El allanamiento de la casa de PPK en  la calle Choquehuanca, en San Isidro, se realizó el pasado 24 de marzo. (Foto: Eduardo Cavero/El Comercio)
El allanamiento de la casa de PPK en la calle Choquehuanca, en San Isidro, se realizó el pasado 24 de marzo. (Foto: Eduardo Cavero/El Comercio)
Karem Barboza Quiroz

El ex presidente , solicitó que se reprograme su declaración ante la fiscalía de la Nación que decidió abrirle dos investigaciones, una por el humanitario otorgado al ex gobernante  y otra por el presunta compra de votos para evitar su vacancia.

En declaraciones a El Comercio, el abogado César Nakazaki sostuvo que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, incorporó a en expedientes casos distintos y programó para mañana su declaración por el caso de los videos que grabó el legislador Moisés Mamani.

Sin embargo, indicó que como recién han sido incorporados en los dos casos, necesitan tiempo para poder analizar las diligencias que se han desarrollado a nivel fiscal.

Sobre el indulto, Nakazaki indicó que  "fue regular y que lo único que hay que analizar es si existió o no la enfermedad". Además, agregó, que se diga que hay negociaciones políticas "pues todo indulto tiene un componente político".

"Que digan que es ilegal el indulto, eso sería siempre y cuando se hubiera inventado la enfermedad como ocurrió en el caso del empresario José Francisco Crousillat", anotó.

PPK es investigado por el presunto delito de lavado de activos por presuntos pagos ilícitos que recibió de parte de la empresa Odebrecht.

-Apelación al voto-

De otro lado, la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción dejó al voto el recurso de apelación que interpuso PPK contra la decisión judicial que prohíbe que venda, transfiera o hipoteque su vivienda ubicada en la calle Choquehuanca, en San Isidro.

El fiscal superior adjunto Hernán Mendoza Salvador, indicó que si bien están en etapa de investigación preliminar, existen acuerdos plenarios que por excepción permiten diversas medidas cautelares.

Como jurisprudencia reciente, citó el impedimento de salida que la Corte Suprema aplicó al ex consejero Orlando Velásquez y al suspendido juez supremo César Hinostroza -que si bien es una medida distinta a la inhibición- se realizó en la etapa de investigación preliminar.

La procuradora adjunta del caso Lava Jato, Gissel Andía Torres -quien no participó del debate pero pudo exponer sus argumentos- indicó que se está defendiendo los intereses del Estado.

"Esto es para garantizar el futuro pago de reparación civil porque el inmueble de Choquehuanca es uno de los pocos bienes que figuran a nombre del procesado", dijo.

En sus alegatos, el abogado Nakazaki, indicó que debería declararse "improcedente" la medida de inhibición contra el inmueble de PPK, puesto que la investigación está en en etapa preliminar y no en un proceso judicial, como establece la norma. 

Además, dijo que no se cumplió con el estándar probatorio que pues solo se habla de indicios y no la comprobación de un delito pues la documentación que presentó la Fiscalía sobre los pagos de Odebrecht, habla solo de una asesoría "que es legal" y no de sobornos.

Finalmente, indicó que no existe riesgo que se pueda ocultar el bien inmueble y que el plazo de la inhibición no se ajusta a la Ley que establece que máximo puede ser por 30 días y no por 36 meses.

El tribunal, integrado por los magistrado anunciaron que emitirán su decisión en un plazo de 15 días.

De otro lado, el juez Manuel Chuyo también dejó al voto el pedido de tutela que interpuso PPK para que se declare ilegal la entrega adelantada de documentos que sustente sus ingresos personales y de las empresas para las que trabajó.