Sandra Castro y Rocío Sánchez, las mujeres clave en la lucha anticorrupción

En julio del 2012 las fiscales Sandra Elizabeth Castro Castillo (51) y Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra (45) se conocieron en el pool de fiscales del Callao. En ese momento, nunca pensaron que seis años después serían las mujeres que pondrían en evidencia que la corrupción en el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ) no se había extinguido con los personajes de ‘vladivideos’ puestos en prisión.

A Castro Castillo sus amigos más cercanos la llaman ‘Sandra Bond’ en clara alusión al agente 007 de la cinematografía británica. Empezó como practicante en el Ministerio Público y trabajó en los juzgados de bandas (hoy juzgados con reos en cárcel). Dejó la judicatura para irse a Suiza por 15 años y en el 2010 regresó para postular como fiscal titular provincial en el Callao.

Cuentan sus amigos que aun cuando demostró saber leer y escribir perfectamente el italiano, alemán y francés, el fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) la calificó con 0,5 en idiomas.

Hoy, Castro es una de las ‘fiscales recolectoras’ –como se llama a quienes supervisan la intervención y control de las comunicaciones– más importantes de la fiscalía. Un detalle curioso es que integra la Logia Masona Femenina, un grupo aún no reconocido en el Perú, pero sí en Europa.

Rocío Sánchez Saavedra inició su carrera en la Corte de Justicia del Callao cuando aún era estudiante de la Universidad San Marcos y luego obtuvo una plaza como fiscal provincial titular en dicha jurisdicción.

Sus amigos refieren que en su primer día de trabajo quedó a cargo del turno de 24 horas y no le dieron permiso para cambiarse de ropa. Era febrero, verano y en su primera noche tuvo que asistir a verificar una balacera: un muerto, un herido y cinco detenidos fue el resultado.

Luego, Sánchez pasó al pool de fiscales del Callao, al que también llegó Castro. Muchos fiscales le tienen pavor al pool, pero ellas esperaban con ansias su siguiente diligencia en el campo. En el pool de fiscales no se descansa mucho, pero se obtiene calle, esquina, barrio: esa sangre fría que se necesita para enfrentar al hampa de cuchillos y armas de fuego, y también al de uñas largas.

—Los hermanitos—
Ambas fueron designadas fiscales del sistema de criminalidad organizada en el Callao y allí se embarcaron en pesquisas que implicaban droga, sicariato y extorsión. Era junio del 2017 y organizaciones criminales como Las Castañuelas de Rich Port, Barrio King y Los Reyes del Puerto Chejo ya estaban siendo seguidas y sus comunicaciones interceptadas.

Para setiembre, dos personajes clave aparecieron en las escuchas: el abogado Jacinto César Salinas Bedón y el ex juez Víctor León Montenegro, ‘Kiri’. Ellos se comunicaban con otros personajes que ofrecían intervenir en los procesos judiciales y en el nombramiento de jueces y fiscales.

Sánchez y Castro presumían que lo que tenían entre manos era algo grande y comenzaron a colocar alias y nombres ficticios a los integrantes de lo que luego llamaron Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Era un mercado. Todo era un negocio. Plazas, expedientes. Todo se compraba y vendía”, han comentado fuentes cercanas a las investigaciones.

Cuando el 28 de mayo último, la empresa de telefonía les informó que aquel número que terminaba en ‘103’ pertenecía al suspendido juez supremo César Hinostroza, ambas se quedaron frías. Mayor fue su sorpresa cuando confirmaron que uno de los interlocutores de esta organización era el mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

—Bloqueo judicial—
Según un informe emitido por la fiscal Castro, junto a Chávarry también aparecen los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez. Este último habría proporcionado a la organización una de las resoluciones en la que se señalaba que estaban siendo escuchados.

Incluso, indican las fuentes, esta resolución sería la misma que Hinostroza mostró en una conferencia de prensa el 9 de julio, dos días después de que IDL-Reporteros publicara los primeros audios.

Consultado sobre el acceso a dicho expediente, Hinostroza dijo a El Comercio que era “una resolución del 31 de enero que circuló por redes. No es la de diciembre porque esa no me la dan” .

Las fuentes también indicaron que Rodríguez habría tratado de que la investigación del caso quedara en manos de la fiscal Norah Córdova, quien fue la primera en entrar en escena tras la difusión de los audios.

El 9 de julio, Córdova emitió una disposición de inicio de diligencias preliminares en la que indicaba que su despacho “tendría competencia” para investigar a altos funcionarios como el juez Hinostroza y los ex consejeros del CNM Guido Aguila e Iván Noguera, y alegaba que lo cometido por estos no era en ejercicio de sus funciones. El mismo documento agregaba que sería la Fiscalía de la Nación la que definiría su competencia.

En diálogo con este Diario, Córdova negó haber recibido indicaciones de Rodríguez y también negó haber expedido una disposición arrogándose la facultad de investigar a los ex consejeros del CNM involucrados.

“Yo no he abierto ninguna investigación a ningún aforado […]. Solo abrimos para los que hemos tenido competencia y nosotros damos un informe a la Fiscalía de la Nación con respecto a los aforados”, agregó.
Hemos tratado de recoger la versión de Rodríguez, pero vía el área de prensa de fiscalía dijo que no estaba interesado en participar en esta nota.

—Presupuesto transitorio—
En su informe sobre Los Cuellos Blancos del Puerto, Rocío Castro sostiene que Pedro Chávarry era, junto con los fiscales supremos Víctor Rodríguez Monteza y Tomás Gálvez Villegas, el apoyo legal para la organización. Para ello se remite a los colaboradores eficaces que los ubican en los momentos cruciales.

Según ellos, algunos integrantes de la organización fueron a pedirle a Rodríguez asegurar su voto para que Chávarry asuma como fiscal de la Nación. Hinostroza asumiría como presidente del PJ y así mantendrían la hegemonía.

Nuestras fuentes indican que cuando se enteraron de que los estaban investigando se definieron los roles en la fiscalía: Chávarry era quien debía archivar el caso de los audios. “Al ser Walter Ríos juez superior, debía investigarlo Rodríguez, que estaba a cargo de Control Interno, y como este debe elevar un informe para los supremos a Chávarry, él iba a determinar qué audio era válido y archivaría ese extremo”, refieren las fuentes.

Con los audios circulando por los medios y Chávarry en funciones, este citó a las fiscales a su despacho el 31 de julio. Allí –según versión de personas allegadas a Castro y Sánchez– el flamante fiscal de la Nación les habría asegurado a las dos que no había acudido a la casa del empresario Antonio Camayo.

Al día siguiente, en entrevista con este medio, Chávarry reconoció el encuentro con periodistas en casa del empresario automotor.

En la siguiente reunión –como en la primera– las fiscales solicitaron más personal y apoyo logístico. Chávarry se comprometió a ello, pero hasta ahora no reciben nada. Ni la designación de fiscales que ellas han propuesto, ni el personal administrativo.

Lo avanzado de los audios es solo el 10% de lo que existe. Hay otras 20 mil grabaciones por escuchar. Personas del entorno de Castro y Sánchez afirman que ellas “sienten que las están ‘paseando’ y que les dan recursos a cuentagotas para que se cansen”.

A esto se suma el temor de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no tenga previsto ampliar el presupuesto para que las fiscalías de crimen organizado del Callao –cuyas plazas ocupan Castro y Sánchez– continúen funcionando.

Estas fiscalías son transitorias y dependen de lo que decida Chávarry. Solo tienen presupuesto hasta diciembre de este año. Tratamos de comunicarnos con el fiscal de la Nación, pero no contestó nuestras llamadas.