Susana Villarán: ¿A quiénes implicó para camuflar dinero de firmas brasileñas?

El fiscal del Equipo Lava Jato, Carlos Puma, solicitó al Poder Judicial que varíe el impedimento de salida del país por la prisión preventiva de 36 meses para la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán en el marco de la investigación por haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas de la No revocatoria (2013) y reelección (2014).

► OAS y Odebrecht dieron 10 millones de dólares a campañas de Susana Villarán.

La misma medida se solicitó para José Miguel Castro, ex gerente general de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero no son los únicos implicados en el presunto manejo del dinero de procedencia ilícita.

El fiscal Puma también ha pedido 36 meses de prisión preventiva para el ex funcionario edilicio Gabriel Prado, así como para Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.

¿Quiénes son ellos y cuál fue su participación en los hechos delictivos imputados?

-José Miguel Castro Gutiérrez-

De 45 años, a quien Jorge Barata identificó con el sobrenombre de 'Budian' [el nombre de un pez de su país] fue gerente general de la Municipalidad de Lima de la gestión de Susana Villarán. 

Según el fiscal Puma, Castro y Villarán dispusieron la creación de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana para que sea esta la que reciba el dinero ilícito de Odebrecht y OAS. Barata ha dicho que Castro le solicitó y recibió US$3 millones [US$1 millón de manera directa] para la campaña de la No Revocación. Castro también recibió US$3 millones de OAS para la esa campaña.

Una revelación del pedido del fiscal Puma, del que ha informado hoy este Diario, es que José Miguel Castro también solicitó a los directivos de OAS US$ 4 millones para la campaña de reelección de la ex alcaldesa. Para el Ministerio Público, Castro es el segundo al mando en la presunta organización criminal liderada por Villarán.

En la resolución de la fiscalía se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos, al igual que Villarán.

-Gabriel Prado Ramos-

De 43 años, también fue hombre de confianza de Villarán. Esta última lo designó gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. A su nombre Odebrecht abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra para recibir el dinero ilícito de la denominada Caja 2, el que iba a destinarse a la campaña de la No revocación.

De acuerdo con el expediente fiscal, al que El Comercio tuvo acceso, Prado ha indicado que fue convocado por José Miguel Castro a un hotel de Lima, donde se firmaron los documentos para la creación de la mencionada cuenta. La ex alcaldesa también le encargó en algunas oportunidades la gerencia general en ausencia de José Miguel Castro.

Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

-Luis Ernesto Gomez Cornejo Rotaldem-

De 42 años, recibió US$1 millón de acuerdo a la tesis del fiscal Puma, dinero ilícito que debía ocultar y hacerlo ingresar al circuito económico a través de doleiros (personas que ingresaban dinero en efectivo al país), según disposición del propio José Miguel Castro.

Gomez se encargaba de distribuir dichos montos para los gastos de  campaña. En algunas oportunidades le entregó parte de estos a Anel Towsend Diez Canseco y al ex funcionario de la Municipalidad de Lima Enrique Juscamaita Aranguena (no se precisa cantidades en la resolución fiscal). Gomez puntualmente era el encargado de pagar los gastos de la campaña del No.

Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

-César Simon Meiggs Rojas-

El fiscal señala que el empresario de 53 años fue designado por José Miguel Castro para recibir el dinero que entregó OAS para la campaña de reelección de Villarán. La modalidad fue a través de contratos ficticios con su empresa CMR.

Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

-Oscar Ricardo Vidaurreta Yzaga-

De 50 años, representante de Momentum Ogilvy, empresa de medios que tuvo directa vinculación con la campaña por el NO, señala la resolución del Ministerio Público.

El dinero proveniente de OAS habría ingresado por dicho medio a través de contratos ficticios previamente acordados por Vidaurreta. El empresario ha dicho que fue el propio Castro quien contrató sus servicios mediante acuerdo verbal.

Se le imputan los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.