Silvana Carrión, encargada de la Procuraduría Ad Hoc para el Caso Lava Jato, afirmó que el procurador general ha respaldado trabajo de su oficina. (Video: GEC)
Sebastian Ortiz Martínez

La abogada aclara que, por el momento, solo se le ha encargado la procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato, tras la abrupta salida de . Agrega que en el contexto de que maneje un doble discurso sobre el Gasoducto Sur Peruano, su oficina “no seguiría” en el acuerdo de colaboración en este proyecto.

— ¿Usted se va a quedar como titular de la procuraduría ad hoc? ¿Ha podido conversar sobre ese tema con el procurador general Daniel Soria?

Bueno, por ahora a mí se me ha encargado el despacho de la procuraduría ad hoc. Como saben, hay una nueva institución creada por un decreto legislativo [la procuraduría general], con una reglamentación de hace un par de meses, en la que se establece nuevos lineamientos para el nombramiento de los procuradores. Entiendo que hay un trámite administrativo a seguir, que pasa por el Ministerio de Justicia con una propuesta que deben hacer y luego de eso nombrarían a la persona titular del despacho. Por ahora yo soy la encargada. El procurador general nos ha dado su respaldo y nos ha expresado que la intención de su oficina es que se continúe con el trabajo de la procuraduría ad hoc, que tiene un equipo consolidado, que ha ganado experiencia con el trabajo de casi tres años.

— Una vez que se supere este proceso administrativo, ¿usted será nombrada? ¿U otra persona puede ser designada?

Esa es una decisión que le corresponde a la procuraduría general, no puedo adelantar alguna respuesta en ese sentido.

— El presidente Vizcarra consideró “un error” de Jorge Ramírez, su antecesor en la procuraduría ad hoc, buscar concretar reuniones entre Odebrecht y ministros de Estado. ¿Usted comparte esta postura?

A ver, primero, respeto la opinión que pueda tener el presidente de la República sobre este tema, prefiero no hacer ningún comentario al respecto, puesto que la procuraduría general ya tomó una decisión. Ahora, los procuradores nos debemos a esta institución autónoma, que ha tomado una decisión, y a nosotros nos corresponde respetarla. Si me preguntas: ¿los procuradores podemos articular una defensa única del Estado para tener una mejor posición? Sí, claro, podemos hacer coordinaciones, articulaciones con diferentes sectores utilizando las vías que correspondan.

— Vizcarra también dijo que Ramírez buscaba que el Estado dé una prórroga de seis meses a Odebrecht para acudir ante el Ciadi por el gasoducto sur peruano. ¿Esta era una función del despacho, que ahora usted lidera?

El Ministerio de Economía y Finanzas ya sacó un comunicado indicando, como corresponde, que el Sicresi [Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión] es al que le corresponde atender este tipo de pedidos. Esa es competencia exclusiva de este órgano que depende del MEF. Nuestra competencia abarca la reparación civil vinculada a temas penales o ilícitos, que podemos pedirla en la vía penal.

— ¿A su parecer, la salida de Ramírez de la procuraduría ad hoc fue justificada?

Prefiero no hacer comentarios al respecto, el procurador Ramírez, con quien he trabajado por casi tres años, es un amigo y colega al cual respeto mucho, él ya ha dado sus explicaciones. Prefiero respetar lo que él ya declaró. Lo que nos toca en adelante es asumir este encargo, es una oportunidad para continuar con el trabajo de todo el equipo.

— ¿Su despacho está facultado a informar al ministro de Justicia sobre los avances en las negociaciones por las reparaciones en el Caso Lava Jato?

Hay que situarnos en los tiempos. Nosotros tenemos la figura del procurador general desde hace poco, desde hace unas semanas que fue nombrado el doctor Soria. Entonces, es una institución nueva la que se está formando, de la cual ahora dependemos todos los procuradores. Todos los informes que debamos elevar son ahora a nuestro procurador general, sin perjuicio de que si el Ministerio de Justicia nos pida información también la podamos entregar. Esta procuraduría sí ha venido informado sobre su trabajo, temas, por ejemplo, sobre el acuerdo de colaboración, los avances y logros de la procuraduría, cuando las empresas eran incorporadas como terceros civiles [responsables]. Todo eso fue elevado al Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que lo presidía el ministro o la ministra de Justicia de turno. Nuestro trabajo siempre ha sido informado. Esto no va a ser distinto ahora con la figura del procurador general, con quien ya hemos tenido reuniones.

— ¿Considera que la crisis en la procuraduría ad hoc ha sido superada? ¿Se ha pasado la página?

Estamos en ese proceso. Definitivamente, no le voy a decir que no ha sido una decisión dura [la salida de Ramírez] o que no [lo] lamentamos desde la procuraduría. Sí [lo hacemos], porque somos un equipo consolidado. Sin embargo, creo que estamos en proceso de pasar esta etapa, de pasar la página y de continuar con el trabajo. Este trabajo que hay en la procuraduría es bien intenso y tenemos dos colaboraciones de personas jurídicas en marcha que no pueden parar, debemos seguir trabajando en ellas.

— El Estado Peruano tuvo varias concesiones con Odebrecht, entre ellas la devolución de parte del dinero obtenido por la venta de Chaglla. ¿Hay mala fe de la empresa brasileña al demandar al Perú ante el Ciadi?

El Estado Peruano –a través de la fiscalía por el proceso de colaboración eficaz– ha otorgado estos beneficios legales a la empresa Odebrecht, no hablemos de concesiones, la palabra técnica correcta es “beneficios”, que los establece el Código Procesal Penal y la Ley 30737. Esto permitió que se les exima de la ley y también la liberación de los fondos [de la venta de Chaglla]. Eso era parte del acuerdo, de la negociación a la que llegaron el Ministerio Público y Odebrecht, y se respeta, porque no tenemos competencia para oponernos al mismo. La jueza [María Álvarez Camacho], que aprobó el acuerdo, señaló en este punto específico que ese beneficio le parecía importante, que era legal y proporcional por la información que estaba dando la empresa […]. El tema de la demanda que Odebrecht presentó ante Ciadi, primero, aclarar que no se trata de una demanda, sino de una solicitud de arbitraje, lo lógico es que luego lo que va a hacer Odebrecht es presentar la demanda. Esta es una vía independiente al acuerdo de colaboración eficaz, pero llegado el momento, por parte de la procuraduría, si es que hay que analizar esta medida en conjunto se va a hacer. Y vamos a tener que tomar una decisión respecto al proyecto del gasoducto sur peruano (GSP) también, si es que esa vía [la del Ciadi] y esta [la del proceso de colaboración por el GSP] en algún momento llegaran a colisionar.

— Más allá de una mirada legal, ¿cómo interpreta esta solicitud de arbitraje?

Ellos han explicado que se trata de un derecho y la fiscalía así también se lo ha reconocido, un derecho que ellos tienen como holding en este procedimiento de recuperación judicial [en Brasil], de presentar esta solicitud de controversia ante el Ciadi. El acuerdo de colaboración por el GSP recién se está negociando, la fiscalía está corroborando la información entregada, luego nos citarán a nosotros, a la procuraduría ad hoc para ver si fijamos una pretensión civil dentro. En ese momento, tomaremos la decisión si es que esa demanda o futura demanda que presentaría Odebrecht en Ciadi tiene algún impacto en el tema de la colaboración y en la pretensión civil que nosotros vamos a proponer. En ese contexto tomaremos la decisión que corresponda.

— ¿El Perú debió esperar que se extinga el plazo que tenía Odebrecht para ir al Ciadi por GSP para retornar los fondos de Chaglla?

El acuerdo de colaboración eficaz fue firmado en febrero del año pasado, a fines de marzo se presentó ante el Poder Judicial y en junio fue aprobado. Una parte de los beneficios era liberar estos fondos. Entonces, al haber sido evaluado por una jueza y haberse expuesto este beneficio, lo que corresponde era que finalmente se cumpla con la liberación de los fondos. Ahora, el tema de plazos, de la solicitud ante Ciadi, de los plazos de la demanda arbitral por un tema de inversiones, no es competencia de nuestra procuraduría, sino del Sicresi.

— La procuraduría ad hoc no estaba de acuerdo con liberar estos fondos, recuerdo que hubo una controversia con Ramírez...

Hubo algunas diferencias de interpretación en cuanto al tema de las investigaciones, pero nuestra posición no estaba dirigida a oponernos a los beneficios que la fiscalía otorgaba, porque los respetamos, estaba dentro de su competencia hacerlo. La diferencia era en la parte de la ejecución de este beneficio, pero no respecto al beneficio en sí, porque finalmente era algo que la fiscalía había acordado con la empresa.

— Odebrecht- a través de sus filiales- tiene dos posiciones sobre su responsabilidad en el Gasoducto Sur Peruano. Por ejemplo, Odebrecht Latinvest (OLI)- que presentó la demanda en Ciadi-indica que solo ha reconocido actividad ilegal en cuatro proyectos y no por el GSP. Pero Odebrecht Ingeniería & Construcción (OEC)- una subsidiaria distinta y que sí ha firmado el acuerdo- asegura que no tiene intención de desconocer que ha “incurrido en conductas ilícitas” en la concesión de la referida obra. ¿Estas dos posiciones no colisionan?

Hasta donde entiendo y tengo conocimiento de la solicitud arbitral, ellos [Odebrecht] lo que dicen respecto a gasoducto es que no ha sido parte del acuerdo de colaboración y eso es correcto, no ha sido parte, recién está entrando en un proceso de corroboración con la fiscalía. Entonces, ellos por lo menos hasta donde he visto de la solicitud, no es que hayan negado participación ilícita en el proyecto gasoducto, lo que indica es que el gasoducto no ha sido parte del reconocimiento de culpabilidad en el acuerdo, que se refiere a cuatro proyectos.

— Si se incorpora el proyecto GSP al acuerdo, ¿esto repercute en la posición de Odebrecht Latinvest en Ciadi?

Sí, nosotros estimamos que sí puede influir o impactar en la solicitud arbitral o en una eventual demanda de Odebrecht, porque finalmente aquí hay actos de corrupción que vienen siendo reconocidos por la empresa en la parte de selección de la convocatoria, el otorgamiento de la buena pro, hay reuniones que ya se han relatado, hay algunos pagos que ya se han confesado. Estimamos que estos actos de corrupción sí van a tener un impacto en la eventual demanda de Odebrecht, finalmente, presente en el Ciadi.

— ¿Qué pasa si Odebrecht maneja un doble discurso, uno ante la fiscalía y la procuraduría y otro en Ciadi, que busca ganar tiempo para favorecer en el tribunal arbitral?

En ese supuesto, la procuraduría ad hoc observando esa conducta por parte de la empresa, sí se llegara a determinar lo que usted menciona, entonces la procuraduría no seguiría en el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht en el proyecto gasoducto. Nosotros sí necesitamos tener un panorama claro de negociación para poder arribar a acuerdos patrimoniales.

— A Graña y Montero lo presionaron para que retire su demanda por GSP ante Ciadi, ¿por qué no se ha hecho lo mismo con Odebrecht?

En el caso de Graña y Montero, este es un tema que manejó la fiscalía, nosotros hemos participado en el acta donde se desisten, ya estamos trabajando con ellos el tema de la reparación civil. En ese caso, la fiscalía hizo esta petición, Graña y Montero todavía no es una empresa colaboradora declarada oficialmente, está en vía de lograr ese acuerdo de colaboración final. Y en todo caso la fiscalía, en su momento oportuno, considerara el pedido de desistimiento, el pedido de desistimiento [a Odebrecht] sobre el caso en Ciadi es un tema que siempre está sobre la mesa. Hasta donde entiendo la fiscalía podría, en algún momento, solicitarlo, pero esa es una decisión que le corresponde al Ministerio Público.

— El fiscal Vela habla de mantener la relación con Odebrecht en “cuerdas separadas. Por un lado, Odebrecht se mantiene como colaborador y, por el otro, como investigado. ¿Es posible este escenario?

De lo que he escuchado que ha dicho el doctor Vela es que se mantiene por separadas el asunto que se ha presentado ante Ciadi y el asunto de la colaboración […] Si bien es cierto hacemos un esfuerzo colectivo y conjunto con la fiscalía para ir en el mismo camino de la colaboración, ellos por su pretensión penal y nosotros por la pretensión civil, si llegara el momento en que nosotros, como procuraduría consideramos que el tema patrimonial no está suficientemente resguardado por la colaboración, entonces podremos optar por otras vías que nos permiten las normas.

— ¿Usted continuará con la misma línea de trabajo de Ramírez? ¿Es necesario realizar ajustes en los mecanismos de reparación?

Siempre en un cambio de gestión hay algunos ajustes que hacer. Ahora tendrá que ser otra persona la que cubra o me ayude con el trabajo que yo hacía directamente, que era el litigio penal. Desde ahí hay que hacer un ajuste. Pero en cuanto al tema de la reparación civil, los criterios técnicos que se han venido trabajando, van a continuar. Hemos logrado [resguardar] S/800 millones en medida cautelares y S/700 por acuerdo de colaboración.

— ¿Y en la relación con la fiscalía se harán ajustes?

¿La relación con la fiscalía? Sí, es cercana, continua, estamos del mismo lado, ellos persiguen la pretensión penal y nosotros la pretensión civil derivada de los delitos que ellos van a confirmar, nuestro trabajo siempre está cercano. Si en algún momento hay una situación en la que tengamos diferencias también lo plantearemos con toda claridad y transparencia. Hasta ahora la intención es seguir trabajando conjuntamente con la fiscalía como se ha venido trabajando hasta ahora.

— ¿La ejecución de la Ley 30737, que incentiva a que las empresas vinculadas en actos de corrupción como Odebrecht se acojan a la colaboración eficaz, no permite a la Sunat hacer efectivo un cobro de S/1,032 millones a la firma brasileña?

Cuando se negoció el acuerdo de colaboración eficaz, que ya fue aprobado, se solicitó información a la Sunat sobre la deuda tributaria exigible, que era lo que decía la ley. En ese momento, Sunat informó que la deuda era de S/450 millones, que fue lo que finalmente pagó Odebrecht. Entiendo que han cobrado S/65 millones más. El resto de la deuda que ahora públicamente ha salido en las noticias, yo no sé qué calidad tiene, no sé si es una deuda exigible, en controversia o notificada porque la Sunat tiene sus propios procedimientos administrativos y coactivos. Es competencia de la Sunat explicar cuál es el origen de la deuda y qué categoría tiene.

— Si mañana Sunat decide embargar algunos bienes de Odebrecht, ¿esta acción choca con el acuerdo?

Con el acuerdo no, porque en el acuerdo no hay ninguna prohibición para que la Sunat ejerza las acciones legales que considere pertinentes, no hay ningún compromiso de este tipo, porque solamente lo que se trató de Sunat en el acuerdo era que a Odebrecht se le obligó cancelar la deuda tributaria exigible, No hay ningún otro compromiso de prohibición o que no se le pueda afectar.

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