PPK: ¿Podrían atribuirle delito si mintió a la Comisión Lava Jato?

Las declaraciones del empresario brasileño Marcelo Odebrecht sobre el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) han sacudido en las últimas horas el ambiente político. Ante fiscales peruanos en Brasil el pasado 9 de noviembre, el encarcelado empresario —señalaron fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio— manifestó que la compañía contrató como asesor al hoy mandatario luego de que culminara el gobierno de Alejandro Toledo, en el que fue ministro de Economía y jefe del Gabinete Ministerial.

Además, Odebrecht refirió que si es que PPK estuvo entre los favoritos de las elecciones del 2011, la empresa financió con aportes su campaña, aunque acotó que esa información debía ser corroborada con el ex directivo de la constructora en el Perú, Jorge Barata.

El testimonio de Marcelo Odebrecht contradice lo afirmado por Kuczynski en anteriores ocasiones e incluso en su carta del 23 de octubre ante la Comisión Lava Jato del Congreso. En el documento negó haber recibido aportes de la compañía. Pero además apuntó: "Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas, que públicamente vienen siendo vinculadas al caso Lava Jato".

Ante ambas posiciones, ¿podría atribuírsele a Kuczynski el haber mentido al Congreso y cometido algún delito? ¿De ser así, cuáles serían las consecuencias? 

—Posiciones—
En principio, los penalistas Mario Amoretti y Luis Lamas Puccio coincidieron en señalar que el ámbito de acción de la Comisión Lava Jato, a la que PPK envió el oficio con las respuestas a los temas planteados por el grupo investigador, corresponde a un procedimiento administrativo y no judicial.

Así, para Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, de comprobarse en un futuro que Kuczynski mintió en ese documento oficial ante la comisión se configuraría el delito contemplado en el artículo 411 del Código Penal: falsa declaración en procedimiento administrativo.

“Es un procedimiento administrativo porque la Comisión Lava Jato no juzga, no administra justicia, solamente hacen esa investigación […] Sus conclusiones podrán servir como referencia para un proceso investigativo por parte de la fiscalía o el Poder Judicial”, explicó Amoretti.

La citada norma castiga la violación de la presunción de veracidad y contempla una pena no menor de uno ni mayor de 4 años de cárcel.

“El presidente de la República no puede ser denunciado por un delito en cuanto al ejercicio de función. Se tendría que esperar a que terminara su labor”, comentó en esa línea el penalista Luis Lamas Puccio, apuntando que el otro tipo penal podría ser el de falsedad genérica. Sin embargo, en ambos casos, precisamente tras el mandato de PPK esas imputaciones podrían prescribir.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló más temprano también que dar una declaración falsa en el marco de una investigación administrativa es un delito.

Una posición discrepante expresó el abogado penalista Carlos Caro, quien señaló que prestar una declaración ante una comisión investigadora del Congreso no es equivalente a una declaración judicial, que se hace bajo juramento y con las consecuencias del perjurio.

“La declaración de PPK no es considerada como una falsa declaración en procedimiento administrativo, porque la respuesta ante la Comisión Lava Jato es un procedimiento constitucional político”, sostuvo Caro.