(Foto: Congreso)
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Mario Mejía Huaraca

El congresista Oracio Pacori (Nuevo Perú), miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se mostró de acuerdo con la decisión del Poder Judicial de cambiar la tipificación de los delitos imputados al destituido juez y a los ex miembros del CNM Guido Aguila e Iván Noguera.

Este miércoles el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aceptó el pedido de la fiscalía para investigar a César Hinostroza, ya no por patrocinio ilegal como se autorizó en el Congreso, sino por tráfico de influencias agravado. Igualmente dispuso que los ex consejeros Aguila y Noguera sean indagados por cohecho pasivo impropio en lugar de simple patrocinio ilegal.


Pacori sostuvo a través de su cuenta de Twitter que la decisión de la fiscalía está amparada en el artículo 450, inciso 6, de Código Procesal Penal. Esa norma dice que si de la investigación se advierte que la tipificación de los hechos es diferente a la señalada por la resolución acusatoria del Congreso, el fiscal puede pedir la recalificación y que no se requiere la intervención del Congreso.

"Respetamos su autonomía [de la fiscalía], corresponde que hechos investigados por acusación constitucional se adecuen al delito que considere", escribió Pacori, quien presentó el informe final sobre las denuncias constitucionales contra Hinostroza en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En tanto que (Apra), también miembro de la subcomisión, sostuvo que la resolución dictada por el juez supremo Hugo Núñez Julca es "una decisión controvertida". 

El parlamentario indicó que el último párrafo del Artículo 100 de la Constitución señala que la denuncia fiscal no puede aumentar ni disminuir los términos de la acusación del Congreso.  Según el legislador este párrafo crea muchos problemas.  

Velasquez recordó que el Tribunal Constitucional exhortó al Congreso en el 2004  a modificar la última parte de ese párrafo pues estaría afectando la autonomía del Ministerio Público.

"Yo creo que la fiscalía debe tener toda la autonomía para calificar las conductas típicas. Lo que el poder político debe hacer en el proceso de antejuicio es tamizar y verificar si no hay elementos extraños que se imputan al alto funcionario y autorizar su procesamiento, nada más, y evitar que el Ministerio Público pueda pedir una recalificación en el curso del procedimiento", dijo a El Comercio.

Velásquez se preguntó qué pasaría si los abogados de los imputados impugnan la decisión del juez supremo. "Nosotros hemos autorizado el procesamiento de este aforado, pero qué ocurriría si nos devuelven el procedimiento para que lo recalifiquemos.  El Congreso no va a estar calificando cada uno de los actos procesales del caso, se estaría excediendo en sus atribuciones", indicó. 

El representante aprista consideró que la decisión judicial podría favorecer a Hinostroza. "Yo podría pensar que le están haciendo un favor, porque en España él puede plantear que el Poder Judicial ha incumplido el mandato de la Constitución", acotó.

Velásquez también cuestionó lo que sostuvo el procurador anticorrupción Amado Enco en cuanto a que el Congreso habría querido ayudar a los imputados al acordar que que se les procese por delitos menores, lo cual obligó al fiscal a pedir la recalificación.

"Me parece una falta de respeto que un funcionario de ese nivel esté cuestionado una decisión del Congreso que soberanamente tomó una posición", manifestó. 

César Segura (Fuerza Popular), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, expresó que no podía emitir una opinión sobre la decisión judicial porque dijo que "aún está en giro el caso del ex magistrado supremo Hinostroza y los ex integrantes del CNM".

Expresó, no obstante, que en los casos de antejuicio, las funciones del Congreso pueden ser en cierta medida similares a las del Ministerio Público (porque acusa), e incluso a las del juez instructor (porque previamente investiga), pero nunca sanciona.

"Y es que la facultad de aplicar sanciones sobre la base de argumentos jurídico-penales, es exclusiva del Poder Judicial por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En Consecuencia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben ajustar su actuación dentro de lo establecido en la Constitución y las norma procesales correspondientes", anotó Segura.

Para el abogado penalista Carlos Caro, la variación de la imputación penal será de gran ayuda para la investigación preparatoria que realiza el fiscal Jesús Fernández. "Antes, la indagación estaba delimitada a un delito menor como patrocinio ilegal, ahora el fiscal podrá ver asuntos de corrupción que están implícitos en este caso. La recalificación será positiva para la investigación", afirmó.

El abogado Luciano López-Flores también considera que el nuevo tipo penal facilitará al fiscal una investigación más amplia y completa. El letrado indica que el juez supremo dispuso la recalificación jurídica aplicando el Nuevo Código Procesal Penal.