(Foto: Congreso de la República).
(Foto: Congreso de la República).
Jonathan Castro

Después de la censura contra el ministro de Educación Jaime Saavedra, el entonces presidente lamentó la decisión del pleno del Congreso, usó algunas palabras fuertes y nombró a su sucesora.

La única medida que Kuczynski tomó durante su gestión para fustigar al Congreso fue plantear la cuestión de confianza de su gabinete, ante las amenazas de censura contra su segunda ministra de Educación, Marilú Martens.

Perdió, y en reemplazo de Martens nombró a un exfuncionario de uno de los partidos que mayor oposición le hizo: Idel Vexler, exviceministro del gobierno aprista.

Aunque al inicio reaccionó de forma lenta, sus respuestas se pueden dividir en dos etapas.

En un primer momento, Vizcarra asumió el cargo con el visto bueno de Fuerza Popular, como lo han relatado los periodistas Rafaella León y Marco Sifuentes en sus recientes libros. No por eso lo tuvo fácil. Heredó las consecuencias de la promulgación por insistencia de la ley que prohibía la contratación de publicidad estatal –ley Mulder–, y por eso tuvo uno de sus primeros enfrentamientos con el Congreso al presentar la demanda de inconstitucionalidad. Su popularidad, mientras tanto, iba en bajada.

A partir del mensaje a la nación del 2018, Martín Vizcarra inicia un periodo de confrontación con el Congreso que ha tenido múltiples episodios. Los más significativos son cuatro, que implican acciones concretas para poner en jaque al Parlamento y que a la vez elevaron su popularidad: la convocatoria a referéndum, las dos cuestiones de confianza presentadas y el proyecto de adelanto de elecciones. Los escenarios que se produjeron después de esos enfrentamientos –cuya responsabilidad se puede atribuir al Ejecutivo y al Legislativo– no necesariamente fueron los esperados.

–Golpes consecutivos–
Después de anunciar la convocatoria a referéndum y la presentación de los proyectos de reforma política y del sistema de justicia que se someterían a consulta popular, la popularidad de Vizcarra tuvo un primer repunte que pasó de 35% a 46%, según la encuesta de El Comercio-Ipsos de agosto del 2018.

Pero los resultados inmediatos no fueron los deseados: el Congreso aplazó la discusión por más de un mes. La propia Keiko Fujimori tildó estas propuestas como “populistas”, pues entre ellas estaba la no reelección de los legisladores.

Por ello, el Ejecutivo presentó la primera cuestión de confianza de la era Vizcarra. Al ser la segunda del gobierno, si era rechazada, el Ejecutivo tenía la prerrogativa de cerrar el Congreso. En este momento, su aprobación pasó de 45% a 61%.

Pero, otra vez, la respuesta no fue la esperada por el Ejecutivo: el Congreso aprobó la cuestión de confianza, debatió los proyectos pero modificó el de bicameralidad, por lo que el presidente promovió que este último proyecto no sea aprobado en referéndum.

Como consecuencia, el referéndum dejó un Congreso debilitado para el siguiente periodo: sin doble cámara ni la posibilidad de reelección inmediata para los congresistas.

Además, la Junta Nacional de Justicia aprobada no ha logrado activarse hasta la fecha, por lo que no se puede nombrar ni destituir jueces ni fiscales, ni a los titulares de Reniec ni Onpe.

–Reforma política–
La tercera medida fue la presentación de la segunda cuestión de confianza a raíz de la reforma política. Otra vez, si el Congreso la rechazaba, el Ejecutivo obtenía la facultad de cerrarlo. La aprobación de Vizcarra subió ocho puntos hasta alcanzar el 50%, según la encuesta de junio del 2019.

Como diversos especialistas han señalado a este Diario, los doce proyectos eran parte de una reforma integral, y con la iniciativa presentada por el primer ministro Salvador del Solar se han postergado algunas.

Como consecuencia del debate, el Congreso sólo revisó la mitad de las propuestas y las modificó, en especial la de inmunidad parlamentaria, dejando la potestad del levantamiento del fuero en sus propias manos. Vizcarra manifestó su disconformidad.

La última medida tomada por Vizcarra –a raíz de estas modificaciones– ha sido el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020. Aunque la aprobación de esta propuesta alcanza el 75% y la popularidad de Vizcarra subió 13 puntos, no ha podido superar la barrera del 60% al que alguna vez llegó.

Pero aunque el Congreso no ha decidido aún sobre el destino de este proyecto, la principal consecuencia que va a tener es dejar de lado algunas de las reformas aprobadas. Además, las voces mayoritarias ahora piden la renuncia de Vizcarra a su cargo.