Las perlas de Chinchero

La fiscal especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Zoila Sueno Chirinos, ha abierto una nueva caja de Pandora judicial: en su formalización de investigación preparatoria del caso del Aeropuerto de Chinchero, presentada el viernes 23, narra la presunta confabulación de 13 personas, entre funcionarios públicos y privados, para hacernos creer que el contrato firmado en el 2014 durante el gobierno de Humala con el consorcio Kuntur Wasi era tan, pero tan lesivo a los intereses nacionales, que no había más remedio que corregirlo con una adenda.

Según la hipótesis fiscal, no habría sido en el contrato original sino, sobretodo, en la adenda, donde estaba la lesión y la maña. Sueno sostiene que los responsables de firmar ese documento lesivo a toda costa y que, por lo tanto, habrían cometido delito de colusión agravada, son la entonces viceministra del MTC, Fiorella Molinelli (hoy presidenta ejecutiva de Essalud); Yaco Paul Rosas, ex director general de concesiones en transportes; Gianina Beoutis, en su calidad de asesora financiera del MTC; Hernán Muñoz como asesor legal del MTC; Camilo Carrillo como director de promoción de la inversión privada en el MEF; y Nancy Zedano como director de la oficina de asesoría jurídica del MEF.

Estas seis personas serían los autores del delito de colusión agravada, que es solo imputable a funcionarios. Pero la fiscalía no se ha querido limitar a ellos y también pide que se abra investigación preparatoria, como cómplices primarios, a Carlos Loret de Mola, presidente de directorio de Kuntur Wasi; José Balta del Río, su gerente general; Javier Rizo Patrón, como apoderado del consorcio; Ximena Zavala (hermana del ex primer ministro Fernando Zavala), como gerenta de asuntos corporativos del consorcio; Alfredo Dammert y César Balbuena de Ositran; y Patricia Teullet, contratada para evaluar el contrato de concesión del aeropuerto. Para todos ellos, la fiscalía pide comparecencia con restricciones.

Estos 13 de Chinchero, según la fiscal Sueno, le dieron validez a esta versión de que como no había límite para la tasa de interés con la que Kuntur Wasi iba a conseguir el dinero para construir el aeropuerto, el Estado —que a la larga iba a pagar la obra— podía ser víctima de un descomunal sobrecosto financiero. Por lo tanto, como lo explicaron entonces el presidente PPK y el ministro Martín Vizcarra, una propuesta práctica y creativa era que el propio Estado adelantara US$40'262,870 a Kuntur Wasi ahorrándonos intereses leoninos. La otra alternativa, esperar a que el consorcio muriera sin hacer su cierre financiero y disolver el contrato en toda regla, quedó de lado. Cuando, finalmente se disolvió el contrato en junio del 2017, ya había adenda firmada. A continuación, las principales perlas halladas por la fiscalía:

La carta bamba
Una clave para justificar la adenda estaba en demostrar que Kuntur Wasi, en efecto, iba a conseguir dinero con altísimas tasas de interés. Pero resulta que el consorcio no presentó la declaración jurada de su posible acreedor, tal como exigía el contrato de concesión en su capítulo del endeudamiento garantizado permitido (EGP). A pesar de ello, funcionarios del MTC habrían llenado ese vacío con una carta de Goldman Sachs, sin firma identificable, que contenía un texto genérico en el que el banco no dice que será el acreedor. Según la fiscalía, era tal la necesidad de sustentar el cuento, que se dio valor a un documento que no lo tenía en absoluto. Incluso, el equipo de Sueno ha recurrido a la fiscal estadounidense Angela George para verificar la veracidad y alcances de la carta.

El interés descabellado
Hubiera o no un acreedor presentado por Kuntur Wasi, la figura del interés desbocado era poderosa para legitimar la adenda. Se bombardeó a la opinión pública con ese argumento. Según la investigación de la fiscalía, así lo recogieron los constructores de la adenda del Informe Previo 0027-2014-CG/CPRE del 4 de abril del 2014 de la Contraloría. Sin embargo, ese documento había sido rebatido por Proinversión en sendos informes del 8 y 9 de abril de ese año. A la fiscalía le resulta sospechoso que los funcionarios del MTC y del MEF hayan tenido en cuenta el primer informe de Contraloría y no aquellos que lo contradecían y que relativizan el argumento del interés desbocado.

José Domingo allanó
En la primera fase de este caso, antes de que se hiciera leyenda persiguiendo a ex presidentes, estuvo José Domingo Pérez. Fue aquí que realizó, el 17 de marzo del 2017, su primer allanamiento cubierto por la prensa. Llegó acompañado de policías y puso de vuelta y media al personal de Kuntur Wasi. Revisó cajones, files y discos duros e incautó lo que pudo. El informe de Sueno (que tomó la posta de José Domingo cuando este pasó a integrar el equipo especial del Lava Jato), menciona uno de sus hallazgos en la computadora de José Balta del Río, gerente general del consorcio: una versión del proyecto de la adenda, sin firmas, que habría sido ‘elaborada y guardada’, según dice el pedido de acusación fiscal, el 3 de enero del 2017; idéntica a la que más tarde aparece en la documentación del MTC. De esta forma, sostiene la fiscal, se aprecia la fluida relación que tuvieron los funcionarios y Kuntur Wasi antes de firmar la adenda.

El cierre para cuándo
La fiscal Sueno esgrime una acusación como una ironía temporal: sostiene que una de las justificaciones para corregir con una adenda el contrato lesivo fue que no había fecha límite para que Kuntur Wasi hiciera su cierre financiero. Se pregunta y se responde Sueno: ¿de qué vale ese argumento si la adenda tampoco tiene un clara fecha límite de cierre financiero? Según esta, Kuntur Wasi debía acreditar su cierre financiero ante el Estado “en el segundo o tercer año de la etapa de ejecución de obras”. Un año de imprecisión.

Devuélveme esos ocho
La fiscalía cita una cifra neta y precisa: US$8'687,836 como afectación directa al Estado. Eso es lo que se le tuvo que pagar a Kuntur Wasi al cancelar la adenda y el contrato. Sueno razona que, si no se hubiera firmado la adenda y, consecuente con la argumentación de que el contrato era lesivo, se le objetaba o dejaba morir por no poder hacer su cierra financiero, hubiera sido al revés: Kuntur Wasi hubiera tenido que pagarnos esos ocho.

Los tres de Ositran
En su momento tuvo eco la indignación de Patricia Benavente, que renunció a la presidencia de Ositran el 23 de enero del 2017 porque luego de que Alfredo Dammert Lira y César Balbuena, los únicos otros dos miembros del tribunal, habían opinado en contra del proyecto de adenda (consta expresamente en una carta del 20 de enero); reconsideraron clamorosamente su opinión. En un audio que se difundió semanas después se percibe a Benavente escandalizada al oir a sus colegas sustentar su nueva postura. También se difundió que Dammert Lira había sido, hasta el 2014, socio de Fiorella Molinelli en una empresa consultora. La fiscal Sueno evoca este capítulo y por eso incluye a Dammert y Balbuena entre los 13 de Chinchero.