Martín Vizcarra
Martín Vizcarra
Maria Alejandra Campos

La indignación ciudadana generada por la difusión de los audios que revelan la corrupción imperante en el sistema de justicia peruano, es entendible y plausible. Es más, debería ser mayor: tener un correlato en las calles y no circunscribirse a las sobremesas y los grupos de WhatsApp.

Es esta indignación la que empuja al presidente Martín Vizcarra a tomar acciones inmediatas y brindar gestos políticos, como ejercer su prerrogativa constitucional de convocar a una legislatura extraordinaria para debatir la remoción de todos los consejeros del CNM.

De hecho, en la encuesta de El Comercio-Ipsos del mes pasado, cuando Vizcarra cayó 15 puntos en su popularidad, la principal razón de desaprobación hacia su gestión era la percepción de que su gobierno no luchaba contra la corrupción.

Este mes, luego de haber apoyado a Mardonio Guillén, el alcalde distrital en Ayacucho que denunció los pedidos de coimas por parte de funcionarios del MEF; convocar un Consejo de Estado para coordinar las acciones relacionadas con la corrupción en el CNM y anunciar la formación de la –ahora denominada– Comisión Wagner, Vizcarra logró detener su desplome en las encuestas.

Tomar medidas drásticas contra la corrupción le asegura al presidente una escalada continua en la opinión de los peruanos hartos de esta gangrena institucional.

Sin embargo, de ahí el título del artículo, el debido proceso no suele ser amigo de la indignación ciudadana. Como se sabe, el Congreso de la República está usando el caso de Efraín Anaya como precedente para tratar el caso de los actuales consejeros de la CNM. Es decir, lo que toca es que los casos pasen por la Comisión de Justicia, se emita un informe y con base en este se debata en el pleno la remoción de los involucrados.

Ello no va a ocurrir el 20 de julio, como ha pedido el presidente ayer. Probablemente, en esa fecha solo se llegue a ver el caso del infame Dr. Rock, y los demás queden para la próxima semana, tal como anunció Luis Galarreta en conferencia de prensa.

Si el Congreso se salta las instancias establecidas, los consejeros podrían presentar un recurso de amparo para tratar de anular la sanción.

Es por ello que la jugada de Vizcarra tiene una rentabilidad limitada. Inmediatamente, le sirve para seguir corriendo la ola de la indignación ciudadana, pero en unos días, cuando el Congreso le pinche el globo y continúe con el proceso pausado que estableció desde el inicio, la población va a exigir una nueva demostración de fuerza del presidente y este no va a tener los argumentos para actuar acorde con las expectativas.

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