérea (r) Jorge Luis Chaparro, habían denunciado, a través de El Comercio, las presuntas injerencias, pedidos, mensajes y llamadas que le realizaron Ayala y Pacheco -y hasta el propio presidente Pedro Castillo en el caso de Vizcarra- para que asciendan a determinados oficiales del EP y la FAP.

Ayala y Pacheco vienen siendo investigados por los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

Los amigos de Pacheco ante la Sunat

Un personaje que sin duda ha marcado el gobierno de Pedro Castillo es su hombre de confianza y exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco.

La punta de la madeja de una serie de hechos cuestionados por presunta corrupción fueron los mensajes de Pacheco al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Luis Vera, a quien le solicitaba ayuda para sus amigos que tenían procesos ante dicha entidad.

Los mensajes fueron revelados por la Revista Lima Gris el 15 de noviembre del 2021.

Cuatro días después, el fiscal anticorrupción Marco Huamán no solo abrió una investigación contra Pacheco por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado, sino que además, llegó hasta Palacio de Gobierno para realizar recabar documentos e información. Ese mismo 19 de noviembre, el funcionario había anunciado su renuncia al cargo.

Tras la diligencia se conoció que el fiscal había encontrado $20 mil en efectivo, guardados en una vitrina ubicada en el baño del despacho Pacheco, dentro de la secretaría general.

Los familiares de Torres

El 18 de noviembre del 2021, la Contraloría General de la República inició acciones tras la denuncia de un presunto conflicto de intereses por el contrato de los familiares del minsitro de Justicia, Anibal Torres, con el Estado.

Según la denuncia de la exjefe de la OCSE Mónica Yaya, la empresa Aldem SAC, cuyo apoderado es su hermano Víctor Torres Vásquez, contrató con el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares).

Regresa a Sarratea

El 29 de noviembre del 2021, el programa Cuarto Poder reveló imágenes captadas entre octubre y noviembre, en las que el jefe de Estado una vez más fue captado ingresando y saliendo de la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea, en Breña.

En el lapso de los días (entre octubre y noviembre) que el presidente acudía a dicho inmueble, también fueron captados el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, la lobbista Karelim López, los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez, el abogado especializado en el sector minero y asesor legal de la comunidad de Aquia (Áncash) Raymundo Valverde Ríos, el apoderado de la empresa Vigarza S.A.C, Marco Zamir Villaverde, entre otros.

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Ante ello, la Contraloría volvió a emitir un nuevo informe N°013-2021-OCI-076-S00 en el que advertía de “una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar (...) los objetivos de la ley que regula la gestión de intereses”.

Karelim López, Bruno Pacheco y Provías

Bruno Pacheco y Karelim López fueron protagonistas de un nuevo escándalo tras revelarse que luego de haber visitado Palacio de Gobierno, la empresa asesorada por la primera había ganado un millonario contrato en Provías Descetralizado.

Así lo reveló un informe de El Comercio que dio cuenta de la relación entre los días en que López Arredondo visitó a Pacheco y la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones para la construcción del Puente Tarata III (Región San Martín).

El 29 de noviembre del 2021, la fiscal Karla Zecenarro del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió investigación contra López y Pacheco por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

Esta semana, Provías Descentralizado anuló el contrato con la empresa tras hallar que no se cumplieron ciertas requisitos para la adjudicación.

Los depósitos de dinero a Pacheco

El 1 de diciembre del 2021, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, abrió investigación contra Bruno Pacheco, tras determinarse un desbalance patrimonial durante el tiempo que ejerció como secretario general de Palacio de Gobierno.

Según se dio cuenta desde el Ministerio Público, Eric Franco Huaymana Carbajal, realizó un depósito en efectivo por S/20 mil a la cuenta de Pacheco días antes de ser contratado en el Despacho Presidencial, como “servicio de apoyo de chofer de resguardo” en agosto del 2021.

El contrato en Petro-Perú

Las denuncias sobre las actividades que habrían realizado Karelim López con el actual gobierno, no cesaron. El 19 de diciembre, el programa Panorama informó sobre una reunión que se habría realizado entre la empresaria, el presidente Castillo, el empresario Samir Abudayeh y el gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez.

Luego de ello, la empresa Heaven Petroleum S.A. de Abudayet obtuvo la adjudicación para la venta de Biodiésel B100.

El 20 de diciembre del 2021, el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de la fiscal Norah Córdova, abrió investigación contra Karelim López, Hugo Chávez, y otros por presunta colusión y negociación incompatible.

La investigación suspendida

Las visitas a la vivienda en el pasaje Sarratea y el comportamiento de Bruno Pacheco siguieron pasándole factura al presidente Pedro Castillo, esta vez a nivel fiscal.

El 17 de diciembre, el procurador general Daniel Soria, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Nación, en contra de Castillo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias por el caso Provías. A ello, se sumaron los informes de las fiscalías provinciales que investigan los caso Provías y Petro-Perú.

Casi dos semanas después, el 4 de enero del 2022, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación contra el presidente de la República por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y colusión por los casos Provías y Petro-Perú.

También se dispuso abrir otro caso por la presunta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por los los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Sin embargo, la fiscal de la Nación dispuso posponer el caso contra Castillo hasta que culmime su mandataro en julio del 2026, bajo el argumento que no se puede investigar a un presidente en funciones.

La fallida designación de Salaverry

Uno de los últimos escándalos que provocaron el pronunciamiento de la Contraloría General de la República fue la designación del excandidato presidencial Daniel Salaverry, como presidente de directorio de Perú-Petro.

Salaverry fue designado por Castillo, a través de una resolución publicada el 9 de enero último. Inmediatamente la Contraloría inició una investigación que el pasado 17 de enero concluyó que dicho nombramiento no había cumplido con los requisitos y tampoco había seguido el procesimiento que exigía la norma.

Según el órgano contralor, la experiencia profesional de Salaverry no estaba vinculada al giro propio del negocio que realiza Perú-Petro y la documentación sobre su designación no había contado con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas. El 26 de enero, Salaverry renunció.

Lee aquí el informe completo de la Contraloría

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