La decisión está ahora en cancha del Legislativo, que debe deliberar sobre el proyecto de ley, por lo que –al margen del ánimo ciudadano que pueda primar– el desenlace se presenta incierto. (Foto:GEC)
La decisión está ahora en cancha del Legislativo, que debe deliberar sobre el proyecto de ley, por lo que –al margen del ánimo ciudadano que pueda primar– el desenlace se presenta incierto. (Foto:GEC)
José Carlos Requena

La propuesta de adelanto de elecciones de parte del presidente ha despertado distintas reacciones, entre aliviadas e irascibles, celebratorias y pasmadas. Fernando Rospigliosi cree que el al 2020 “es la menos mala de las opciones posibles” (El Comercio, 3/8/2019); mientras que para Augusto Álvarez Rodrich, “significa la estocada mortal a una mafia incrustada en el Congreso” (“La República”, 29/7/2019).

La decisión está ahora en cancha del Legislativo, que debe deliberar sobre el proyecto de ley, por lo que –al margen del ánimo ciudadano que pueda primar– el desenlace se presenta incierto.

¿Gana alguien con este aparente desbarajuste? Una lectura parcial podría insinuar que quien sale menos magullado del trance, y hasta victorioso, es el propio Vizcarra, que ha mostrado un desapego por el poder que deja abierta la pregunta sobre sus motivaciones para aceptar encargos tan importantes, primero como candidato en una plancha presidencial y luego como accidental presidente.

Si se retrocede más, hasta hay espacio para preguntar por qué Vizcarra ingresó a la política, cuando una consecuencia natural de estos quehaceres es el ejercicio del poder.

Vizcarra, además, queda en la incómoda posición de un temprano pato rengo por iniciativa propia, poniendo en cuestión cada uno de los pasos que da desde el lunes 29 de julio. Esto afecta los anuncios hechos para mejorar el ambiente de inversión o de la gestión pública, tan importantes para el ciudadano de a pie.

Por su parte, el Congreso, aún dominado numéricamente por –que, además, ha retomado el control de la Mesa Directiva– queda en estos días con la responsabilidad constitucional de dar trámite o archivar la propuesta de Vizcarra.

Debe ejercer el poder. Al hacerlo, deberá tener en consideración una evaluación de lo recorrido en estos tres años en que han primado la tirantez –con contadas excepciones–, la dejadez y la desidia. En este como en otros casos, justos pagan por pecadores.

Pero, además, el Legislativo debe ser sensible al ánimo ciudadano, que tradicionalmente se le ha presentado adverso. Procurar representar los intereses de quienes los eligieron y no responder, como parece haber sido el caso en la mayoría de ocasiones, a agendas personales o de grupo.

El reto planteado exige una salida en la que los actores políticos muestren una madurez que no se ha visto en tiempos recientes. De otra manera, el fracaso arrastrará con su estruendo lo poco que se ha construido tras el desplome del endeble sistema forjado en los 80: una democracia que enfrentó constitucionalmente la salida de Pedro Pablo Kuczinsky y que tenía sucesiones presidenciales ininterrumpidas desde el 2001.

Hasta la solidez macroeconómica corre el riesgo de sufrir los arrebatos de la avidez desatada por la tempranera propuesta de Martín Vizcarra. En el 2020 o 2021, estos frentes no deben dejarse desatendidos.Los políticos elegidos por el voto popular en el 2016 se enfrentan en estos días a la tentación del fracaso. ¿Sucumbirán?