Congresistas se pronunciaron tras declaraciones de Miguel Atala en el caso Odebrecht. (Foto: Rolly Reyna / GEC)
Congresistas se pronunciaron tras declaraciones de Miguel Atala en el caso Odebrecht. (Foto: Rolly Reyna / GEC)
Jaime de Althaus

La Comisión de Constitución ha comenzado el debate de la viendo los proyectos de código electoral que presentaran hace unos años el JNE y Patricia Donayre, y los proyectos que ya había en la propia comisión. Creo que es un error. Corremos el riesgo de no llegar a tiempo y de terminar aprobando reformas que no formen parte de un todo orgánico. A nuestro juicio, la comisión debería centrar el debate en torno a los 12 proyectos de la Comisión Tuesta enviados por el Ejecutivo, que contienen una lógica sistémica clara, y más bien pedirles al JNE y a Patricia Donayre y a otros que opinen sobre esos proyectos.

Las propuestas de la Comisión Tuesta tienen un sentido definido: apuntan, entre otras cosas, a paliar los efectos negativos del resultado del referéndum, que consagró la unicameralidad sin reelección. Un congreso unicameral es más proclive a producir leyes impulsivas y populistas, dificulta gobernar cuando está dominado por un partido de oposición y puede provocar la salida del presidente. Para controlar esos efectos, la propuesta busca darle gobernabilidad al Ejecutivo frente al Parlamento: elección del junto con segunda vuelta (más posibilidades de que el Ejecutivo tenga mayoría); dos tercios de los votos para la insistencia ante una ley observada por el Ejecutivo, lo que refuerza el veto presidencial que en ausencia del Senado es fundamental para frenar leyes inconvenientes; no hay censura a los ministros (aunque sí al Gabinete), lo que le da más estabilidad al gobierno.

Por su parte, la no reelección es nefasta para la consolidación de partidos políticos y de una clase política experimentada. Los proyectos de la Comisión Tuesta están dirigidos a moderar ese resultado fortaleciendo los partidos con elecciones abiertas organizadas por la ONPE con participación obligatoria de todos los ciudadanos para elegir candidatos a elección popular, a fin de reenganchar a la ciudadanía con los partidos (todos tendríamos que escoger un partido en el cual votar para elegir a sus candidatos a presidente, Congreso, etc.). También exigiendo afiliados –no firmas– para formar un partido, eliminando el fratricida voto preferencial y obligando a los partidos a participar en todas las elecciones.

Pero estas fuertes medidas no serán suficientes para anular el efecto disolvente de la no reelección de congresistas, que instaura el mito de Sísifo como sistema: los partidos tendrán que reinventar en cada elección nuevos postulantes que, luego de cinco años, se retirarán de la política. Se anula el aprendizaje y debe comenzarse de cero cada vez. No podemos darnos ese lujo.

Para remediar ese efecto disolutivo, debería aprobarse la propuesta de Carlos Meléndez de “Partidos X Impuestos”, de modo que las empresas puedan destinar parte de los impuestos que pagan a financiar think tanks en los partidos, para que allí se puedan reciclar en su período sabático los buenos congresistas que quieran permanecer en la política. De paso, los partidos se convierten en centros de estudios de la realidad nacional, adquieren capacidad de propuesta y pueden llegar al poder con un plan de gobierno bien elaborado en lugar de improvisar. Serían partidos serios. Allí sí, la calidad de la democracia mejoraría sustancialmente.