Pedro Chávarry pidió hasta tres veces reprogramar su presentación ante el Congreso. (Foto: Renzo Salazar / GEC)
Pedro Chávarry pidió hasta tres veces reprogramar su presentación ante el Congreso. (Foto: Renzo Salazar / GEC)
Redacción EC

El Congreso de la República oficializó la acusación constitucional contra , la cual fue aprobada por el pleno el último miércoles, tras diversas solicitudes del exfiscal de la Nación para que se reprograme su citación.

La resolución legislativa del Congreso publicada hoy en el boletín de normas legales de "El Peruano" declara "haber lugar a la formación de causa" contra el fiscal supremo Pedro Chávarry por la presunta comisión del delito de encubrimiento real. Esto por haber removido en diciembre pasado de sus cargos a los fiscales del equipo Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, medida que fue posteriormente dejada sin efecto.

Esto fue aprobado el miércoles, luego que la Mesa Directiva del Congreso decidiera rechazar el tercer pedido del exfiscal de la Nación para postergar su presentación ante el pleno para ejercer su derecho a la defensa.

La acusación fue aprobada por 75 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones.

En el debate del pleno del Parlamento, se plantearon cuestiones previas que fueron rechazadas por los votos de Fuerza Popular y el Apra para que se incluya en la acusación los presuntos delitos de encubrimiento personal y organización criminal, por los vínculos que tendría con el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Pedro Chávarry había solicitado que se reprograme en tres oportunidades su presentación ante el pleno para defenderse, primero, por motivos de salud, y luego porque su abogado se encontraba de viaje. Ante las críticas de diversas bancadas, el último pedido fue rechazado y se procedió con el debate y la votación.

El 28 de mayo, la Comisión Permanente aprobó acusar al fiscal supremo solo por el delito de encubrimiento real y descartó los de organización criminal y encubrimiento personal, así como su destitución e inhabilitación del cargo por 10 años, como recomendaba el informe del congresista Juan Sheput en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.