Pleno sobre casos de lavado de activos en manos del juez César San Martín

El pedido del Ministerio Público para que se concrete cuanto antes un pleno casatorio en la Corte Suprema que defina cómo se regulará en adelante los procesos e investigaciones por lavado de activos en el país se encuentra desde ayer en el despacho del juez César San Martín.

Así lo informó a El Comercio el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien indicó que será el referido magistrado supremo quien decidirá, previa coordinación con sus colegas, cuándo se llevará a cabo este pleno que la fiscalía considera indispensable.

“La norma no establece una fecha, pero espero que este pleno casatorio se realice lo más pronto”, comentó el titular del Poder Judicial.

El requerimiento de la fiscalía está firmado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y fue enviado a Rodríguez a fines de agosto.

En el oficio, Sánchez expresó la preocupación que comparte con la Fiscalía de Lavado de Activos respecto a la reciente casación 92-2017 emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside el juez César Hinostroza Pariachi.

Según el titular del Ministerio Público, esta sentencia es un “instrumento generador de impunidad” que podría enviar al archivo los casos por lavado de activos que actualmente están en curso.

Sánchez también señala que dicha casación “contradice criterios anteriores” de la Corte Suprema y vulnera, además, compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano en la lucha contra el crimen organizado.

La casación 92-2017 establece nuevos criterios para que se inicien los procesos por lavado. Entre ellos, que se especifique el delito fuente y que el investigado o procesado conozca o presuma el origen ilegal de los fondos.

El martes, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, dijo que bajo tales exigencias “nunca” se emitirán sentencias por el delito de lavado.

—Pleno pendiente—
El pedido de la fiscalía para convocar a un pleno casatorio recayó en el despacho del juez San Martín por ser el presidente de la Sala Penal Permanente, explicó el titular del Poder Judicial.

Rodríguez dijo que San Martín deberá coordinar con los miembros de las otras dos salas supremas en lo penal para fijar la fecha del pleno.

No obstante, el presidente de la Corte Suprema explicó que está pendiente otro acuerdo plenario por una figura legal que también ha generado controversia en las últimas semanas.

Rodríguez dijo que sus colegas también deben definir cuál será el criterio que utilizarán para aplicar la “adecuación” en los requerimientos de prisión preventiva.

Esto último, según Rodríguez, debido a que existen dos salas que tienen una interpretación diferente respecto a cuál es el plazo máximo de esta medida cautelar.

Por un lado, la Sala Penal de Apelaciones considera que 36 meses es el tiempo máximo para una prisión preventiva. Por otro, la Sala Penal Anticorrupción aplica la figura de la adecuación, en virtud del Decreto Legislativo 1307, y prolonga por 12 meses más la prisión por casos específicos.

“Como hay dos visiones diferentes, solicité que se realice un acuerdo plenario extraordinario”, dijo Rodríguez. Añadió que el próximo pleno puede abordar varios temas a la vez.

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