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Rodrigo Cruz
Rodrigo Cruz

Hasta el momento, el equipo especial Lava Jato tiene 37 obras en la mira en el caso del ‘’: 27 licitaciones y 10 concursos públicos entregados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a las constructoras más importantes del país, entre los años 2011 y 2015. Es decir, durante la gestión de Ollanta Humala.

El fiscal a cargo del caso es Germán Juárez Atoche, quien tiene dos hipótesis sobre estos proyectos: en 18 hay una alta probabilidad de que los miembros del ‘club’ pagaron sobornos y en 19 se tiene indicios que permiten sospechar que los pagos ilícitos sucedieron.

Este Diario revisó las actas de buena pro y los contratos de las 37 obras. En total, son S/8.450’243.029 de valor adjudicado que el Estado destinó para la realización de estos proyectos, a través de Provías Nacional, la unidad a cargo de ejecutar todas las obras de infraestructura vial en el país. Si hacemos una equivalencia, la cifra es más del triple del presupuesto de este año del Poder Judicial y 14 veces el del Ministerio de la Mujer.

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Todos los contratos tienen en común que fueron firmados por una misma persona: Raúl Torres Trujillo, exdirector de Provías (2007-2017). Este Diario intentó comunicarse con este exfuncionario, quien estuvo detenido por el Caso Metro de Lima, pero no contestó nuestras llamadas.

Del análisis también se concluye que el investigado Selvi Ruberto Vargas fue el miembro del comité de selección –encargado de dirigir el proceso– que participó en más entregas de obras: nueve en total, por un valor de S/2.600 millones. Todas, de acuerdo al fiscal, bajo sospecha de corrupción.

Este Diario intentó ubicar sin éxito al exfuncionario Ruberto Vargas.
La empresa señalada por la fiscalía como miembro del ’ que ganó más contratos con Provías fue Johesa: siete en total por un valor adjudicado superior a los S/237 millones.

El abogado Vito de la Cruz, defensor de esta constructora, dijo que no harían comentarios en cuanto a la investigación fiscal, pero remarcó que Johesa, que está incluida como tercero civil responsable, viene colaborando con las autoridades. “Estamos esclareciendo uno a uno los contratos”, dijo.

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—Modus operandi—
El ‘club’ es un caso de cartelización empresarial. Es decir, en lugar de competir entre ellas, las empresas se coludían para repartirse las obras públicas a cambio de sobornos a funcionarios públicos. La versión peruana del Lava Jato de Brasil.

La investigación del fiscal Juárez, por ahora, se ciñe al período de gobierno de Humala (2011-2016). Sin embargo, existen referencias de que el ‘club’ operó desde 1996. Así lo señaló Trindade Serra, exgerente de relaciones institucionales de , cuando fue interrogado por la fiscalía el 22 de febrero pasado.

La razón para ceñirse al gobierno de Humala es la siguiente: el fiscal cuenta con dos personajes claves que vienen colaborando, Carlos Eugenio García Alcázar y Rodolfo Prialé de la Peña. Ambos con arresto domiciliario. García Alcázar fue asesor del Viceministerio de Transportes (de agosto del 2011 a julio del 2014), mientras que Prialé de la Peña era el empresario nexo entre las constructoras y los funcionarios del MTC.

Los empresarios del ‘club’ canalizaban los sobornos a través de Prialé de la Peña (generalmente el 3% del costo total de la obra). Este era repartido, según la fiscalía, entre el entonces ministro del MTC Carlos Paredes (2,35%), Prialé de la Peña (0,15%) y los miembros del comité (0,5%).

El exministro Paredes, con impedimento de salida del país, ha sido acusado de recibir US$17 millones de parte de los empresarios, a través de su hermano José Paredes, quien cumple orden de prisión preventiva.

La fiscalía ha detectado transferencias del ‘club’ a Prialé de la Peña que sirvieron para señalar los casos en los que hay alta probabilidad de pagos ilícitos.

—Revelaciones de OAS—
Según el fiscal Juárez, cuatro constructoras peruanas están colaborando con las investigaciones de manera corporativa, además de empresarios que se han acogido a la colaboración eficaz.

Entre las extranjeras, están Odebrecht y . En el caso de esta última, sus exfuncionarios han reconocido pagos ilícitos en las dos obras que ganaron con Provías: las carreteras Lima-Canta y Camaná-Quilca. Los sobornos, según dijeron a la fiscalía, superaron los S/25 millones.

Esta semana, según informó El Comercio, Leo Pinheiro, ex-CEO de OAS, declaró a los fiscales peruanos que Nadine Heredia le pidió que se coordine directamente con ella los sobornos que pagaba la constructora mediante el ‘club’ durante el gobierno de su esposo. Esta versión fue rechazada por la ex primera dama.

Al cierre de esta nota, hay 29 empresas investigadas: 12 figuran como terceros civiles responsables y 17 fueron incluidas recientemente en la investigación fiscal. Además, son 33 las personas naturales investigadas: 26 empresarios y 7 exfuncionarios del MTC (como Marco Garnica Arenas, exgerente de obras de Provías, y Renzo Fernández Prada, exmiembro de uno de los comités de selección).

Según el penalista Carlos Caro, el desafío de la fiscalía está en “individualizar las imputaciones”. “Desde el 2008, no existe un delito que sancione la constitución de un cártel de la construcción. Por tanto, el reto de la fiscalía es el de individualizar las responsabilidades”, dijo.

La fiscalía investiga el caso bajo los presuntos delitos de cohecho, colusión agravada, tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Entre mayo e inicios de julio, el fiscal Juárez citó a personas vinculadas a las constructoras Graña y Montero, Mota-Engil, ICCGSA, Málaga y la brasileña Queiroz Galvao, entre otras.

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