UIF advirtió sobre desbalance patrimonial de los hermanos Ramírez

La fiscal superior Elizabeth Peralta advirtió una serie de inconsistencias y omisiones en la resolución de la fiscal Sara Vidal que archivó la investigación por presunto lavado de activos contra el ex dirigente fujimorista Joaquín Ramírez, sus familiares, colaboradores y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por tal razón, la magistrada ordenó, el viernes pasado, que un nuevo fiscal reabra el caso y emprenda las diligencias que no se efectuaron. Pero también agregó a la investigación información nueva que llegó dos semanas atrás de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Fuentes de El Comercio indicaron que la UIF informó a la fiscal superior que detectó un desbalance patrimonial tanto en los ingresos de Joaquín Ramírez como en los de su hermano Osías, actual congresista fujimorista.

Este reporte fue crucial para que Peralta decida que la investigación a los Ramírez continúe. “[Se recibió información de la UIF sobre] presuntas operaciones y actividades ilícitas relacionadas al presente caso en las que estarían involucrados algunos de los investigados”, dice el considerando trigésimo quinto de la resolución de Peralta.

El Comercio tuvo acceso al escrito de la fiscal superior, de 27 páginas. En él, se reseña también las diligencias claves que no se ejecutaron. Está, por ejemplo, la falta de un peritaje contable a las cuentas de las nueve personas investigadas y diez empresas incluidas en el caso.

La magistrada, a su vez, repara que la fiscal Vidal archivó la investigación sin haber requerido que se levante el secreto bancario y la reserva bursátil y tributaria de Fujimori Higuchi, así como de los colaboradores de Ramírez: Edmond Jordán Montes, Harold Morales Rojas y Marco Aponte Andrade.

La fiscal superior, quien el lunes dijo a este Diario que su decisión era autónoma e independiente, señala que en este caso se estaría frente a una presunta organización criminal, con estructura propia, número mínimo de personas y distribución de roles.

Debido a ello, fijó un plazo máximo de investigación de 36 meses y que esta se adecúe a la Ley contra el Crimen Organizado (N° 30077).
La reapertura se da a consecuencia de un recurso de queja (apelación) presentado el 6 de octubre pasado, por la procuradora de lavado de activos Janet Briones ante lo resuelto por la fiscal Vidal.

“Estamos conformes con la decisión. Este nuevo plazo va a permitir que se efectúe una investigación exhaustiva y se termine con las diligencias que faltaban”, dijo la procuradora a El Comercio.

Edward García Navarro, abogado de Keiko Fujimori, prefirió no opinar sobre la decisión fiscal. No obstante, comentó que adecuar el caso a la norma contra el crimen organizado “es solo una estrategia de la fiscalía para ganar tiempo”.

—Observaciones—
La magistrada Peralta también resaltó otras omisiones de la fiscal Vidal, como no incluir a más empresas relacionadas con Ramírez o de personas vinculadas a él.

“Se nota que hubo una limitada investigación”, escribió Peralta. Luego hace un listado de diligencias que el próximo fiscal tiene que realizar. Por ejemplo, solicitar a la DEA el presunto audio en el que el piloto Jesús Vásquez habría dicho que Ramírez le aseguró que Keiko le entregó US$15 millones en la campaña del 2011 para que los lavara.

Del mismo modo, la fiscal superior cuestiona a Vidal por haber archivado la indagación sin esperar que la DEA le responda si tenía entre sus investigados a alguien relacionado con el ex dirigente fujimorista. Aún no se ha definido qué fiscal asumirá la nueva pesquisa.

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