El Tribunal Constitucional y un barco llamado “reforma de justicia”

“Cuestión de independencia”. Con esta frase, el Tribunal Constitucional (TC) resume su decisión de retirarse del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que integraba, desde su creación, a través de la Ley 30942 publicada el pasado 8 de mayo.

Dicho grupo de trabajo nació a propuesta del Ejecutivo para elaborar proyectos que ayuden a la reforma el sistema de justicia tras la crisis que generó la difusión de los audios del Caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” que comprometieron al Poder Judicial, Ministerio Público y al ex Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Consejo para la Reforma de Justicia se conformó con el presidente de la República, los titulares del Tribunal Constitucional (TC), Congreso, Poder Judicial y la fiscalía de la Nación. Además, el contralor general de la República, la Junta Nacional de Justicia y el defensor del Pueblo.

El TC, no obstante, decidió que no seguiría más en dicho grupo de trabajo y saltó del barco. Ello, argumentó, en defensa de sus fueros y su autonomía concedida por la Constitución.

Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, ha sostenido que su rol al interior del Consejo Para la Reforma de Justicia era incompatible con sus atribuciones.

Sin embargo, el mensaje en su discurso aún no es claro.

Desde el Ejecutivo han levantado la voz para cuestionar el momento y la forma de la decisión del TC.

“La institución participa activamente del Consejo Técnico para la Reforma del Sistema de Justicia. ¿Por qué hoy se aduce la ‘autonomía e independencia del TC’ para dejar de participar?”, dijo el ministro de Justicia, Vicente Zeballos a El Comercio.

Pero la desazón al interior del grupo que lidera la reforma de justicia ha comenzado a ser notoria y dicha con todas sus letras.

El titular del Poder Judicial, José Lecaros, remó para la orilla del TC y sumó críticas en contra de la presidencia del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que está a cargo del presidente de la República, Martín Vizcarra.

Lecaros argumentó que si la presidencia de dicha comisión estuviera en manos de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, o él como titular del Poder Judicial, se daría "otra imagen ante la opinión pública".

"La ley dice que se elige (a quién preside el consejo) y se ha elegido al presidente de la República lamentablemente. Obviamente podría modificarse dentro del seno del propio consejo. Ojalá haya voluntad de todos para que sea otro el que presida", lamentó Lecaros.

A casi tres meses de que el barco de la reforma de justicia zarpó en busca de un buen puerto, ya perdió a uno de sus tripulantes.

Pero esta no es la primera vez que el gobierno se embarca en llevar adelante un proyecto para la reforma de justicia. En el 2004 se creó la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus); sin embargo, no tuvo el alcance ni el apoyo suficiente para concretar la tan ansiada reforma de justicia.

-¿Qué es Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y para qué sirve?-

El Consejo para la Reforma de Justicia es un órgano conformado por diversas instituciones públicas que participan en el día a día del desarrollo del sistema de justicia.

Tiene como fin realizar propuestas, seguimientos y ejecución de los procesos de reforma del sistema de justicia. Además, debe presentar, ante la opinión pública, un reporte anual sobre los avances realizados.

Según la norma, el grupo de trabajo debe sesionar una vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria cada vez que sea convocado por su presidente.

Además, se dispone que, cumplido los 90 días desde su instalación, el Consejo para la Reforma de Justicia remitirá al Poder Ejecutivo la propuesta de política pública en materia de justicia.

-¿Hubo motivos no conocidos para que el TC tomara la decisión de dar un paso al costado?-

En una conferencia pública, el pleno del TC se presentó y anunció que su decisión de dar un paso al costado respondía a su autonomía. Sin embargo, fuentes internas del Pleno del TC comentaron a El Comercio que las razones que llevaron a evaluar su permanencia fueron presuntos pedidos del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, para reunirse personalmente entre ambas instituciones.

Remarcaron que, según la Ley Orgánica del TC, donde se desarrolla el artículo 201 de la Constitución, se sostiene que dicho órgano se rige “solo por la Constitución y la Ley orgánica”.

Por tanto, aseguraron que “no corresponde” a la institución estar dando opiniones o aportes; “y si esto fuese así, tiene que ser algo muy formal”.

“Entonces, si bien es cierto que hubieron pedidos muy informales del Consejo Ejecutivo que querían conversar, no se puede estar en ese plan de informalidad y se debe tener una distancia de eso”, comentaron.

Es más, remarcaron que el magistrado Ernesto Blume, presidente del TC, siempre manifestó al pleno que “no les correspondía estar como integrantes del Consejo”.

“Por eso, cuando ya ha venido una mayor actividad del Ministerio de Justicia de querer hacer entrevistas personales, allí ya hemos analizado más a fondo y hemos decidido no participar porque es incompatible con el rol que nos da la Constitución y la Ley Orgánica”, afirmaron.

Finalmente, precisaron que el tenor de las conversaciones que habría solicitado el Ministerio de Justicia estaba referida a los temas del Consejo Para la Reforma de Justicia y no de causas vistas en el TC.

-¿Cuáles serían las consecuencias?-

Para el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Óscar Urviola, no habría ninguna consecuencia y, por el contrario, se trata de una decisión que “rectifica” una posición que debía haberse adoptado desde el inicio de la creación del mencionado Consejo.

“El tribunal debe mantener absoluta independencia y autonomía porque es el órgano de cierre de la jurisdicción interna y ejerce control constitucional del Estado; incluso sobre particulares”, dijo Urviola.

En esa línea, consideró que cualquier participación en organismos como el Consejo Ejecutivo para la Reforma de Justicia, pueden generar situaciones de incompatibilidad o de adelanto de opinión que no es conveniente para un órgano de control de la constitucionalidad.

Por ello, agregó, también debería apartarse de la Comisión para la conformación de la Junta Nacional de Justicia.

Sin embargo, para el abogado Luciano López, especialista en derecho constitucional, “sí afecta y es negativo” para la reforma de justicia. “El mensaje que se da es negativo porque si existe una ley y es el Tribunal Constitucional el que incumple, me parece un mensaje negativo”, dijo.

Lo oportuno, sostuvo López, es que el TC hubiera remitido directamente un proyecto de Ley al Congreso de la República solicitando delimitar sus funciones y no decidir unilateralmente pues “el mensaje que se transmite es una ilegalidad”.

-¿Qué es lo que ha aprobado hasta el momento?-

Como hemos mencionado líneas arriba, el 8 de mayo el Ejecutivo oficializó la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Desde entonces solo han tenido dos reuniones conjuntas.

Tras ello, la primera reunión se produjo el 27 de mayo, en la que se realizó la instalación del grupo de trabajo y la elección de su presidente, el mandatario Martín Vizcarra.

La segunda reunión se produjo el pasado 26 de junio, donde se aprobó el reglamento de la ley 30942 que crea el consejo y se presentó el primer esbozo de los ejes comunes entre las instituciones que participan.

Aún falta mes y medio para que los 90 días para que venza el plazo que el Consejo tiene para presentar su propuesta de la tan ansiada reforma de justicia.

Óscar Urviola lamentó que desde la promulgación de la conformación del Comité, solo se hayan dado dos reuniones. “No hay propuestas concretas y quizá sea porque a eso se agregó la reforma política que ha generado la dedicación de tiempo de las instituciones”, dijo.

El abogado Luciano López, consideró que lo que demuestra esta situación es que la reforma del sistema de justicia “no está avanzando y no va a avanzar porque el modelo está mal diseñado”.

“No tenían que inventarse la pólvora. Lo que había que hacer era seguir y volver al modelo de la Ceriajus (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) que fue un proyecto inconcluso, pero que hizo un trabajo muy importante”, indicó.

Explicó que, lo que no se puede hacer, es tomar decisiones sin hacer un diagnóstico y la Ceriajus hizo un diagnóstico para poder ejecutar los cambios, pero dichos resultados nadie los continuó.

“Ahora, tratar de solucionarlo con un consejo donde se sienta el presidente y una serie de líderes que solo tienen dos reuniones y ni para atrás, ni para adelante, es porque ese no es el modelo a seguir; y eso es porque está mal diseñado y mal diseñado por el apuro para la foto”, afirmó.