Reforma electoral: no hay consenso sobre sanción política a partidos

Si bien el Congreso ha dado un paso importante en la reforma electoral, aprobando en su última sesión plenaria la prohibición para postular a cargos de elección popular a condenados por terrorismo, violación sexual, corrupción y tráfico ilícito de drogas, todavía está pendiente de una segunda votación la norma que garantice la transparencia en el financiamiento de las organizaciones.

En este punto la legisladora Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución, a cargo del paquete de reforma electoral, explicó a este Diario que no ha habido consenso para incorporar propuestas como la de la Asociación Civil Transparencia, de establecer sanciones políticas efectivas a las organizaciones que reciban, por ejemplo, dinero de fuente prohibida por ley.

Esta asociación planteó la suspensión y hasta la eliminación de la agrupación infractora del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), considerando que las multas no han sido disuasivas.

“No ha habido consenso para sanciones políticas como la pérdida de la inscripción. La única consecuencia política [establecida en el dictamen] es la pérdida del financiamiento público”, precisó Letona.

La congresista de Fuerza Popular anotó que tampoco hubo consenso para mantener la rendición de cuentas parciales ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por parte de los partidos.

El dictamen plantea que los informes pasibles de fiscalización se presenten recién al final del proceso electoral, lo que para Transparencia dificultaría un efectivo control.

Su secretario general, Gerardo Távara, tiene confianza en que las sanciones políticas efectivas que proponen puedan incluirse antes de la segunda votación en el pleno.

“No deberíamos dar el debate por concluido [...] varios grupos parlamentarios se han pronunciado a favor”, dijo.

Sí consideró que es “un paso muy importante” que se haya corregido una norma “absolutamente flexible sobre requisitos para ser candidato”, teniendo en cuenta que lo único que se exigía era tener una edad mínima.

—Exclusión de indultados—
En otro momento Letona explicó por qué se excluyó a los indultados de las restricciones para postular.

Indicó que se trata de personas que fueron beneficiadas por el “indulto razonado y especial”, figura establecida por el Tribunal Constitucional para quien “fue condenado siendo inocente”, por lo que solo se aplicará en estos casos.

También precisó que la prohibición rige desde su publicación, lo que debe ocurrir a inicios de la próxima semana. Cabe recordar que las elecciones regionales y municipales serán convocadas en los primeros días del 2018.

Letona señaló que no se incluyó la ampliación a personas con prisión preventiva porque primó el principio de presunción de inocencia.

La titular de la Comisión de Constitución manifestó sentirse “satisfecha” con las recientes modificaciones porque significa que se ha “avanzado muchísimo”.

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