La punta del iceberg, la columna de Maria Alejandra Campos

La crisis política de la semana se ha desatado debido a que la empresa del entonces viceministro de Patrimonio Cultural ganó una licitación durante su gestión. Además de las consideraciones políticas, el caso debería levantar alertas sobre las deficiencias en el sistema de contrataciones del Estado.

¿Por qué el sistema no detectó automáticamente que la empresa había pertenecido a un funcionario del ministerio implicado en su contratación? No debería ser difícil, la empresa presenta su RUC cuando postula a la licitación y el viceministro había declarado haber sido gerente general de la compañía en su declaración jurada de intereses. Un cruce de una centésima de segundo en cualquier sistema medianamente moderno podría haber detectado que existía un potencial conflicto de intereses.

Sin embargo, la revisión de los más de 42.000 procesos de selección en los que podrían participar alrededor de 570.000 proveedores adscritos en el Registro Nacional de Proveedores del Estado (RNP) se hace a mano. Es decir, cientos de burócratas revisan día a día los miles de folios presentados por las empresas en las licitaciones públicas para verificar que no existan irregularidades. Así, el espacio para que se den casos de corrupción o de simples irregularidades administrativas es inmenso.

Hasta ahora el presidente Vizcarra ha basado su estrategia de lucha contra la corrupción en una apuesta por un cambio cultural. Hace unos meses, por ejemplo, tuvo una reunión en Palacio de Gobierno con todos los ministros, viceministros y directores generales en la que los instó a hacerle frente a este mal y a denunciarlo de ser el caso. Sin embargo, la buena voluntad de los funcionarios no es remedio suficiente, urge el uso de tecnología para reducir la probabilidad de error.

Cualquier persona que ha pasado por el engorroso trámite de presentarse a una licitación ha tenido que lidiar con el Seace, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. En palabras de un ex funcionario de la OSCE, si tuviésemos que ponerle una nota del 1 al 10, “el Seace estaría en 1,5”. Es un sistema poco amigable y poco funcional, que no cruza información con otras bases de datos del Estado y que no permite anticipar potenciales problemas.

Otro punto crítico es que el conflicto de intereses es descartado por medio de declaraciones juradas. Eso ocurrió en el caso del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Arqueo Andes firmó una declaración en la que descartaba tener impedimento para contratar con el Estado. Pero la lógica dicta que la parte interesada no debería ser la que asegure que no hay nada irregular con su postulación. También es poco eficiente pretender que los funcionarios encargados de las licitaciones hagan trabajo de detective para comprobar si los proveedores están diciendo la verdad o no, si bien así es como funciona el sistema actualmente. Ni es viable que las empresas presenten aun más papeleo para sustentar sus postulaciones.

Lo más razonable sería integrar los sistemas de información del Estado (Sunat, RR.PP., etc.), para disminuir la discrecionalidad de las partes interesadas. Ello no solo impediría que se comentan actos de corrupción, sino también protegería a funcionarios honestos que cometen errores administrativos.

No se trata de inventar la pólvora, ya se hace en otros países, pero requiere voluntad política e inversión.