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A menos de nueve meses de iniciado su mandato, el presidente Pedro Castillo enfrenta su primera gran crisis, a raíz del paro de transportistas y agricultores, que comenzó en Junín, pero que ha escalado a 12 regiones del país, incluyendo Lima y el Callao, donde el Ejecutivo decretó anoche, de manera sorpresiva, un toque de queda y estado de emergencia por inseguridad.
Castillo Terrones, así como integrantes del Gabinete Ministerial han tenido lamentables declaraciones, que solo han acentuado las protestas [ver infografía]. Por ejemplo, el mandatario, quien tiene un pasado sindicalista, acusó a los dirigentes que organizaron la paralización en Huancayo de haber recibido pagos para bloquear las carreteras. Dos días después, ante la ola de críticas, no tuvo más opción que ofrecer disculpas.
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Para Rober Villalva, experto en Comunicación Política, la actual crisis es consecuencia de que el jefe de Estado, desde que inició su administración, se olvidó de construir consensos y, en vez de ello, continúo con su discurso de campaña, en el sentido, de marcar una división entre ricos y pobres. Agregó que es inaudito que los ministros de Estado recién hayan decidido ir a Junín después de cinco o seis días desde que comenzó el paro.
“Esta crisis puede tornarse crónica, el Ejecutivo ha debido reducir la incertidumbre, pero ha estado lejos de ello. A Junín, los ministros llegaron después de cinco o seis días de protesta, una marcha que no tiene caudillos, liderazgos, donde no hay presencia de partidos políticos. Ahora la protesta está en Lima”, manifestó el analista huancaíno a El Comercio.
Villalva también explicó que la paralización en Huancayo comenzó con los camioneros, pero en el segundo día se sumaron los transportistas urbanos, al tercero, los agricultores y después “todo el valle del Mantaro”. “Esta ha sido una movilización atípica, como en Chile y en Ecuador, no tiene rostros visibles. La chispa social ha sido en el centro del país, y el pliego de reclamos se ha abierto, a consecuencia de la falta de construcción de consensos desde el gobierno con los sectores sociales, el gobierno se aísla cada vez más”, remarcó.
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El analista político, además, consideró que el toque de queda decretado por el gobierno tiene como objetivo “frenar en seco” a las protestas, pero tendrá el efecto contrario: “que la crisis se acentúe”.
“Castillo llegó [a Palacio de Gobierno] con la expresión ‘no más pobres en un país rico’, con sus acciones está provocando tener a gente más pobre, sus declaraciones y las de los ministros son desafortunadas. El Ejecutivo debe escuchar a la población, ir a las provincias y escuchar. Las demandas sociales son potentes, y son consecuencia de la pandemia y de la crisis económica. Los que salen a protestar no lo hacen por un cambio de Constitución, sino por supervivencia, por los alimentos del día a día, la mayoría son de los sectores C y D y es probable que ahora vayan a salir con más fuerza”, acotó.
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(Infografía: El Comercio)
“Es una medida desproporcionada”
La politóloga Paula Távara afirmó que el manejo de la crisis de parte del Ejecutivo ha sido “bastante débil” y muestra el “poco conocimiento” que tienen en Palacio de Gobierno sobre el diálogo social.
“Veo un nivel de desconexión sobre cómo se atiende el dialogo, cuando no eres tú quien está en la protesta y cuando no esperabas que la población proteste contra ti. Y esto incluye la poca capacidad que han tenido para dialogar con los manifestantes. Por ejemplo, el ministro de Defensa con su megáfono no ayudó en nada a calmar la situación en la Carretera Central. También llegaron tarde a Junín”, expresó a este Diario.
Távara indicó que la comunicación desde el gobierno sobre las medidas adoptadas, como la suspensión del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), ha sido “débil”.
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“No se ha explicado las medidas, qué es responsabilidad del Ejecutivo y qué del contexto global, la debilidad comunicacional del Ejecutivo les ha jugado aún más en contra en este contexto de conflicto”, sostuvo.
También dijo que la declaratoria de un toque de queda es una medida que se percibe como “desproporcionada”, porque no se ha explicado una causal que justifique esta situación. “Hay un mal cálculo, un sector importante no puede hacer trabajo remoto, no se puede quedar en casa porque tiene necesidades de salud, o vive del día a día, para este sector en teoría dice gobernar el presidente Castillo”.
Agregó que se debe conocer quiénes han sido los ministros que apoyaron la inmovilización obligatoria y si los que no lo hicieron darán o no un paso al costado.
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La politóloga recordó que la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no tuvo cabeza en las últimas semanas.
“No se ha prestado atención en las alertas tempranas, la responsabilidad general es del Ejecutivo. También la hay en los congresistas de las regiones en conflicto, ellos tienen semanas de representación, han podido trasladar los reclamos. Hay una debilidad en la gestión del diálogo social, el Perú es un país de conflicto, basta revisar los informes de la Defensoría del Pueblo, no hubo prevención cuando el conflicto se instaló”, precisó.
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“El encierro no es una solución en democracia”
El analista político Jeffrey Radzinsky sostuvo que el manejo de la crisis “ha sido muy malo” por parte del gobierno de Castillo y es el reflejo de que el Ejecutivo tenga “un equipo poco preparado”. “Las declaraciones del presidente y de los ministros son sintomáticas, no es un asunto aislado, muestran desprecio por el ciudadano y desconexión”, subrayó.
El director del GFP señaló que el gobierno debe lidiar con los problemas y no evadirlos “encerrando” a millones de personas, “privándolas de trabajo y estudios” ante la conflictividad social.
“Esta [el toque de queda] no es una solución en democracia, el Ejecutivo tiene que enfrentar el problema y no dictar medidas desproporcionadas. Lo que hemos visto en los últimos días, fundamentalmente en Huancayo, es un hartazgo de la ciudadanía, incluso en provincias donde Castillo obtuvo un alto voto. Es inédito que un presidente, a solo seis meses de mandato, tenga solo 25% de aprobación, yo apostaría que va a caer más”, alertó.
Radzinsky también hizo referencia a las declaraciones del portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien justificó la medida al señalar que desde los cerros iban a bajar a saquear Lima. “Se basa en supuestos informes de inteligencia, aquí se ve como los extremos encuentran coincidencias”, manifestó.
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El analista político opinó que los ministros de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, y de Agricultura, Óscar Zea, deben ser retirados de sus cargos.
“El paro comenzó en transporte y luego en agricultura, los ministros de esos sectores no han podido construir una sola idea [para una solución] y defenderla. La propia PCM, que tiene a su cargo el Viceministerio de Gobernanza, que tiene que prevenir los conflictos, [tampoco ha actuado]. Hay un vacío enorme”, cuestionó.
Radzinsky indicó que Torres, y los titulares de Interior, Alfonso Chávarry; Defensa, José Luis Gavidia, y Justicia, Félix Chero Medina, quienes refrendaron el decreto supremo que declaró el toque de queda también deben dar un paso al costado.
“Si la respuesta ante el paro no es concreta y coherente, desde el gobierno se debe asumir la responsabilidad política, la norma publicada ayer, casi al final de la noche, es cuestionable, es una medida extrema y arbitraria ante una supuesta amenaza. Lo que está generando es mayor rechazo, como cuando el presidente dijo que los que dirigían las protestas estaban comprados. Hay una falta de sintonía muy grande”, concluyó.
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