(Foto: Archivo El Comercio)
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Karem Barboza Quiroz

Cuatro años después de haberse iniciado las investigaciones por el ilegal resguardo policial a la casa del ex asesor  (OLM), el Poder Judicial archivó la investigación que se le seguía al alcalde de Surco, , quien fue denunciado por la fiscalía.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción aceptó los argumentos que presentó la defensa del burgomaestre.

Este solicitó el 'sobreseimiento' (archivo) del proceso en su contra por la falta de pruebas sobre su participación directa o indirecta en el resguardo policial y de vehículos del serenazgo de su comuna en la casa del ex asesor.

La fiscalía anticorrupción había solicitado 3 años y 4 meses de cárcel para Gómez Baca al acusarlo del delito de peculado.

El sobreseimiento fue planteado a inicios de año; sin embargo el juzgado recién se pronunció en mayo último. Se dio un plazo de ley para que la Fiscalía apelara la decisión; sin embargo esta no interpuso ningún recurso impugnatorio.

Es por ello que a través de la resolución número 79, la jueza anticorrupción Sonia Bazalar Manrique dio por consentida la decisión de archivo, por lo que Gómez Baca quedó fuera de la investigación.

En la misma resolución también se archivó la acusación por peculado de uso contra Óscar López Meses, referida a las directivas para que vehículos de la Municipalidad de Surco resguarden su domicilio.

—Contienda de competencia—

Sin embargo, este caso podría seguir dilatándose. Y es que por estos días, la jueza Sonia Bazalar Manrique elevó el expediente del caso OLM ante la Corte Suprema a fin de que defina la contienda de competencia con el fuero Militar.

C0mo se recuerda, tras la denuncia pública que realizó el programa 'Mira quién habla', tanto el fuero civil como el fuero militar policial abrieron sendas investigaciones.

Sin embargo, ahora uno de los acusados, el General PNP (r) Carlos Martín Gómez Cahua, ha planteado que el fuero civil sea el único que lo procese.

Según la resolución obtenida por El Comercio, la jueza Sonia Bazalar elevó el caso a la Corte Suprema luego de rechazar hasta en dos oportunidades el recurso de 'contienda de competencia' solicitado por Gómez Cahuas.

El policía en retiro sostiene en su pedido de contienda que tanto el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria como la vocalía suprema del Fuero Militar Policial lo están procesando por el mismo hecho. Ello, indica, afectaría sus derechos al estar siendo investigado en dos instancias por los mismos hechos y por iguales delitos.

Es por ello que, bajo la figura de reconducir ‘el trámite’ del pedido formulado por la defensa de Gómez Cahuas, la jueza envió el expediente al órgano supremo. No obstante, aclaró que su despacho es el competente solo para ver delitos de corrupción, mas no delitos de función.

“Finalmente, resulta pertinente precisar que esta judicatura resulta competente para conocer el presente proceso al ser el delito materia de acusación un delito común, mas no para avocarse al conocimiento de los delitos de función que vienen siendo ventilados en el Fuero Penal – Militar, lo que dejo plenamente sentado”, alegó la magistrada.

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