(Foto: Archivo El Comercio)
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Rodrigo Cruz

La investigación seguida por presunto lavado de activos— y otros delitos— contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014) es, en palabras del fiscal superior Rafael Vela, el caso en que probablemente se tiene más evidencias. Ello, según explicó Vela, debido a que cuentan con información de las dos empresas brasileñas involucradas (Odebrecht y OAS), las cuales contrataron con la Municipalidad de Lima cuando ella lideraba la entidad.

El fiscal Vela, entrevistado por el diario español "El País", no dio más detalles sobre los contratos a los que se refería, pero era claro que se trataban de los proyectos "Rutas de Lima" y la "Línea Amarilla". A la fiscalía le llama la atención los tiempos en que se firmó la concesión de “Rutas de Lima” (9 de enero del 2013) a favor de Odebrecht y se suscribió la adenda N° 1 de la “Línea Amarilla” (13 de febrero del 2013) en beneficio de OAS, pues coinciden con un supuesto financiamiento que ingresó la campaña por el No a la revocatoria de la ex autoridad.

En rigor, Villarán es investigada por presuntamente recibir US$ 4 millones de ambas multinacionales para su campaña contra la revocatoria, repartidos de la siguiente manera: US$ 3 millones dados por Odebrecht y US$ 1 millón por OAS. El dinero habría sido solicitado por la ex alcaldesa y su entonces gerente municipal, José Miguel Castro, en el primer trimestre del 2013.

Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht, confirmó hoy a la fiscalía peruana, de acuerdo a fuentes de este Diario presentes en el interrogatorio en Curitiba, que la constructora entregó US$ 3 millones a la campaña contra la recovatoria de Susana Villarán.

La ex alcaldesa niega haber recibido alguna coima o haber favorecido indebidamente a las constructoras brasileñas. 

En octubre del 2018, Raúl Pereira, ex representante de Odebrecht en Rutas de Lima, dijo a la fiscalía que fue Castro quien le solicitó personalmente a Barata el aporte de US$ 3 millones.

Añadió que fueron los ejecutivos del Departamento de Operaciones Estructuradas, la división de sobornos de la empresa, los que procesaron el pago. 

Según este mismo ex directivo, a Castro se le colocó el apelativo de ‘Budian’ para mantener en reserva su identidad en los registros internos de la constructora.

Estos dos testimonios confirmaban lo dicho por el publicista brasileño Valdemir Garreta, dueño de la consultora FX Comunicaciones, a la fiscalía peruana en el 2017.

Según Garreta, quien trabajaba con el publicista Luis Favre, la asesoría que dieron a la campaña contra la revocatoria de Villarán fue pagada en su integridad por Odebrecht y OAS.

Odebrecht entregó alrededor de US$2 millones, mientras que US$ 1 millón fueron dados por OAS, de acuerdo a Garreta. 

Frente a estos hechos, la fiscalía considera que Villarán y Castro, quienes tienen orden de impedimento de salida del país hasta julio del 2019, favorecieron de manera ilegal a las dos empresas mencionadas a cambio de apoyo económico para la campaña. Y que para ocultar el dinero, dieron información falsa a la ONPE.

Pero además de este caso, la fiscalía también investiga si la campaña a la reelección de Villarán del 2014 también recibió dinero de OAS y Odebrecht, Asimismo, se indaga sobre presuntas irregularidades en la concesión del proyecto "Línea Amarilla" (en específico, a las modificaciones antes del plazo de ley que dieron origen a la adenda N° 1). Para saber más sobre estos casos, ingrese al especial:

Este martes, la fiscalía tiene programado interrogar a Léo Pinheiro, el ex presidente de OAS, en la sede de la fiscalía brasileña en Curitiba. Pinheiro, detenido desde el 2015 por el caso Lava Jato en su país, deberá confirmar si entregaron dinero a Villarán y si a cambio de ello su empresa fue beneficiada. 

Como es público, OAS inició un procedimiento de colaboración eficaz con la fiscalía peruana. En consecuencia, sus ex ejecutivos, como sucede con Odebrecht, están obligados a decir la verdad.