Otra vez, los muertos, la columna de Cecilia Valenzuela

Los familiares de las personas que murieron injustamente en los alrededores de la base de Madre Mía, en el Alto Huallaga, en 1992, deben estar pensado que quizá un día la justicia llegará a sus vidas.

Ayer, finalmente, la Cuarta Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos reabrió la investigación del Caso Madre Mía contra quienes resulten responsables. Los testimonios escuchados en los últimos meses a través de los medios de comunicación indican con precisión quién resultará responsable. Esperemos que las autoridades civiles estén a la altura de sus responsabilidades, porque en otras áreas no ocurre así.

El 31 de mayo, los policías Gino Apaza y John Bernales realizaban un patrullaje de rutina en la zona de Pasahuayco, en Huanta, Ayacucho, cuando fueron emboscados y acribillados por narcosenderistas que operan en el Vraem. Eran las 11:30 de la mañana cuando la columna del ‘camarada Antonio’ se encontró con ellos, los mató.

Al día siguiente, en Lima, el primer ministro Fernando Zavala dijo que “no se descansaría hasta encontrar a los asesinos”. Alguien debería informarle a Zavala que el cabecilla de esos asesinos ya había sido mortalmente herido y eliminado el 2 de setiembre del 2015 por la Brigada Especial de Inteligencia que manejó los dineros que se gastaron durante el gobierno de Humala en el Vraem, bajo la coordinación del viceministro de Políticas para la Defensa de entonces, Iván Vega.

Alguien debería decirle a Zavala que entre las farsas que se montaron en el Vraem en el gobierno anterior, y para las cuales se destinaron altos presupuestos clasificados como “secretos”, estuvo la falsa desaparición del sanguinario ‘camarada Antonio’, conocido también como ‘Pukañahui’, el mismo que encabezó el asesinato de los dos policías emboscados en Huanta el 31 de mayo último.

El primer ministro debería saber que cuando su despacho y sus asesores legales le niegan a la fiscalía anticorrupción el acceso a la información militar solicitada para resolver el caso de los pagos a los colaboradores fantasmas en el Vraem, solo está amparando farsas, montajes y crímenes.

La operación Guardián del Valle 2015, de la que derivó el cuento publicado en los medios adictos al gobierno el 6 de setiembre de ese año, sobre la posible muerte de ‘Antonio’, está clasificada en los archivos militares como “secreta”. Esa ‘operación’ costó la vida de cuatro soldados y es evidente que fue un fiasco. ¿Cuánto dinero desapareció en la justificación de sus gastos?

La PCM sostiene que no tiene competencia para conocer información clasificada como “secreto de Estado”, por lo que no puede intervenir si militares y policías se niegan a entregar la información que la fiscalía solicita para resolver los casos del dinero robado en el Vraem y del ‘escuadrón de la muerte’, un caso en el que no hemos profundizado en este artículo, pero que también está vinculado a la Brigada Especial de Inteligencia, que fue donde empezaron y terminaron las farsas criminales montadas en el gobierno del ‘Capitán Carlos’.

Ayer, en un sesudo y cuestionador artículo, Ricardo Uceda sostuvo que “la PCM abdica de sus funciones al evadir control sobre lo que lleva el sello de secreto en instituciones militares y policiales. Sobre todo si el mecanismo termina encubriendo graves delitos”.

El Gobierno ha cometido el tremendo error de mantener en sus cargos a los jefes militares y policiales nombrados por Humala. La Brigada Especial de Inteligencia, que hace dos años, supuestamente, eliminó al mando militar del narcoterrorismo en el Vraem que acaba de asesinar a dos policías que hacían patrullaje, estaba integrada por generales del Ejército en actividad y por el actual director de la policía, Vicente Romero.

¿Qué interés podrían tener estos poderosos oficiales en que se conozca realmente la verdad?

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