(Foto: El Comercio)
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Entre enero y diciembre de 2018 se han registrado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos () 254 sanciones a abogados profesionales por haber incurrido en malas prácticas. 

Así lo informó a El Comercio el viceministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, quien estimó que alrededor de un 60% de esta cifra corresponde a sanciones que provienen de las cortes superiores del país.

Al menos un 16%, añadió Castañeda, son sanciones dadas por los propios colegios profesionales.

Estas penalidades van desde multas de 2 URP (Unidad de Referencia Procesal), equivalente a S/830, así como suspensiones, inhabilitaciones y destituciones.

Todas estas sanciones figuran en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica, el cual es administrado por el referido ministerio desde su creación, en el 2017.

Las sanciones de las cortes superiores se dan, en su mayoría, a los abogados que intentan dilatar procesos contra sus patrocinados a través de reiteradas inasistencias injustificadas a las audiencias.

También se registran inhabilitaciones de los colegios profesionales por falsificación de documentos en los procesos, faltas éticas, entre otras imputaciones.

“Estas sanciones, que se imponen en el marco de los procesos judiciales, se notifica al registro que lleva a cabo el Ministerio de Justicia”, apuntó Castañeda.

En suma, se han inscrito desde el 2017 un total de 563 sanciones, precisó la Dirección General de Justicia.

El viceministro Fernando Castañeda explicó que en el 2019 se buscará fomentar la difusión de estas sanciones a los abogados, a fin de que la ciudadanía no solo los involucrados tome conocimiento.

“Que la sanción que se impone no quede en el expediente y que solamente no sea de conocimiento del juez, del auxiliar y de las partes, que esa sanción efectivamente sea reportada porque tiene consecuencias para efectos del ejercicio profesional del abogado”, afirmó.