García Alcázar es el único de los seis implicados en las pesquisas del “Club de la construcción” que fue detenido de manera preliminar. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
García Alcázar es el único de los seis implicados en las pesquisas del “Club de la construcción” que fue detenido de manera preliminar. (Foto: Dante Piaggio/ El Comercio)
Redacción EC

La fiscalía anticorrupción solicitó el lunes por la mañana que Carlos García Alcázar, ex asesor del Viceministerio de Transportes durante el gobierno de Ollanta Humala, y otros cinco implicados en el llamado sean recluidos de manera preventiva en un penal por los próximos 18 meses.

El Ministerio Público también formalizó una investigación preparatoria contra García Alcázar; Rodolfo Prialé de la Peña, Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso (Obrainsa), Felix Erdulfo Málaga Torres (Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos socios de Prialé.

El ex asesor del Viceministerio de Transportes fue trasladado al promediar las 9 de la mañana de la sede de la fiscal en la avenida Abancay al edificio Zavala, que está al lado del Palacio de Justicia. En ese lugar se realizará el miércoles la audiencia del pedido de prisión preventiva en su contra.

García Alcázar es el único de los seis implicados en las pesquisas del “Club de la construcción” que fue detenido de manera preliminar. 

De acuerdo a fuentes de este Diario, la fiscalía argumenta que existe un riesgo procesal, porque la eventual condena al ex consejero sería elevada, porque se le imputan los presuntos delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos así como ser integrante de una supuesta organización criminal.

Además, el Ministerio Público, en su pedido de cárcel preventiva, señala que García Alcázar registra varias salidas del país y tiene una condición económica que le permitiría eludir la acción de la justicia.

La fiscalía sostiene que los implicados formaron parte de un "Club" de empresarios del rubro de la construcción, que pactaban la entrega de la Buena Pro de obras públicas que ofrecía Provías. Esta presunta organización delictiva habría operado del 2011 al 2014.