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Maria Alejandra Campos

es el claro ganador de la crisis política que vivimos. El problema es que es, tal vez, el único.

Su jugada de proponer el ha sido la mejor que ha podido plantear en el ajedrez político que se ha llevado a cabo entre Ejecutivo y Legislativo en los últimos 3 años. Por un lado, su gobierno no tiene una agenda clara y casi ningún logro relevante que mostrar, como quedó claro en su extenso mensaje a la nación; por ende, no tiene mucho que perder al dejar la presidencia de manera anticipada.

Por otro, el Congreso de mayoría fujimorista se ha esmerado en mantener una postura obstruccionista desde que fue elegido. Un potencial adelanto de elecciones satisface a las voces que pedían el cierre del Parlamento sin recurrir a una medida extrema como disolverlo.

No importa qué pase luego, si las elecciones efectivamente se adelantan o si el Congreso contraataca y pide la vacancia, Martín Vizcarra se irá a su casa como el político más popular del siglo. A menos que lo vinculen a un acto de corrupción, sus opciones de regresar al sillón presidencial en el 2026 (o 2025) son innegables.

El principal culpable de la crisis que vivimos es el Congreso. Si bien la última cuestión de confianza y el cuestionado pedido de mantener la ‘esencia’ de los proyectos desencadenaron el más reciente capítulo de la telenovela, esta fue una medida que se tomó luego de repetidas agresiones del Parlamento al Ejecutivo.

Recordemos que PPK quiso dialogar con Fuerza Popular, y permitió que le interpelen y censuren ministros antes de solicitar la confianza para su Gabinete. Cuando Vizcarra asumió el cargo de mandatario, también lo hizo de la mano de la bancada naranja, pero las posturas parlamentarias frente a temas como la publicidad estatal o las cooperativas, los proyectos de referéndum y el blindaje a Chávarry marcaron un distanciamiento definitivo entre ambos.

Sin embargo, el único gran beneficiario de la salida que ha planteado el presidente a la crisis política es él mismo.

Si se adelantan elecciones, será un año perdido para el país. Además de lo que ocurra con el sector privado, el Estado, sin duda, se paralizará. Ningún ministro va a apostar por ningún proyecto relevante, los funcionarios públicos no encontrarán voluntad para avanzar con sus tareas y claramente ninguna política de mediano plazo encontrará buen puerto.

Además, solo una parte minúscula –por no decir ninguna– de la reforma que supuestamente iba a mejorar la institucionalidad democrática se hará efectiva en la siguiente elección.

Lo que se vendría tras unas elecciones generales en el 2020 es un sistema deslegitimado y más fragmentado que el actual. Para colmo, lleno de políticos noveles, ya no solo en los gobiernos locales y regionales, sino también en el Poder Legislativo.

Entiendo el hartazgo de Martín Vizcarra, que es el mismo de la gran mayoría de ciudadanos, pero la única salida no puede ser la que tiene un único beneficiario. No me refiero a buscar consensos, porque a estas alturas queda claro que no es un camino realista, sino a aguantar las embestidas del Congreso hasta que culmine su mandato.

No es un camino atractivo, ni permite altas tasas de popularidad, pero creo que era lo que tocaba. Por supuesto, ya no hay vuelta atrás.