Martín Vizcarra
Martín Vizcarra
Juan Paredes Castro

Los resultados que ha obtenido el presidente Martín Vizcarra en un par de meses son, para quienes tenemos alguna duda, increíblemente ciertos.

1. Aprovechó políticamente muy bien la indignación popular por el escándalo de corrupción en la magistratura, para obligar al Congreso a aprobar cuatro reformas constitucionales que por iniciativa propia este nunca las hubiera siquiera considerado. El Congreso solo tenía una salida: aprobarlas sí o sí. De otro modo, su sólida mayoría, el fujimorismo, hubiera parecido coludida con la corrupción.

2. La indignación popular le dio al presidente la oportunidad de usar la jefatura del Estado como arma de presión sobre el Congreso. Una función constitucional más bien retórica que le permitió a Vizcarra ponerse por encima de tres poderes: el Legislativo, el Judicial y el fiscal. Este es un resultado tanto o más importante que el primero, pues ha reivindicado un poder (la jefatura del Estado) venido a menos en una Presidencia de la República a la que hemos visto siempre actuar como una jefatura del Gobierno, en el mismo nivel que los demás poderes.

3. Claro que una jefatura del Estado real, con prerrogativas claras y precisas en la Constitución, tendría que usarse siempre en lo que debe ser, en asuntos de Estado y no de Gobierno. Esta es, por ejemplo, una reforma pendiente, que nadie se atreve a plantear, porque, entre otras cosas, muchos prefieren una presidencia en apariencia fuerte y en la práctica débil en términos de manejo del Estado. Mi libro “La presidencia ficticia” incluye una propuesta de reforma completa del constitucionalista Marcial Rubio Correa, que, por supuesto, se cae de madura.

Así las cosas, con los réditos políticos y populares que harán que tengamos un nuevo sistema de elección y evaluación de jueces y fiscales, reglas más racionales y transparentes para el financiamiento de partidos políticos, el retorno a la bicameralidad (vuelta al Senado) en el Congreso y la prohibición de la reelección parlamentaria inmediata, Vizcarra ha pasado exitosamente la escoba sobre el suelo de otros poderes que no son los suyos.

Ahora no solo necesita una escoba anticorrupción y proeficiencia para barrer al interior de la administración pública (léase ministerios y organismos descentralizados), sino también un tractor gerencial para movilizar inversiones allí donde están ausentes, y destrabar otras allí donde los requisitos de desarrollo sostenible las inutilizan.

El toque de alarma radica en que nuestra economía no está creciendo al ritmo de las necesidades de empleo y reducción de la pobreza; y los proyectos de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, hospitalaria, educacional, turística, que debieran ser claves en el aumento del PBI, andan a mitad de camino, entre paralizadas e inviables.

Con un bajo crecimiento de la economía, bordeando el 3%, incapaz de generar distribución social efectiva, más una deficiencia endémica en los niveles de gestión pública y de ejecución del gasto productivo y social, no hay forma de que accedamos pronto a la OCDE (el club de los países desarrollados), donde ya están hace rato México y Chile, y desde hace poco Colombia.