PPK (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
PPK (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Redacción EC

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz ordenó la incautación de inmuebles ubicados en San Isidro y Cieneguilla, los cuales están vinculados al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (). Todo ello, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el presunto delito de lavado de activos. 

A continuación, las claves del pedido que realizó la fiscalía y que fue admitido por el magistrado.

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—Interceánica—
Todo esto parte de las pesquisas fiscales por la adjudicación del proyecto de la Carretera Interoceánica Sur (tramos II y III) al consorcio integrado la constructora Odebrecht.

Según la tesis de la fiscalía, PPK tuvo una “intervención directa para materializar el acuerdo corruptor sostenido entre Jorge Barata (exrepresentante de la compañía) y (el expresidente) Alejandro Toledo”, en su condición de ex ministro de Economía y Finanzas.

Así se indica en la resolución del juez Chávez Tamariz, a la que tuvo acceso a El Comercio. Entre los fundamentos de la fiscalía, también se señala, por ejemplo, que fue “en Palacio de Gobierno” en donde se resolvió que la construcción de esta obra “no sea licitada bajo las normas de la contratación de la obra pública”. Evitando así pasar por el rígido procedimiento del SNIP.

También se hace referencia a resoluciones supremas como la 044-2004-EF, mediante el cual PPK designó a los miembros del Comité de Proinversión, “quienes se encargaron de conducir el proceso de concesión” del proyecto.

“Todos los hechos anteriormente señalados son los que permiten entender por qué la empresa Odebrecht transfiere dinero al imputado Pedro Pablo Kuczynski, a través de una compleja estructuración de operaciones que implicaron ‘asesorías financieras’ y ‘transferencias de fondos a la empresa Westfield Capital LTD’”, se lee en el documento.

—Asesorías y Olmos—
La fiscalía remarca ante el juez que antes del otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato por el proyecto Trasvase Olmos (2004), la empresa de PPK Westfield Capital, el BCP y Odebrecht suscribieron una “asesoría financiera”.

“En otras palabras, a pesar de no haberse adjudicado aún el contrato de concesión de Olmos, Odebrecht ya había contratado a la empresa de Kuczynski para que lo asesorara”, se lee.

Fue PPK quien autorizó, en su calidad de ministro, y a través de un decreto supremo, la concesión de este contrato a Odebrecht, que estaba representada por Jorge Barata.

En febrero del 2006, mediante otro decreto suscrito por PPK se aprobó otorgarle una garantía por hasta US$401’331,00.00 a favor de la concesionaria Odebrecht.

“En otras palabras, —se señala— el Estado, a través de las normas antes citadas, dio facilidades necesarias a fin de que la concesionaria de Odebrecht viabilizara su estructuración financiera y así cumplir con el contrato”.

—Trasferencias sospechosas—
El 2 de julio del 2004 se constituyó la empresa Dorado Asset Management LTD en Las Islas Vírgenes Británicas, figurando PPK como el único accionista. Dos años más tarde, en el 2006, se otorgó un poder especial a dos personas y se les faculta para comprar el inmueble de la calle Choquehuanca (N°967) de San Isidro. Esta vivienda había sido adquirida años antes por Kuczynski.

Fiscal José Domingo Pérez encabezó diligencia en el inmueble propiedad de PPK, en San Isidro. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)
Fiscal José Domingo Pérez encabezó diligencia en el inmueble propiedad de PPK, en San Isidro. (Foto: Mario Zapata/ El Comercio)

Para la fiscalía, “esto último no llamaría la atención” de no ser porque esta empresa ‘offshore’ realizó dos trasferencias a PPK: el 16 de marzo del 2006, por US$350,000; y el 21 de marzo del 2006, por US$345,000 por la compra de este inmueble. El fondo para esta compra —se detalla— había sido previamente facilitado por su otra ‘offshore’, Westfield Capital.

Luego de esta operación, PPK “inmediatamente efectuó dos retiros” para “devolver” el dinero a Westfield. El 17 de marzo del 2006, por US$35,000; y el 23 de marzo, por otros US$323,099.

“Es decir, los imputados Kuczynski y Kisic Wagner (su secretaria) quisieron ocultar el activo depositado primigeniamente trasferido a Wesfield Capital, provenientes de la labor de estructuración financiera encomendada” por Odebrecht, se sostiene.

En ese marco, se detalla que la ‘offshore’ Dorado Asset Management LTD “no solo sirvió para realizar actos de lavado” sino también para incrementar el activo de la empresa.

Ahora bien, el inmueble ubicado en Cieneguilla también fue adquirido por la offshore el Dorado por US$320.00 en el 2004, a un año de ser constituida la empresa. Para la fiscalía, aquí también se empleó la misma modalidad utilizada para adquirir la calle de Choquehuanca.