Vicente Zeballos consideró que al gobierno “le corresponde ser cauto” sobre el proyecto Tía María. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Vicente Zeballos consideró que al gobierno “le corresponde ser cauto” sobre el proyecto Tía María. (Foto: Hugo Pérez / GEC)
Sebastian Ortiz Martínez

Horas después de haber anunciado que el gobierno emitirá al menos 10 decretos de urgencia en los próximos días, el presidente del Consejo de Ministros, , dijo que no se excederán en el uso de este mecanismo durante tiempo en el que el .

— El Ejecutivo anunció que dará 10 decretos de urgencia en los próximos días. ¿Cuál es la necesidad de emitirlos si ya se ha convocado a la elección de un nuevo Congreso? ¿Por qué no esperar a que la ciudadanía elija al órgano que debe legislar?

Nosotros, en un ejercicio de compromiso democrático y constitucional, hemos considerado que, a pesar de la no presencia de un Congreso, era necesario explicarle al país cuáles son las consideraciones en las que se sostiene nuestra política general de gobierno. Esta propuesta está enmarcada dentro de normas jurídicas y el Ejecutivo está habilitado para aprobar decretos de urgencia. Ahora, no son decretos de urgencia que se hacen con absoluta libertad, están sujetos a un control posterior. Es más, los que se han emitido han sido puestos a consideración de la Comisión Permanente y esta elevará un informe de cada uno de ellos al nuevo Congreso. Y el presidente del Consejo de Ministros tiene que ir al nuevo Congreso a explicar los alcances de estos decretos de urgencia. No significa que en este intervalo de tiempo [sin Parlamento] acudamos a un desorden en la aprobación de los decretos.

— Usted ha anunciado que en los próximos días se emitirán al menos 10 decretos de urgencia. ¿Este será el número promedio mensual?

No, en principio nos hemos visto en la necesidad urgente de atender el marco regulatorio para las nuevas elecciones y en el tema de la ley del libro, que estaba a punto de caducar; son circunstancias de factor temporal que de alguna u otra forma exigían que se emitan estos decretos de urgencia. Y obviamente tenemos que darle efectividad a la gestión pública impulsada por el Ejecutivo y esto requiere de un marco normativo, que se plasma en la aprobación de estos decretos de urgencia. ¿Cuál será la cantidad? En principio, no será una cantidad que signifique algún tipo de exceso, va a ser lo ponderado y lo necesario. Y ahí hay un tema bastante delicado, como la ley de presupuesto. No habiendo un Parlamento, en este caso deberá ser aprobado también por decreto.

— ¿El Ejecutivo ha contemplado concretar la reforma política (solo las leyes orgánicas) por medio de decretos de urgencia?

Mire, ya estamos inmersos en un proceso electoral, el 26 de enero son las elecciones congresales extraordinarias, más aún el propio Jurado Nacional de Elecciones ha expresado, en sus primera resoluciones, la no aplicación de algunas normas apelando a una ley preestablecida que considera que un año antes de las elecciones no puede modificarse el marco regulatorio. No obstante ello, entendemos que hay algunos vacíos normativos que pudieran ser de una u otra manera habilitados para futuras elecciones, obviamente esperaremos a que se instale el nuevo Congreso para alcanzarle las nuevas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

“Al Ejecutivo le corresponde ser cauto” sobre el proyecto Tía María

— El Consejo de Minería se pronunció a favor del proyecto Tía María, pero luego el Ejecutivo anuncia que la OEFA evaluará si las condiciones del EIA, que ya ha sido aprobado, aún se mantienen. ¿No hay una contradicción? ¿No hay una figura de Estado contra Estado?

A ver, el Consejo de Minería es un ente autónomo, ha tomado una decisión a través de recursos impugnativos planteados por las municipalidades y el gobierno regional [de Arequipa]. Nosotros hemos manifestado como gobierno de manera reiterada que no impulsaremos el proyecto Tía María en tanto no se zanjen las observaciones de índole social y ambiental. Hemos apelado a un recurso [control de OEFA] que ya se hizo respecto al proyecto minero Las Bambas [en Apurímac]. El estudio de impacto ambiental respecto a Tía María fue aprobado en agosto del 2014, han transcurrido cinco años y un organismo como la OEFA está perfectamente habilitado, en sus potestades de fiscalización y control, de poder acudir a una revisión de estos estudios.

— Si la OEFA determina que el EIA de Tía María ya no es vigente, ¿esto significa que el proyecto minero no va?

No, yo no puedo adelantar un escenario que no se ha dado. Simplemente cada entidad, en este caso la OEFA, tal cual en su momento ha sido el actuar del Consejo de Minería primero tiene que actuar y apegado al marco normativo, resuelva y a efecto de ello tomaremos la determinación que corresponda.

— ¿El informe de la OEFA será vinculante?

La OEFA válida el estudio de impacto ambiental y, obviamente, para que prospere un proyecto tiene que ser validado, en este caso tiene un valor.

— ¿El gobierno, al enviar a una comisión de la OEFA a verificar el EIA, no está prolongando la decisión sobre Tía María?

Estamos observando que no se superan todavía estos contrastes de índole social y ambiental y está generando cierta zozobra en el entorno de la actividad minera de Tía María. A efecto de ello, le corresponde al Ejecutivo ser cauto, simplemente está apelando a mecanismos legales que son propios de un Estado de derecho.

— ¿Están ganando tiempo?

No, simplemente se está recurriendo a instrumentos normativos preestablecidos.

— ¿Cuáles serán las medidas que el gobierno tomará ante un eventual desborde de las protestas en el sur? ¿Declararán el estado de emergencia en Islay y en otras provincias?

Nosotros primero agotamos todo el espacio que nos permite la democracia a través del diálogo, estamos en ese escenario, el diálogo está abierto. Recién nos hemos informado por los medios de comunicación sobre la resolución que ha emitido el Consejo de Minería, hay algunas reacciones de parte de los agricultores del valle del Tambo que no podemos pasarlas por alto. Estamos evaluando, estamos en evaluación permanente. De acuerdo al escenario que se presente tomaremos las determinaciones más pertinentes.

— El gobierno anunció que promoverá un decreto de urgencia “que institucionalice un proceso periódico y regular de evaluación y determinación la remuneración mínima vital (RMV) con “la validación del Consejo Nacional de Trabajo”. ¿Existe conciliación entre los gremios que forman parte del CNT para concretar esta iniciativa?

El Consejo Nacional de Trabajo es en principio un espacio de concertación y todas las decisiones se toman de mutuo acuerdo. Hay un espacio de representación para los gremios empresariales, los sindicatos y el Estado. Entonces, en ese escenario es que se discutirá y se evaluará el incremento de la remuneración mínima vital. No pasemos por alto que el último incremento, que alcanza los S/930, fue aprobado hace casi dos años. La perspectiva es que cada dos años se acuda a una actualización o incremento. En paralelo estamos promoviendo un mecanismo técnico y objetivo por el cual [un futuro aumento] de la remuneración mínima vital esté liberado de todo acto discrecional o de manejo político de alguna autoridad, sino que este mecanismo institucionalizado determine el incremento o no.

— ¿Y cuál será esta fórmula?

Esta fórmula todavía no la hemos aprobado, está en proceso, en su momento debe llegar al Consejo de Ministros, pero ya la iniciativa se viene discutiendo al interior del Ministerio de Trabajo.

— ¿La actual coyuntura, en la que las proyecciones de crecimiento del gobierno para este año no se cumplirán, es la mejor para evaluar un aumento de la remuneración mínima vital?

Nuestra economía es muy sólida y, es más, las principales calificadoras de riesgo la han identificado como positiva y estable. Más aún, en Latinoamérica quizá el país de mayor estabilidad en cuanto a crecimiento es el Perú, teníamos una expectativa de crecimiento de 4% del PBI para este año. Sin embargo, esto será de 2,7%, pero que supera largamente el crecimiento de otros países, que será de 0,6%. Y un incremento [de la remuneración mínima vital] también significa dinamizar la economía del país, son ingresos que se dan en el bolsillo de los trabajadores y estos a su vez lo circulan en distintas actividades o gastos que se tienen. Por otro lado, también es el reconocimiento implícito a quienes quieren mejorar su calidad de vida, tener mejores atenciones, mejores servicios, creo que también hay que darle esa dimensión.

— ¿Cuáles serán los ajustes que harán a la ley de presupuesto, a fin de implementar el decreto de urgencia de Aseguramiento Universal en Salud (AUS)?

Cuando hemos hecho esta propuesta la hemos hecho en fase constructiva, no es que se va a cerrar al 2020. Son cuatro millones que no gozan de seguro y el seguro universal pretende que todos los peruanos contemos con un seguro, con una prestación de salud, que digamos es un derecho fundamental, un derecho humano, que todos cuenten con una cobertura mínima. Obviamente, estamos hablando de gradualidad.

— ¿Y se harán cambios a la ley de presupuesto?

Hay dos posibilidades: la primera es que se ratifique el proyecto original presentado el 30 de agosto, o lo segundo es que se acuda a una revisión de sus contenidos y eso significaría también escuchar a todos los sectores, a todos los pliegos para que expresen cuál es su posición sobre esta propuesta presupuestal.

— Amalia Moreno Vizcardo es la cuarta titular de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios en tres años. ¿Este cambio en las cabezas no provoca mayor retraso en la ejecución de las obras en el norte?

No, mire, la reconstrucción del norte tiene avances importantes, son cerca de S/10.600 millones que ya se han dispuesto y que han beneficiado a 13 regiones. La expectativa es que para el 2020 se esté gastando el 75%. En el caso de esta persona que está asumiendo la conducción de la Autoridad de la Reconstrucción, goza de la experiencia apropiada para conducir esta oficina y viene de los [Juegos] Panamericanos Lima 2019. Nadie puede poner en tela de duda lo que ha significado el manejo administrativo y profesional bajo el cual se han conducido los juegos, justamente esa grata experiencia queremos trasladarla a lo que significa la reconstrucción. Por eso se hace importante darle un nuevo impulso y así lo hemos enfatizado, y no solo pasa por revisar los programas o procesos, sino por darle un giro en los responsables.

— ¿La reconstrucción va a estar concluida al finalizar el gobierno del presidente Vizcarra?

Sí, para el 2021 está programada.

El presidente Vizcarra y el primer ministro Zeballos se pronunciaron ayer ante diversas autoridades civiles y representantes políticos en Palacio de Gobierno al cumplirse un mes desde la disolución del Congreso. (Foto: GEC)
El presidente Vizcarra y el primer ministro Zeballos se pronunciaron ayer ante diversas autoridades civiles y representantes políticos en Palacio de Gobierno al cumplirse un mes desde la disolución del Congreso. (Foto: GEC)

Demanda competencial ante el TC

— Si bien el Ejecutivo cuenta con 30 días para responder a la demanda interpuesta por Pedro Olaechea contra la disolución del Congreso, una vez que sea notificado por el Tribunal Constitucional, ¿cree que debe hacerlo en menos tiempo, a fin de contar con un fallo en el corto plazo?

De principio, aún no hemos sido notificados. Escasamente nos hemos informado por el mensaje del presidente del Tribunal Constitucional [Ernesto Blume]. De los contenidos, de la parte argumentativa de esta resolución que admite la demanda competencial, no tenemos mayor información. Es más, el propio presidente del tribunal ha manifestado públicamente que recién notificará al Ejecutivo el lunes 4 de noviembre. A efectos de ello, obviamente, las áreas técnicas legales, particularmente la procuraduría en temas constitucionales, lo revisará. La norma es clara, para este tipo de procedimientos se establece que una vez que se ha notificado al demandado, este tiene 30 días hábiles para poder contestar.

— ¿No hay una predisposición del Ejecutivo para responder en menos tiempo?

Enhorabuena. La pregunta también me motiva a respuestas mayores. Ratificamos nuestro respeto a la independencia de los fueros constitucionales, en este caso del TC. Lo segundo, habiendo admitido esta demanda, esto de ninguna manera puede poner en tela de juicio lo que ha significado la disposición del Poder Ejecutivo de disolver el Congreso. Ratificamos que esta decisión ha sido tomada apegada a [la] norma constitucional. Habiendo admitido la demanda el TC, obviamente vamos a salir a defender esta disposición que se ha tomado en el Poder Ejecutivo. A través de la procuraduría evaluaremos si se contrata a un abogado para que especialmente se aboque a esta materia. Ahora, en cuanto a la oportunidad, lo ha dicho el ponente, el doctor [Carlos] Ramos Núñez, se da una invocación al Poder Ejecutivo que en cuanto antes pudiera contestar. Mire, la parte procesal la manejan los abogados. La parte política, obviamente, cuanto antes se pueda zanjar este delicado [tema], mejor, por la tranquilidad del país y nuestra salud democrática.

— ¿El gobierno respetará la decisión que adopte el TC así esta le sea desfavorable?

Siempre hemos respetado la autonomía y la independencia de las instituciones, y particularmente aquellas que asumen función jurisdiccional. En este caso, el TC no puede estar al margen.

— ¿La denuncia de parte de la procuraduría de la PCM contra Pedro Olaechea no significa continuar con la confrontación?

Hay congresistas que han planteado diversas acciones de amparo contra el Poder Ejecutivo, una del señor [Ángel] Neyra, otra planteada por la señora Marisol Espinoza, otra planteada por el señor Salvador Heresi [...]. Son reglas o formas que permite esta democracia, y hay que tomarlo con mucha madurez.

— ¿Cuáles son las expectativas que el gobierno tiene del Congreso que se formará en el 2020? ¿Puede ser mejor que el que fue disuelto?

A ver. Tal como se está dando el contexto histórico político en nuestra país y estos últimos años, que han sido muy sui generis políticamente hablando, consideramos que va a ser un renovado Congreso con una fuerte presencia de renovación generacional y con unas perspectivas diferentes en una visión país. Consideramos que se va a tener una visión mucho más constructiva, una visión de avanzada y, sobre todo, que haya una mejor flexibilidad en el entendimiento que tienen que tener todos los poderes del Estado.

— Cinco de los seis partidos que tuvieron representación en el Congreso disuelto estarían en el próximo Parlamento, según La última encuesta de Ipsos Perú. ¿Se han puesto en el escenario en el cual la oposición tenga nuevamente la mayoría?

En principio, no hay nuevos partidos porque no se están aplicando las reglas de la reforma electoral reciente. Es decir, los que estaban ayer habilitados también están siendo habilitados hoy, entonces son los que tienen mayor notoriedad. Obviamente, cuando se hace una consulta a los ciudadanos identificas a los que ya están presentes, que son los partidos habituales. Ahora, de ahí al riesgo que significaría que se ratifique alguna presencia de alguna de las fuerzas políticas que tiene representación actualmente en [la Comisión Permanente] del Parlamento, yo no lo veo como un factor de riesgo. Creo que ya había unas declaraciones de los propios integrantes de distintas bancadas que han manifestado una rectificación de que se ha generado demasiado contraste, de que ha habido una predisposición a neutralizar y eso debería ser leído de manera positiva, de que hay una actitud de rectificación, que hay un ánimo constructivo. Y esperamos que en este nuevo Congreso haya no solamente una nueva composición, que la damos por descontada que se va a dar, sino que haya una predisposición democrática de un buen entendimiento pensando en el país.

— ¿El nuevo Congreso debe transferir a la Corte Suprema la prerrogativa deL levantamiento de la inmunidad parlamentaria? ¿O cree que esta debe ser eliminada?

Hay tres alternativas, ¿no? Porque hemos visto que de manera reiterada el Poder Ejecutivo impulsó reformas constitucionales. Una de ellas fue inmediatamente derivada al archivo, que se mantenga el estatus quo como tal. Y, lo segundo, la iniciativa del Poder Ejecutivo no [plantea que la inmunidad] desaparezca, es que pase a ser potestad de un poder diferente, en este caso el Poder Judicial o el TC, y hay otras propuestas que están hablando de que la inmunidad desaparezca. La nuestra, la iniciativa que de manera reiterada ha sido impulsada a través de propuestas normativas ante el Legislativo, es que esta se mantenga pero que sea corregida. En ello nos mantenemos. Que se mantenga la inmunidad, pero que sea competencia no del propio Parlamento, sino de instancias ajenas a él.

— ¿Van a insistir con el proyecto una vez instalado el nuevo Congreso?

Sí, esperamos tener la oportunidad de, más aún, ya hay unas corrientes de candidatos que lo están proponiendo así. Entendemos que, en este año constructivo y de marcadas distancias con el pasado inmediato, se va a corregir.

— Jorge Meléndez renunció al Midis. Incluso dijo que él fue quien le pidió una reunión al presidente Vizcarra. ¿No hubo una reacción tardía sobre esta situación?

Reacción hubo, pero los asuntos internos quedan en los fueros internos.

— Edmer Trujillo cerró su gestión anterior en el MTC con una tragedia: los 17 muertos en Fiori. ¿Usted fue quien propuso su retorno?

Él trabajó aquí en PCM; es más, estaba en la oficina de cumplimiento haciendo seguimiento a diversos proyectos estratégicos para el gobierno. Obviamente tienen experiencia y conocimiento. Estuvo a cargo del MTC, se hacía necesario darle un mayor ritmo a las inversiones. El MTC maneja un componente presupuestal importante en cuanto a inversiones y, obviamente, viendo un panorama objetivo, se consideró pertinente incorporarlo al Consejo de Ministros en esta cartera.

— ¿Pero fue iniciativa suya o del presidente Vizcarra?

La norma constitucional establece con mucha claridad que propone el presidente del Consejo de Ministros y lo acuerda con el presidente de la República. Esta decisión se dio en el marco de la Constitución.

— Si el presidente Vizcarra tuviera al frente a un Congreso como el que disolvió, si usted tuviera que ir a pedir el voto de confianza, ¿Trujillo hubiera regresado al MTC a tan solo siete meses de su salida en medio de una crisis del sector?

Esta pregunta, bastante provocadora, pareciera ser que hemos jugado un poco con la condición de que ya no hay Congreso. No, igual estamos advertidos de que si hay un cambio de Gabinete, la norma constitucional nos obliga a ir al Congreso, eso no hubiera variado, para nada, lo que hubiera ocasionado es que si en el Congreso estaban en desacuerdo con uno u otros ministros que son parte de este Consejo de Ministros, [y] les niega la confianza, y eso tenía otra consecuencia.

— ¿Por qué el Gobierno Peruano no ha emitido un pronunciamiento sobre la crisis en Bolivia? ¿Evo Morales ha ganado las elecciones?

Nosotros somos parte de la OEA, y la OEA ya se ha pronunciado y ha manifestado que va a acudir a la revisión del escrutinio electoral que se ha dado en Bolivia, estamos a la espera de ello. Así como nos hemos allanado al comunicado que dio la OEA en su momento respecto a la disolución del Congreso peruano, igual somos parte de la OEA y obviamente coincidimos con esta determinación.

— Pero en el caso de Venezuela, el gobierno ha sido más enérgico, ¿no?

En el caso de Venezuela no es un tema que se reduce a una elección, sino que es una actitud sistemática y que se ha manifestado en distintos frentes. No solo el Perú, sino la comunidad internacional se ha manifestado. Aquí la objeción puntual es que por parte del presidente Evo Morales no ha habido un comportamiento democrático respecto a las recientes justas electorales.