Podríamos ser otro país, entonces. Pero para ello se requiere además abordar las reformas política y gerencialmente más complejas. (Foto: Sepres)
Podríamos ser otro país, entonces. Pero para ello se requiere además abordar las reformas política y gerencialmente más complejas. (Foto: Sepres)
Jaime de Althaus

Analista político

Este gobierno ha avanzado bien en todo lo que se puede hacer en gabinete y sin concertación, sin fricción. Es el caso de la implementación de algunos decretos legislativos simplificadores, cuyos efectos benéficos se notarán este segundo año. Por ejemplo, acaba de salir el reglamento para derogar los procesos administrativos (trámites) que no pasen el examen de calidad regulatoria, algo que se hará ministerio por ministerio hasta setiembre del próximo año y que será revolucionario si se hace bien. El Indecopi ya ha inaplicado barreras burocráticas con efecto general en 58 casos. La simplificación de las licencias de funcionamiento, que es clave, sufrió un revés cuando el Congreso restableció la obligación de renovarlas cada dos años, aunque está listo un buen reglamento de inspección técnica que facilitará las cosas. Pero todavía no hay TUPA estandarizados ni se han simplificado las certificaciones ambientales ni los registros sanitarios.

Lo que se viene a toda marcha es la digitalización del Estado. Cincuenta servicios web estatales están ya en la plataforma de interoperabilidad y más de 200 entidades públicas usan esa plataforma. Y desde el 25 de julio se puede pagar por Internet más de 50 trámites en lugar de hacerlo en el BN. Además, a partir del próximo año empieza la masificación de los comprobantes de pago electrónicos para alcanzar el 100% de las compraventas en el 2019 y pueda la Sunat decirle a cada microempresario cuánto tiene que pagar ( y renta) e incluso aportarle automáticamente a su pensión o a Essalud una parte del IGV que paga. Eso, unido al nuevo Régimen Mype Tributario (si se eliminan el RUS y el RER), puede llevar a un salto exponencial en la formalización tributaria y en la recaudación del IGV. Allí será posible bajarlo.

Podríamos ser otro país, entonces. Pero para ello se requiere además abordar las reformas política y gerencialmente más complejas, que requieren acuerdo político, liderazgo e interacción pública: una legislación laboral inclusiva, una reforma profunda del sistema de salud y de pensiones, la depuración de la policía y del sistema judicial, la aplicación de la ley de servicio civil y la reforma de la descentralización. Para no hablar de la reforma política.

El diálogo PPK-KF ha sido un buen comienzo, pero tiene que avanzar hacia esos temas. Por ejemplo, la patética incapacidad del Gobierno para ordenar a los gobiernos regionales descontar a los maestros que no asisten y detener a los dirigentes por los delitos cometidos (bloqueos, rieles, aeropuertos, etc.) reclama a gritos no solo una mayor firmeza, sino una reforma de la descentralización que le permita al Gobierno intervenir y recuperar el carácter unitario del Estado.

Pues no se trata de contentarse con una oposición algo dividida y menos beligerante por obra y gracia del juego propio de Kenji Fujimori. Se necesita una verdadera voluntad política de las partes de llegar a acuerdos en los temas de fondo, sin los cuales el país no podrá salir de la trampa de los ingresos medios con el peligro del retorno al reino de la pobreza.

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