Rafael Vela
Rafael Vela
Redacción EC


Mávila Huertas

A disimulada pataleta suenan algunas de las declaraciones a este Diario del coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, sobre la decisión del Tribunal Constitucional en el Caso Humala-Heredia.

El periodista Diego Chirinos le pregunta:
—Dijo que si se revocaba la prisión [preventiva], el caso se ponía en riesgo. ¿Se ratifica?

Y Vela le responde:
—Pensábamos que la detención era lo que correspondía. El TC decidió en otro sentido y tenemos que ser capaces de adaptarnos. Naturalmente, si se produce alguna fuga, no será responsabilidad nuestra. Lo mismo en el caso de una eventual obstaculización de la actividad probatoria.

¿Está insinuando el fiscal que si los Humala eluden la acción de la justicia y abandonan el país será culpa del TC? ¿Que la policía no podrá evitar un intento de escape? ¿O admitiendo que a estas alturas el ex presidente y su esposa todavía tienen margen de maniobra para desbaratarle la acusación que presentará en un máximo de 30 días? Extraño, ¿no?, cuando en la misma entrevista asegura que para el Ministerio Público está claro que OH es Ollanta Humala y que tiene la certeza de que los tres millones de dólares que dice Marcelo Odebrecht haber entregado para el financiamiento de la campaña nacionalista a pedido de Lula son de origen ilícito porque salieron del Departamento de Operaciones Estructuradas. Enhorabuena.

Pero parece que a Vela no le ha quedado claro que el tribunal no se ha pronunciado sobre los delitos que se les atribuyen a los investigados ni los indicios que son de conocimiento público y efectivamente comprometen seriamente a la pareja. Únicamente lo ha hecho contra una medida cautelar. Tampoco comprende que la fiscalía es libre pero sobre todo responsable de exigir todas las garantías que requiera para que la investigación llegue a buen puerto, en base a la contundencia de las pruebas con que cuenta. Solo tiene que sustentarlas adecuadamente y actuar con eficiencia y rapidez, en coordinación con el Poder Judicial. Informando a la población sobre sus progresos sin quebrantar la reserva. Es indispensable que el país recupere la confianza en la lucha contra la corrupción.

El escándalo Odebrecht ha puesto a prueba nuestro sistema de justicia, con un marco legal laxo que deja abierta la posibilidad de financiar campañas electorales con dinero de la minería ilegal, el narcotráfico o el lavado de activos. A propósito, ¿qué espera el Congreso? También nos faltan recursos, los presupuestos para enfrentar a los corruptos son paupérrimos.

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez, confesó que el Perú necesita unos dos mil jueces más para atender la carga procesal con resultados satisfactorios.

¿Cuántos fiscales nos faltan, doctor Vela? ¿Cuánto dinero? No estamos en su contra quienes le pedimos excelencia en su trabajo. Somos absolutamente conscientes de que a lo largo de la historia del Perú muchos de los que nos han gobernado han traicionado al país para satisfacer su hambre de poder y ver crecer los ceros de sus cuentas bancarias. Si necesita ayuda, pídala, pero no se lave las manos. Recuerde que el que se pica, pierde.

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