Rafael Vela
Rafael Vela
Rocío La Rosa

Luego de algunos días de incertidumbre tras su breve remoción y la de José Domingo Pérez del equipo Lava Jato, el fiscal superior confirma que el acuerdo con sigue en pie y que espera interrogar a Jorge Barata en febrero.

El viernes en la noche, el fiscal Pérez allanó las oficinas de un asesor del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Hasta este momento, ¿qué información relevante para las investigaciones se ha hallado en esta diligencia?
Es una diligencia que se ha llevado a cabo en el marco de la legalidad; es decir, el fiscal José Domingo Pérez ha solicitado una autorización judicial que ha sido dispuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho. Eso [los hallazgos] es algo que no se puede comentar de manera específica. Sin embargo, de lo que he sido informado, sí han existido una serie de hallazgos que en su oportunidad seguramente el doctor Pérez incorporará dentro de la carpeta de investigación. Tengo entendido que hay algunos ambientes que están todavía por ser revisados. Han sido lacrados para solicitar la autorización judicial complementaria correspondiente.

El fiscal de la Nación no renunció a su cargo tras la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué opina de esta postura del señor Chávarry?
Esa es, por un lado, una decisión personal del fiscal de la Nación. Para nosotros es inaceptable que anteponga una cuestión de carácter personal sobre los fines de la institución y su mejor valor.

¿Va a ser posible para el equipo especial que usted dirige seguir trabajando bajo el mandato del señor Chávarry?
Es paradójico que luego de los episodios ocurridos el 31 de diciembre estemos en estas circunstancias. Entendemos que toda esta crisis se desata no desde la fecha del 31 de diciembre, sino mucho antes para nosotros, que hemos venido teniendo permanentes hostilizaciones en el desarrollo de nuestras actividades como equipo especial. Por tanto, está claro que nosotros consideramos inaceptable que [Pedro Chávarry] se mantenga dentro de la institución.

Puede seguir afectando su trabajo.
Bueno, de hecho ya se ha afectado. Objetivamente, hay una serie de afectaciones que se produjeron a raíz de su decisión y pensamos que es posible que se siga afectando el desarrollo de las investigaciones mientras él esté en la Fiscalía de la Nación.

La afectación más evidente ha sido la postergación de la firma del acuerdo con Odebrecht. ¿Estima que sea en este mes?
Sí, es posible. Lo que hemos convenido con la empresa es que el borrador debería estar listo hacia la próxima semana, pero también debería ser objeto de revisión por parte de la defensa de la empresa y sus colaboradores. No hay que olvidar que los acuerdos son, como tal, negociables. Entonces, las partes tienen que estar plenamente de acuerdo, más allá de que ya estamos de acuerdo en las líneas maestras del convenio. Luego sí, tiene que ser presentado a un control de legalidad de un juez. Entonces, estimamos que el convenio deberá estar expedito para ser firmado en la semana del 14 al 18 de enero.

¿Y los interrogatorios? ¿Serían en febrero?
Sí, posiblemente, para poder compatibilizar todas las agendas. Posiblemente serían en el mes de febrero, considerando que cuando convenimos en la fecha de enero, eso se produjo hace unos 45 días, porque ese es normalmente el tiempo que tarda en programarse cuando hay fechas un poco complicadas.

¿Y esto definitivamente tendría que ser en febrero o podría dilatarse hasta marzo e incluso más?
No, nosotros pensamos que sí [serán] en febrero. Eso es lo que estamos estimando, pero no puedo todavía confirmar una fecha exacta, porque la Procuraduría Federal brasileña levanta su receso de fin de año recién el día lunes. La suspensión [de los interrogatorios] fue de emergencia, en base a la decisión del doctor Chávarry del 31 de diciembre. El lunes o martes debemos tener una fecha de reprogramación de los testimonios, pero tiene una relación directa con la firma del acuerdo. Los testimonios se producen, porque previamente se está firmando el acuerdo.

¿La actual crisis que vive el Ministerio Público podría poner en riesgo la firma de este convenio? Es decir, ¿la parte brasileña podría retraerse argumentando que no hay las condiciones para firmar este convenio?
La decisión del doctor Chávarry de fin de año produjo una grave incertidumbre, por eso es que las diligencias se tuvieron que reprogramar, pero hemos tratado de equilibrar a partir de una estrecha coordinación con la Procuraduría Federal brasileña y con la propia empresa. No es el mejor clima, sin duda alguna, mantenerse en un nivel de coordinación con una autoridad que nosotros presumimos tiene más bien una voluntad clara de obstruir […] el desarrollo de la investigación del equipo especial.

¿Usted tiene el compromiso de la parte brasileña y la empresa de que de todas maneras se va a firmar el acuerdo?
Eso es lo que puedo dar testimonio hasta el momento. De lo que puedo dar fe es que hemos acordado una serie de decisiones conjuntas para reducir el daño colateral que ya se produjo por parte del fiscal de la Nación el día 31 de diciembre.

¿Le incomodó que el presidente Martín Vizcarra dijera que Odebrecht no debería seguir trabajando en el Perú?
Son opiniones respetables del señor presidente. Nosotros trabajamos en un plano estrictamente técnico, tenemos también bastante claro cuál es el propósito de la colaboración eficaz que en nuestro caso tiene una doble dimensión: primero, el aseguramiento de todo el material probatorio que se ha entregado durante los últimos dos años por parte de la empresa Odebrecht y, por otro lado, el compromiso de valiosa información no solamente de carácter testimonial, sino también de carácter documental sobre las actividades ilícitas que la empresa puede demostrar y probar a través de estos mecanismos.

¿Lo ha tomado como una interferencia del presidente en este tema o no lo ha visto así?
No, en absoluto, porque nosotros tenemos una estrecha relación dentro de los acuerdos a los que hemos arribado finalmente con la procuraduría pública ad hoc que lidera el doctor Jorge Ramírez.

El fiscal de la Nación ha pedido al Congreso que investigue las declaraciones del presidente y del fiscal Pérez sobre el perjuicio que habría ocasionado su decisión de separarlos del equipo especial al acuerdo con Odebrecht, porque, según dice, la demora es por el cambio de Gobierno en Brasil, no por su decisión del 31 de diciembre.
Esa es una demostración más de su intromisión y de búsqueda de tratar de cuestionar lo dicho por el fiscal José Domingo Pérez Gómez. La suspensión de las diligencias no tiene absolutamente nada de relación con lo que el fiscal de la Nación ha dicho. Los señores procuradores federales están en el pleno ejercicio de sus funciones, porque además tienen ese encargo por designación de la ley brasileña en donde el presidente no tiene una injerencia directa en este momento.