Rafael Vela: “Odebrecht puede perder sus beneficios si incumple”

El fiscal del equipo especial Rafael Vela asegura que el acuerdo final de colaboración eficaz entre Odebrecht y el Ministerio Público no es el que circula en redes sociales. Está convencido de que hay un sector interesado en buscar deslegitimar el convenio.

—Entre los puntos más polémicos del acuerdo con Odebrecht, está el hecho de que vuelva a contratar con el Estado.
La posibilidad de que una empresa pueda volver a operar tiene que ver con la sostenibilidad de lo que ya vienen haciendo en unas cosas y con el futuro de la empresa: no necesariamente implica que gane las licitaciones en las que participe. Es más, supongo que tratándose de Odebrecht se verá con más escrúpulos. Pero tiene consonancia con los acuerdos en otros países: Panamá, Brasil.

—¿Por qué le permitimos operar?
Se busca que exista un nivel de habilidad de la empresa de poder restituir las condiciones de su operatividad. Eso implica que se contemporice no solo el aspecto social interno de la empresa, sino la posibilidad de cumplir sus obligaciones y poder también, eventualmente, cautelar la sostenibilidad de la cadena de pagos.

—¿Qué garantías hay de que no se repitan los actos de corrupción?
Primero, la plana gerencial de la empresa no es la misma, y segundo, hay un programa de rendición de cuentas vinculado a las normas de compliance. No anticipamos que un documento escrito baste y sobre de credibilidad para evitar que una persona jurídica pueda volver a delinquir. Las posibilidades de que lo haga son las mismas que la de cualquiera.

—Dado el historial, ¿no deberían ser mayores las garantías?
Es relativo. Odebrecht está certificada ahora dentro de los más altos estándares de calidad, desde que salió la plana antigua en Brasil y en el Perú. No trabajamos sobre ese futuro incierto, sino en base a la credibilidad de que funcione con respeto a la ley.

—El “acta de acuerdo preparatorio de colaboración” filtrada no es el acuerdo final...
El acuerdo final es exhaustivo por la obligación de corroborar cada hecho por el que la empresa se ha declarado culpable. Ese detalle de la corroboración no se puede explicar. [Las 17 páginas que se han filtrado] forman parte de un acta de entendimiento.

—¿Cómo los afecta esta filtración?
Yo no puedo comentar sobre una filtración. Pero puedo evaluar el suceso desde una doble dimensión: por un lado, el derecho a la información de la ciudadanía, y por el otro, el interés de quienes no quieren el acuerdo porque afecta directamente sus intereses. Las líneas marco las revelamos nosotros. Si la opinión pública está informada de esto, es porque nosotros liberamos la información; no es el detalle de la corroboración ni el detalle que se presentará ante el juez.

—¿Qué medidas de seguridad se han implementado?
Nosotros siempre tenemos que estar atentos a nuestros procedimientos de resguardo de información confidencial. No solo la fiscalía tiene estos documentos, también la procuraduría y la empresa. Eso no quiere decir que una filtración pueda darse acá. Hay una investigación que realiza el despacho del Dr. Pérez.

—¿La fiscalía puede encontrar hechos que escapan de las cuatro obras reconocidas?
Esa posibilidad no se cierra. Pongamos que hay ejecutivos que dan información que no es absoluta. El Ministerio Público lo llama y le dice: he descubierto esto, ¿qué tienes que decir? Por obligación, debe decir lo que sabe. Si oculta algo y el Ministerio Público lo advierte, puede investigarlo. Nosotros podemos tener otros colaboradores que nos den información de la empresa que no ha admitido. En esos casos, la empresa tendrá que decidir si se acoge a los acuerdos de colaboración reconociendo ese hecho o si se defiende.

—¿Y si no quieren colaborar, abrirán una investigación?
Así es. La única limitación es que no podemos usar la información que nos den vía colaboración eficaz contra ellos. Podremos, además, tener acceso al sistema Drousys y My Web Day. Si nosotros encontramos documentación que los incrimine, ahí obligatoriamente se tienen que sentar y negociar los términos de la reparación.

—¿Por hechos no reconocidos?
Sí. La cantidad de información en los sistemas de esos servidores es aproximadamente más de 45 terabytes. Hay mucha información que la empresa no domina. Reitero, porque no son los mismos ejecutivos que delinquieron. Ellos traen al ex ejecutivo que delinquió, le ofrecen una solución y la empresa dice: “Mira, este ejecutivo no quiere colaborar con ustedes ni con nosotros, ustedes están en toda la libertad de abrirle una investigación”.

—Si se cayera el acuerdo, ¿puede obtenerse información ofrecida por la colaboración por otra vía?
El fiscal tiene todas las vías que la ley permite a través del acceso de pruebas. Pero el uso del material entra en grave controversia porque ha sido usado para embargos, prisiones preventivas, incorporaciones de personas y se pone en riesgo.

—¿Ve posible que un juez rechace el acuerdo?
Siempre es posible. El primero de los convenios de colaboración eficaz en el caso de ‘La Centralita’ fue objetado. Se apeló y la Sala Superior ordenó que se homologara.

—¿Más de S/610 millones de reparación civil implicaban la quiebra de la empresa?
Los técnicos dijeron que no necesariamente quebraba; pero era una posibilidad porque la empresa ya tenía problemas financieros. Abrieron sus estados financieros a los técnicos para que vean que su situación era crítica.

—Como negociación, se gana y se pierde. ¿Qué se gana?
Las colaboraciones eficaces son negociaciones que tienen que ver con admitir la culpabilidad. Lo relevante para el Ministerio Público está en la información privilegiada que va a permitir criminalizar en aras de averiguar la verdad. El sistema de justicia peruano ha recibido información que le ha permitido abrir 38 investigaciones. No se trata de establecer promesas a futuro, sino obligaciones que están en el convenio. La empresa puede perder sus beneficios si incumple. Si no hay acuerdo, asumiremos un daño colateral: las 38 investigaciones entrarían en grave problema de legalidad.

—¿Toda la información que entregarán ya ha sido corroborada?
Sí. El nivel de corroboración es el que demandaría el juez para condenar. Mucho se especula en decir que, en realidad, esa información ya se conoce. Es cierto. Era parte del proceso de entrega progresiva de información, utilizada para pedir medidas coercitivas. Pero ahora le damos el valor de llevarla a juicio. El valor que le damos es el de proteger esa evidencia y llevarla a juicio. Finalmente, lo que en el fondo termina importando no es una prisión preventiva, sino una condena a través del juicio público.

—¿Hay indicios de otras empresas que quieran acogerse a la colaboración eficaz?
Es una pregunta que no puedo responder. Sí puedo decir que el mecanismo estimula a que otras personas jurídicas o naturales puedan acogerse. Eso es algo que concretamente sí se está produciendo, pero no puedo dar más detalle.

—La congresista Karina Beteta ha dicho que Odebrecht demandaría al Estado, por Chaglla, por US$2 mil millones en arbitrajes internacionales.
Nosotros no tenemos conocimiento.

—¿Viajarán a Brasil para entrevistar a Pinheiro, mandamás de OAS?
No está previsto. Sabemos que Pinheiro habría accedido a la condición de delator premiado en Brasil. Hay que saber en qué términos se ha definido la delación y averiguar si incluye también hechos ocurridos en el Perú.