“Posiblemente la decisión que hemos tomado sea una medicina peor que la enfermedad”, comentó Ricardo Burga, congresista de Acción Popular sobre la ley en torno a la ONP. (Foto: GEC)
“Posiblemente la decisión que hemos tomado sea una medicina peor que la enfermedad”, comentó Ricardo Burga, congresista de Acción Popular sobre la ley en torno a la ONP. (Foto: GEC)
René Zubieta Pacco

El vocero alterno de la bancada de Acción Popular, Ricardo Burga, solicitó a la Oficialía Mayor del registrar su posición en abstención en la votación realizada en el pleno, mediante la cual se aprobó por mayoría el retiro de fondos de la Oficina de Normalización Previsional () hasta por S/4.300.

Así, Burga sería el único miembro de su bancada en tener una postura distinta, puesto que los 22 legisladores presentes al momento de la votación marcaron a favor del dictamen sustentado por el presidente de la Comisión de Economía, el también acciopopulista Anthony Novoa.

Con su decisión expresada a través de un documento, el parlamentario da cuenta de que no comparte la decisión de sus colegas de bancada. ¿Pero por qué no votar entonces en contra? “Estoy de acuerdo con la norma, no con la forma”, comentó a El Comercio.

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“Posiblemente la decisión que hemos tomado sea una medicina peor que la enfermedad”, dijo también al criticar la norma aprobada por insistencia y que permite el nombramiento automático de profesionales de la salud, pese a que Essalud había advertido que ocasionaría un perjuicio económico de S/ 1.100 millones.

“Yo no busco el aplauso fácil. Cada uno responderá”, refirió respecto a la votación de sus colegas.

Captura del documento enviado por Ricardo Burga.
Captura del documento enviado por Ricardo Burga.


Debate

Precisamente, durante el debate de la norma, el vocero alterno de Acción Popular pidió a su colega Novoa y a las otras comisiones dictaminadoras (Defensa del Consumidor, Presupuesto y Trabajo y Seguridad Social) cuánto costará la ley, a quiénes se beneficiará, cómo y de dónde saldrán los recursos económicos.

Aunque consideró justo que se reconozca a los aportantes, explicó que “la ONP se crea no como aporte, sino como contribución. Por lo tanto, esto viene a ser finalmente un tributo. Es un fondo en común, no individual como sí lo tienen las AFP”.

En ese sentido, exhortó al Parlamento mayor sustento técnico “para poder llegar a una cifra que sea manejable para ambas partes”. Fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguraron a este Diario que la norma demandaría S/13.280 millones sin contar con los intereses. Burga cree que se trata de un gasto directo de más de S/15.000 millones.

“Este proyecto de ley, al final, lo único que va a traer es tristeza en el pueblo peruano, porque finalmente en vez de crear una ilusión y una realidad de que pueda cobrar en el corto plazo un monto que lo pueda ayudar a vivir en esta crisis por la pandemia, se convierta en una frustración que finalmente llegue al TC a declarar esta ley anticonstitucional”, manifestó en el pleno.

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Y aunque calificó de “irracional” y “un insulto a la clase trabajadora” del país la propuesta del Ejecutivo, aseveró: “Tampoco podemos ir a los otros extremos. A un extremo maximalista de que por efectos de la calle o el sentir de la calle aprobemos un monto que sea impagable, un monto que el propio Ejecutivo ya anunció al Congreso que va a ser observado y que posiblemente llegue al Tribunal Constitucional para que sea declarado anticonstitucional”.

El Gobierno planteaba liberar S/1.300 millones. Según los legisladores, esto significaría un bono de entre S/200 y S/300 dado el universo de afiliados a la ONP.

Cabe señalar que una de las disposiciones complementarias finales de la ley aprobada establece que “las personas que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y que a los 65 años de edad o más no han logrado cumplir con los requisitos para obtener una pensión tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes efectuados”, de acuerdo a lo establecido por la norma.

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