La polémica constitucional por la suspensión de Kenji Fujimori

Luego de una sesión que se extendió durante todo el jueves, el pleno del Congreso votó la noche del 6 de junio a favor de la suspensión de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez mientras dure el proceso penal por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Sin embargo, la decisión fue tomada en medio de fuertes polémicas alrededor de la constitucionalidad de la medida que alcanzaron tal fuerza que llevaron a anular el proceso y convocar a una segunda votación.

Muchos parlamentarios de diversas bancadas abandonaron el hemiciclo y no participaron en la votación para suspender a los tres congresistas no agrupados ya que consideraron que ninguno de los 30 miembros de la Comisión Permanente debían participar en la votación.

Fuerza Popular fue la única bancada, con apoyo de algunos parlamentarios aislados, que se pronunció a favor de que los miembros de la Comisión Permanente que no votaron en esa instancia para aprobar la acusación constitucional sí puedan hacerlo en el pleno.

Los cuestionamientos por diversos frentes llevó a la Junta de Portavoces, al día siguiente, a dar marcha atrás y señalar que se volvería a votar la suspensión de los tres parlamentarios.

El Comercio contactó a diversos constitucionalistas para aclarar tres puntos claves de esta controversia.

- ¿Hay espacio para hacer la interpretación constitucional que permitió la votación?

Raúl Ferrero

"Sí hay espacio para una interpretación y no es absolutamente claro [...] En mi opinión, el pleno del Congreso es una cosa y la Comisión Permanente es un ente distinto y opera con sus propias reglas. Solo por no haber votado ahí no tienen derecho a votar en el pleno porque la Constitución dice claramente que este colegiado no participa en la votación [...] Pero cuando no hay mención expresa en un sentido o el otro, es lógico que busquen los antecedentes".

Domingo García Belaunde

"Para mí es muy claro, la Comisión Permanente es una cámara chica que acusa. Quien resuelve es el Congreso. En el bicameralismo, acusaban los diputados y quienes confirmaban era el senado. Acá es lo mismo. La comisión es un colegiado que tiene 30 miembros y si no votaron 10 o 15, fue su decisión. Lo que están haciendo al permitir sus votos, es una mañosería".

Ernesto Álvarez

"Sí hay espacio para interpretación y el uso parlamentario ha consagrado esta práctica desde que se instalaron las legislaturas durante el gobierno de Alejandro Toledo. Los precedentes, en el uso parlamentario, tienen un gran valor".

Víctor García Toma

"Los artículos 100 de la Constitución y 89 del reglamento del Congreso son muy claros. Indican que los miembros de la Comisión Permanente no participan en la votación para declarar si hay lugar o no en una imputación. La práctica parlamentaria llevó una costumbre contra la Constitución que debería ser inválida si se judicializara. No se puede distinguir donde la ley no distingue. El error no genera derecho".

- ¿Se puede aprobar por mayoría una interpretación constitucional como ocurrió antes de sancionar a Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel?

Raúl Ferrero

"Creo que la votación de una interpretación constitucional tiene mucho menos peso que el uso de algún precedente. No es un argumento que convenza. Es discutible si la mayoría puede o no resolver un problema así".

Domingo García Belaunde

"Lo que ha ocurrido antes es que se hacen interpretaciones cuando la Constitución es un poco vaga [...] Pero cuando hacen acá una interpretación tan artificial, le dan valor a su opinión pero por una vía mañosa. Lo ideal es que esta interpretación se plasme en una ley, en una resolución legislativa y no solo en una cuestión previa".

Ernesto Álvarez

"Sí pueden porque el Congreso es uno de los órganos que interpreta la Constitución y su propio reglamento. Lo puede hacer desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en sus dictámenes. Pero el Tribunal Constitucional puede corregir esa interpretación porque es el órgano que cierra cualquier duda".

Víctor García Toma

"Cualquier acto parlamentario parte de una interpretación de la Constitución. Sin embargo, hay opiniones válidas y otras equivocadas, como la que acaban de hacer. Si hubiera habido una práctica instaurada, no habrían tenido siquiera que debatirla pero la sometieron a voto [...] Además, obviaron el requisito del quórum e hicieron un cómputo como si no contara la Comisión Permanente en el total para obtener la mayoría simple".

- ¿Qué medidas podrían presentarse que pongan en duda la constitucionalidad de estas suspensiones?

Los cuatro analistas señalaron que procedería una acción de amparo que los congresistas afectados podrían plantear ante el Poder Judicial. A esto se le podría sumar una medida cautelar que podría entrar en vigencia en menos de un mes.

Una acción de amparo podría terminar de ser tramitada y apelada en la Corte Suprema en cuestión de unos 5 o 6 meses. En el Tribunal Constitucional, el proceso podría tomar otros 3 meses más.