Vicente Díaz Arce, años después de cumplir prisión por el delito de defraudación tributaria, reapareció como candidato a la Alcaldía de La Victoria con el partido Reconstrucción Democrática. (Captura)
Vicente Díaz Arce, años después de cumplir prisión por el delito de defraudación tributaria, reapareció como candidato a la Alcaldía de La Victoria con el partido Reconstrucción Democrática. (Captura)

“¿Desde qué hora ha estado usted ahí?”, le preguntó uno de los policías a , de 79 años y presunto financista de , cuando este salía con dificultad del cuarto del motor de la piscina de una de sus casas incautadas en Surco. “Hace rato”, respondió el empresario que pasó casi un mes prófugo de la justicia y que fue capturado el viernes.

No era la primera vez que Díaz Arce, uno de los fundadores del emporio comercial de Gamarra y pastor evangélico, se escondía en una casa para no cumplir un mandato judicial. Hace 23 años, en junio de 1994, hizo lo mismo. En ese entonces, la Sunat lo consideraba uno de los principales evasores de impuestos del país y tenía una orden de captura por el delito de defraudación tributaria. Por este caso pasó seis meses en el penal San Jorge. Ahora el delito es otro.

(Gráfico: El Comercio)
(Gráfico: El Comercio)

Díaz Arce es investigado por lavado de activos y acusado por la fiscalía de encabezar junto a su esposa, Elizabeth Palomino Córdova, una presunta organización criminal para apoderarse ilícitamente de bienes inmuebles.

La defensa de Díaz Arce asegura que existe una persecución contra un próspero empresario y que se trata de un “embuste”. El Comercio pudo conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) elaboró un reporte sobre las cuentas del pastor evangélico y las de su esposa e hija, por movimientos sospechosos de altos montos de dinero.

Sin embargo, cuando se ordenó el congelamiento de los millones de dólares y soles que existieron entre el 2007 y el 2015, solo quedaron S/32.278 y US$6.925.

—Otra presunta red—
Según la formalización de investigación preparatoria que presentó en agosto la fiscal Marita Barreto, la presunta red que encabezó Díaz Arce contó –en algunos casos– con el apoyo del llamado clan Orellana.

La pesquisa concluyó que utilizó el modus operandi “de manera individual y concurrente” como procesos arbitrales fraudulentos, suplantación de identidad y utilización de documentos falsos, simulación de deudas y obligaciones, así como la creación de empresas de fachada.

“El señor Orellana no había nacido y el señor Díaz Arce ya era dueño de un patrimonio millonario. De modo que esto de la llamada red Orellana es una farsa”, dijo a la prensa el ex presidente de la Corte Suprema Javier Villa Stein. El ex juez, hoy candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de Lima, es parte de la numerosa defensa legal del procesado.

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, fue quien admitió el requerimiento de la fiscal Barreto para incautar 13 predios de Díaz Arce, incluidos 145 stands en Gamarra.

La convalidación de la medida de congelamiento de las cuentas también fue ordenada por Concepción Carhuancho. Esta alcanza a cuatro empresas vinculadas a su familia. El magistrado indica que las cuentas congeladas estarían relacionadas con el delito de lavado de activos.

“Lo acusan de lavado de activos. De haber transferido y hecho un patrimonio, cuando lo tiene hace cuarenta años”, también ha dicho Villa Stein.

Para la fiscalía, la hija de Díaz Arce actuaría como testaferro. Además, la hipótesis apunta a un lavado de activos en la modalidad de conversión. Estas pruebas fueron presentadas por el Ministerio Público en la audiencia de apelación a la orden de prisión preventiva para Díaz Arce. La Primera Sala Penal de Apelaciones decidirá si lo deja libre.

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