El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Villarán, pidió a Luis Galarreta que se exprese de una manera alturada debido al cargo que ostenta. (Congreso de la República)
El director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Villarán, pidió a Luis Galarreta que se exprese de una manera alturada debido al cargo que ostenta. (Congreso de la República)
Redacción EC

El director ejecutivo del (CPP), Rodrigo Villarán, cuestionó la celeridad en el debate final que tendrá este martes la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso sobre el proyecto de (Apra) que plantea prohibir la publicidad estatal en medios privados y las observaciones realizadas por el Ejecutivo durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Villarán ratificó que su institución considera que la iniciativa afecta la libertad de prensa y el acceso de los ciudadanos a información. “Hacemos un llamado para que los integrantes de la comisión, que no todos piensan como el congresista Mulder, puedan votar a conciencia y optar por el archivo definitivo de esta norma”, señaló a El Comercio.

Cabe apuntar que los integrantes de la comisión Karla Schaefer (Fuerza Popular), Richard Arce (Nuevo Perú), Edmundo del Águila (Acción Popular) y Jorge Castro (Frente Amplio) señalaron a este Diario su oposición a que el proyecto se apruebe tal como está por insistencia y consideraron que deberían realizarse modificaciones.

“Nosotros no es que nos opongamos a la regulación. Por el contrario, consideramos que la falta de regulación es el peor escenario. Pero el camino ciertamente no es la aprobación de la ley que plantea el congresista Mulder, pero tampoco creemos que la vía idónea sea la modificación”, opinó Villarán.

En esa línea, insistió en que lo que corresponde es que se apruebe el reglamento de la Ley que regula la publicidad estatal —promulgada en julio del 2006, durante el segundo gobierno de Alan García— a fin de que se afinen los detalles que permitan su adecuada implementación.

—La propuesta del Ejecutivo—
Como se recuerda, la iniciativa de Mulder, que data de noviembre del 2017, fue aprobada el 28 de febrero por la Comisión Permanente y exonerada de segunda votación por la Junta de Portavoces. Posteriormente, el 21 de marzo, el Poder Ejecutivo —durante la gestión de PPK— observó la autógrafa de la ley. Pero además, presentó otro proyecto denominado ley de comunicación gubernamental, el cual no solo ha sido derivado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones —y no se abordará mañana—, sino también a la de Fiscalización.

Para Villarán, otra ley no resuelve el problema. “Lo que va a resolver el problema es que la ley vigente se reglamente”, dijo en referencia a la norma del 2006.

Esta, explicó, establece que todas las entidades públicas difundan en sus portales de transparencia los contratos de publicidad y los hagan llegar a la contraloría para que verifique si las campañas cumplieron con los objetivos que pretendían y si el medio elegido cumplía los criterios de selección a los que apuntaba la campaña. Asimismo, exige la aprobación de un plan de comunicaciones.

Al respecto y comparando la norma del 2006 con el proyecto presentado en marzo por el Ejecutivo, el representante del CPP consideró que “no se trata de una propuesta que incorpore nuevos estándares que no estén en la norma actual, es un cambio muy superficial”.

1. ¿Cuál es la base de la propuesta legislativa del Ejecutivo?
Modifica ocho artículos de la Ley 28874 (del año 2006) para regular la publicidad estatal y dispone derogar normas que se le opongan. Ante la polémica por la denominada ley Mulder, la primera ministra Mercedes Araoz planteó reglamentar la norma anterior.

2. ¿Qué plantea sobre los medios de comunicación privados?
Propone el uso “eficiente de recursos del Estado en medios gubernamentales” y “otros medios de comunicación necesarios”. Señala que se requiere a los medios privados de mayor alcance para difundir mensajes de interés para los ciudadanos.

3. ¿Cuáles son las prohibiciones que se contemplan?
Los funcionarios de la entidad estatal que realice la publicidad no podrán aparecer en las piezas o mensajes comunicacionales. Las dependencias buscarán no privilegiar a una sola empresa, a menos que los gastos se sustenten por las tarifas, el prestigio y la eficacia de las prestadoras de los servicios.

—Documentos—
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